Intento de ejecución extrajudicial en México. FNLS Víctima del terrorismo de Estado

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Libro: Intento de ejecución extrajudicial en México. FNLS Víctima del terrorismo de Estado

El libro Intento de ejecución extrajudicial en México. FNLS Víctima del terrorismo de Estado, es una obra dirigida a las organizaciones populares, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y pueblo en general, en él analizamos el fenómeno de la ejecución extrajudicial como expresión del terrorismo de Estado.

Narra el testimonio del intento de ejecución extrajudicial de 5 de nuestros compañeros en la ciudad de México, crimen que aunque no se concretó no deja de ser parte del terrorismo de Estado. De una particularidad nos explica el fenómeno de la ejecución extrajudicial en su generalidad, al exponer el intento de ejecución extrajudicial contra cinco integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), ocurrida el 7 de noviembre del año 2015 en la Ciudad de México, en su generalidad refleja que es una afrenta contra todo el movimiento popular, porque la violencia de Estado afecta a todo el pueblo organizado y no organizado.

Conforme se le da lectura al libro, explica que el intento de ejecución extrajudicial de nuestros compañeros, es un crimen de Estado y de lesa humanidad, que se cometió con la intención de cercenar sus vidas, por el hecho de ser parte activa en la denuncia política del terrorismo de Estado como política de gobierno, y por brindar la solidaridad a los familiares que tienen a sus seres queridos en la condición de desaparición forzada.

Vidas de jóvenes que se desenvuelven en la actividad política de luchar por el socialismo en México y por la solución de las demandas inmediatas del pueblo, que el régimen neoliberal niega sistemáticamente. El hecho de que el autor material no haya concretado su objetivo, no diluye la esencia del crimen, porque éste se ejecuta en un contexto de ahogar a sangre y fuego la protesta popular y la denuncia política de que en México existen crímenes de lesa humanidad como parte del terrorismo de Estado.

El terrorismo de Estado como política de gobierno busca paralizar la acción política de denuncia que desenmascara el carácter represivo y profascista del gobierno mexicano:

Primero, porque el crimen se comete contra activistas políticos que impulsan la lucha por el socialismo en México; abrazan la demanda de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales en México, en particular por exigir la de los dos luchadores sociales, reconocidos por su compañeros como revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez Y Edmundo Reyes Amaya.

Caso ampliamente documentado y se comprueba que su desaparición forzada la cometen los cuerpos policíacos y fueron entregados al ejército federal, llevados y vistos por última vez en el Campo Militar No 1. Ante este crimen aborrecible familiares, organizaciones populares, organismos defensores de los derechos humanos, abogados y destacadas personalidades realizaron movilizaciones y acciones políticas de masas para exigir al gobierno mexicano su presentación con vida.

Con esta acción se desenmascara al Estado mexicano de ser el ejecutor de las desapariciones forzadas en el país, no sólo de los dos luchadores sociales mencionados, sino en todos los casos de desaparición forzada que se cometen contra activistas políticos, luchadores sociales, revolucionarios, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Segundo, porque es la respuesta del gobierno mexicano ante la exigencia de presentación con vida de los dos revolucionarios, para intentar aislar a los familiares de la solidaridad y fraternidad de las organizaciones que sin condición alguna la brindan y así ahondar la enorme lista del terror que cada vez cobra cientos de víctimas.

Respuesta que el Estado mexicano da a todos los familiares de las víctimas que exigen la presentación con vida de sus seres queridos, en nuestro caso se intentó detener esta lucha e impedir que se exija el cumplimiento de la resolución judicial 29/2014, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, donde se ordena la apertura de cuarteles militares para la búsqueda de los dos luchadores sociales y cita a comparecer a altos mandos militares de la SEDENA, Marina, CISEN, entre otros.

Tercero, porque nos detalla de manera puntual qué hacer en caso de un crimen de Estado de esta magnitud, en lugar de resguardar a las víctimas y hacer un repliegue, se desarrolla toda una campaña de denuncia y difusión en varias entidades de la República para denunciar y evidenciar la responsabilidad del gobierno mexicano.
Campaña política que comprende mítines, volanteo carretero, conferencias de prensa, saloneos en universidades; es una forma metodológica y concreta de cómo hacer la denuncia política y acciones políticas de masas.

Por medio de la privación arbitraria de la vida se pretende mellar el filo de la combatividad de las organizaciones populares. Asesinar a un militante o intentar asesinar tiene la intención de “castigarle” por sus convicciones políticas y a la colectividad que pertenece es empujar a que se desmovilice. Desde esta lógica se ve como “enemigo potencial” al pueblo que está organizado y lucha fuera de los marcos corporativizantes.

La ejecución extrajudicial al igual que la desaparición forzada representa un fenómeno exponencial, que en el sexenio de Felipe Calderón se abrieron las puertas para la ejecución de la política de terrorismo de Estado. Al cierre de su gobierno se documenta que fueron más de 150 mil víctimas de este deleznable crimen. Con Enrique Peña Nieto la implementación de esta política represiva va en aumento, cuya cifra podría rebasar las 250 mil víctimas de acuerdo con fuentes periodísticas.

La ejecución extrajudicial es la expresión del terrorismo de Estado, porque con este crimen no sólo se persigue la eliminación física del activista político, luchador social, periodistas, defensor de los derechos humanos o pueblo en general; la esencia del crimen es dejar una herida abierta que intenta quebrantar la dignidad y disposición de lucha.

Es política de Estado, se comete de manera sistemática y generalizada contra el pueblo organizado y no organizado; sistemática, porque al paso del tiempo esta práctica fascista permanece incólume, cada sexenio que pasa adopta métodos más agresivos para garantizar la impunidad a los autores materiales e intelectuales. Su ejecución sigue una línea ascendente, de ahí su carácter transexenal.

Es generalizada porque las víctimas de la ejecución extrajudicial se cuentan en miles, fundamentalmente contra aquellos que han adoptado una forma independiente de lucha para manifestar su inconformidad.

Es crimen de Estado porque se ejecuta desde los cuerpos policíaco-militares y paramilitares que conforman el aparato represivo del Estado mexicano.
Independientemente de la corporación policíaca, en quien recaiga la responsabilidad de cometer el crimen, las instrucciones provienen de los altos mandos.
Desde el Estado mexicano y sus personeros sólo se destila odio de clase, odio de quienes detentan el poder y ven en la masa de explotados y oprimidos a su enemigo, sólo de esta manera se puede explicar la saña y violencia que se ejerce contra el pueblo. El sadismo sólo lo manifiesta el daño que se pretende infligir a la víctima, el esfuerzo organizativo al que se pretende desarticular.

El gobierno mexicano quiere acallar nuestra voz de denuncia que en México existen crímenes de Estado y de lesa humanidad, intenta evitar que a través de ella se conozca los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, intentos de ejecución extrajudicial y desapariciones forzadas cometidas contra integrantes de nuestra organización.

La vida es el derecho más importante, privar de la vida arbitrariamente a un individuo es quitar de manera dolosa su existencia y expresa una afición fascista porque se comete desde el Estado con premeditación, alevosía y ventaja; se vuelve aún más perverso y repugnante cuando se planifica contra luchadores sociales, porque impide el derecho a resistir, a organizarse y a protestar.

Los responsables de cometer las ejecuciones extrajudiciales han quedado a la vista de todo el pueblo, son las distintas policías federal, estatal y municipal, efectivos militares y marina quienes se encargan de materializar las órdenes de sus superiores. No es la multicitada delincuencia organizada la que ensaña contra el pueblo, ésta es sólo la careta con la que se presentan los grupos paramilitares con el fin de garantizar la impunidad a los perpetradores.

Un aspecto a destacar es que toda lucha debe coordinarse con los esfuerzos jurídicos, políticos y de derechos humanos, todos se complementan para denunciar y desenmascarar la política represiva del gobierno mexicano. En este caso concreto reconocemos la labor importante de organismos defensores de los derechos humanos en la documentación, a través de las acciones urgentes que emitieron; la parte jurídica en la denuncia penal y la solidaridad de las organizaciones populares hermanas para realizar acciones políticas de masas y la denuncia política. Las cartas de solidaridad moralizan a las víctimas y a las organizaciones para la exigencia de justicia.

A dos años del intento de ejecución extrajudicial contra nuestros compañeros el crimen sigue impune. La indolencia y la impunidad de las autoridades e instituciones es tal que las investigaciones del caso no avanzan, en lugar de investigar obligar a las víctimas a que hagan el papel de los ministerios públicos para desgastar y dilatar el proceso. En los hechos refleja una política de Estado para no dar con los responsables y garantizarles la total impunidad e inmunidad.

Recomendamos ampliamente su lectura, porque en él se encontrará nuestra concepción del fenómeno sociopolítico que atraviesa nuestro país, una forma metodológica de organizar la denuncia política y una propuesta programática para luchar organizadamente contra el terrorismo de Estado.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

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