El fallo determina un plazo, sobre todo para que la SEDENA, FGR, el gobierno estatal de Oaxaca y municipal cumplan con algunas medidas de satisfacción y restitución. Están obligadas a evitar el desacato, pero los hechos recientes que experimentan familiares víctimas de este crimen cometidos por el Ejército durante la política contrainsurgente recrudecida en los años 60, 70 y 80’ s, evidencia indolencia y deslinde como autor material de desaparición forzada.
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