Estudiantes michoacanos acusan de represor al gobierno de Fausto Vallejo

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En entrevista para apro, dirigentes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) señalaron como responsables directos de la violación de sus derechos humanos a Fausto Figueroa, Jesús Reyna y Salvador Jara.

MÉXICO, D.F. (apro).- Moradores de casas estudiantiles de la Universidad Michoacana (UM) responsabilizaron al gobernador Fausto Vallejo, al secretario de Gobierno, Jesús Reyna, y al rector Salvador Jara de la represión orquestada en su contra el pasado 28 de abril.

“El operativo de desalojo donde participaron el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial, fue dirigido personalmente por Jesús Reyna García, secretario de Gobierno”, señalaron en esta capital.

Según los estudiantes, ese día Reyna dijo: “No me hago responsable de lo que les pase”. Tras ello –agregaron–, fueron agredidos con balas de goma, gas pimienta, toletes y macanas.

Afirmaron que el operativo donde fueron detenidos más de 200 estudiantes fue un plan premeditado, bien planeado y ejecutado, pues quienes quemaron los vehículos oficiales, ese mismo día, no era gente de las casas del estudiante. La prueba, dijeron, es que los agresores traían los rostros cubiertos.

“La aplicación de la ley de la que hablan el fascista Fausto y Jesús Reyna no es otra cosa que la imposición de un estado policiaco-militar para infundir el miedo y el terror en la población, a fin de detener el descontento social y popular. El crimen de Estado se configura porque cientos de jóvenes fueron torturados en casas de seguridad, antes de ser llevados a barandilla, e incluso algunos no aparecen y están en calidad de detenidos o desaparecidos”, apuntaron.

En entrevista para apro, dirigentes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) señalaron como responsables directos de la violación de sus derechos humanos a Fausto Figueroa, Jesús Reyna y Salvador Jara.

El desalojo “constituye un crimen de Estado, porque la demanda de los estudiantes es legítima, pues no es posible que con 30 pesos asignados por alumno para las tres comidas, subsistamos decorosamente. La educación es un derecho universal, no exclusivo de una región o sector”, señalaron.

Añadieron:

“Los 13 jóvenes que se encuentran injustamente detenidos en el Cereso Mil Cumbres son presos políticos, producto de la detención arbitraria, tortura física y psicológica del gobierno fascista, golpeador y represor de Fausto vallejo, pues el único diálogo que entiende es el de los toletes, el garrote y las macanas, y hace oídos sordos a los reclamos justos de la sociedad”.

Y, por si fuera poco, manifestaron que el descontento social y popular es responsabilidad del Estado mexicano, porque “es el garante de satisfacer los derechos inherentes, inalienables e imprescriptibles de los mexicanos, y cuando éste se niega a satisfacerlos, es el responsable directo de los hechos que se generen”.

Además, subrayaron que el ingreso de los cuerpos policiacos del estado a las casas del estudiante constituye una “violación a la autonomía universitaria”.

De acuerdo con Carlos Damián Martínez Ramírez –uno de los estudiantes agredidos–, desde que inició su gestión como rector de la UM, Jara se ha planteado como objetivo el cierre de las casas del estudiante, que se fundaron mediante la lucha del pueblo.

“Desde los años 60 han existido estos espacios estudiantiles, para que los jóvenes de diferentes partes del país y del estado puedan continuar con sus estudios universitarios”, dijo Martínez Ramírez.

Los miembros del FNLS aseguraron que con la violencia de Estado se pretende generar las condiciones para reprimir de manera selectiva a los luchadores sociales y a todo opositor a su política antipopular.

Por ello, agregaron, ahora no sólo participa en las protestas el movimiento estudiantil, sino también organizaciones como la Coordinadora de Lucha Universitaria (CUL) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como el pueblo autónomo de Cherán.

El pasado sábado 28, elementos policiacos realizaron un operativo sorpresa y desalojaron a más de 200 jóvenes de las casas del estudiante, quienes se habían apoderado de siete vehículos oficiales, tres de los cuales fueron incendiados.

Los jóvenes aprehendidos fueron trasladados a un centro de detención para que respondieran por los hechos.

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