Tinta Socialista No 158. Las desapariciones forzadas no son sólo cifras o números que pueden aumentar o disminuir

Ciudad de México a 31 de agosto de 2023

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Las desapariciones forzadas en México son un fenómeno inocultable e inconmensurable porque su existencia es real, es inevitable ocultarlo con cifras o discursos institucionales que artificiosamente pretenden disminuir el problema, a estas alturas es mayúsculo porque el cometido de este flagelo no cesa, podrán disminuir la lista, pero aún se cometen crímenes de esta magnitud.

Las víctimas no son sólo cifras o números que pueden disminuir o aumentar por considerar que “está inflada” la lista, pensar de esa manera refleja la perversidad institucional por diluir la responsabilidad por omisión, comisión o aquiescencia del Estado mexicano en el cometido de este flagelo, en concreto del Ejército mexicano como la institución perpetradora.

Las personas detenidas desaparecidas son seres humanos con rostro, nombre, familia e historia, la cual fue truncada por la violencia institucional a través del cometido de graves violaciones a los derechos humanos, por tanto, es responsabilidad del gobierno mexicano, conforme a la ley y lo establecido en tratados internacionales en la materia, dar con su paradero, conocer las motivaciones políticas de su cometido, erradicar el cometido de estos flagelos, así como enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de aberrantes crímenes de lesa humanidad.

Lejos de discutir las cifras se debe pensar en hacer justicia para cada una de ellas, a su vez no permitir el cometido de estos flagelos, problema fundamental que el Estado mexicano está obligado a resolver sin condicionar a los familiares ni negar sus peticiones; tópico que se debería discutir en los pasillos institucionales, en lugar de dejar pasar el tiempo para que sea tema a resolver de la siguiente administración.

El fenómeno de la desaparición forzada tiene una larga historia, es una práctica institucional que tiene data desde los años 40 del siglo pasado, hablamos de más de 60 años de cometer está práctica deleznable, principalmente contra el pueblo organizado, la cual tuvo un repunte en las administraciones panistas y priistas donde generalizaron esta práctica contra el pueblo trabajador.

No es política de una administración en específico, hasta el momento no hay una que haya resuelto el problema con justicia para las víctimas y sus familiares, en todas, en unas más en otras menos, se ha actuado con indolencia, dilación, desgaste, simulación, burocratismo y el cometido de más crímenes de lesa humanidad, porque al tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, los involucrados son las corporaciones policíacas y militares, cuyos miembros se mantienen activos en las instituciones, con diferentes denominaciones o cargos gubernamentales como si nada hubiera pasado.

La actual administración no es ajena a estas prácticas, la promesa que hizo a inicio de su sexenio para solucionar el problema de la desaparición forzada en el país se queda en retórica discursiva, pues la realidad sale a flote y se niega a silenciar a las víctimas; el gobierno federal le apuesta a la política priista de antaño “no los oigo, ni los veo”, práctica que expresa deprecio por la vida de cientos de miles de personas que fueron víctimas de estos flagelos.

Recordemos cuando era Secretario de Gobernación, Adán Augusto López y ante la demanda de familiares de víctimas de desaparición forzada, quienes tenían un plantón afuera de la SEGOB, sin atenderlas adentro de la institución, en la calle las escuchó, las demandantes para tener certeza de lo que hablaron le pidieron que sellara y firmara un documento con sus peticiones, no lo quiso hacer, por lo que una de ellas le dijo, “la verdad yo no confió en nadie”, el funcionario respondió, “Bueno, yo tampoco confío en usted”. Es la actitud de un funcionario que dice más que miles de discursos y promesas electorales.

Es indignante que los familiares de las víctimas pasen años, administraciones de diferente denominación partidista sin que su familiar sea presentado con vida, sin que la justicia toque las puertas de sus hogares, sin que los perpetradores sean enjuiciados y castigados, sin que se detenga el cometido de desapariciones forzadas en el país; el dolor que sienten no tiene precio ni depende de cifras o una lista, sino de dar con paradero de su ser querido para objetivar la consigna, ¡vivos los llevaron, vivos los queremos!

La intención de la actual administración respecto a las desapariciones forzadas es perversa, en esencia favorece a los perpetradores y los mantiene en la impunidad. Los familiares y las víctimas no pueden vivir de discursos institucionales que hagan referencia a que todo está bien o que se tienen otros datos, porque la realidad que enfrentan es de injusticia y el flagelo de la violencia gubernamental.

El fenómeno de la desaparición forzada es real, existe y va en aumento, la violencia que emerge de las instituciones es tan grande que no se puede cuantificar, aunque la cifra dada a conocer por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es de 111 mil 59 víctimas, de las cuales 97 mil 573 son personas desaparecidas y 13 mil 486 son personas no localizadas, hablan de una medida de 100 mil víctimas, estadística que evidencia el cometido de crímenes de lesa humanidad que la presente administración se comprometió a solucionar y a la fecha no lo ha hecho, al contrario está más ocupado en rasurar la lista.

Los comentarios del Ejecutivo federal, respecto que a través del censo que han hecho ya han encontrado a personas es indolente, porque no se trata de mercancías para lanzar un producto sino de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas que fueron víctimas de la violencia institucional, por tanto, se debe analizar el fenómeno desde la opinión y el sentir de los familiares, de lo que establece el Protocolo Homolago para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como lo vertido por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, instrumento internacional que busca prevenir y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación.

Quienes argumentan ser defensores del proyecto político que representa la administración actual no mencionan nada respecto al tema, al contrario, algunos políticos de oficio y funcionarias, como la ex jefa de gobierno, la Dra. Claudia Sheibaum Pardo y la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos se atrevieron a decir que la lista de desaparecidos “está inflada y tienen otros datos”, eso es indolente, implícitamente desconocen a las víctimas de desaparición forzada en el país y la lucha que por años han emprendido familiares, organizaciones populares, de derechos humanos y personalidades para dar con el paradero de sus seres queridos y compañeros de lucha.

Sus otros datos reflejan desconocimiento o perversidad, revictimizan a los que están en esa condición. Más allá de las cifras hay un fenómeno presente que se niegan a aceptar, en México se cometen desapariciones forzadas, las víctimas se mantienen en esa condición, los perpetradores están en completa impunidad, por lo que los dichos de funcionarios son graves, les preocupa más disminuir las cifras por una cuestión electoral que atender a los familiares de víctimas de desaparición forzada y detener de raíz este aberrante crimen.

Dos casos de desaparición forzada ejemplifican la política gubernamental que impera en toda la geografía mexicana en cuanto al tema, ambos casos son un botón de muestra de la respuesta de instituciones, funcionarios y políticos de oficio respecto a este fenómeno, el cual, se expresa en dilación, indolencia e impunidad.

En el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR) se niegan a acatar la sentencia del amparo en revisión 51/2020, el hecho expresa la impunidad con la que actúan y la política de simulación, a su vez, manifiesta la protección que otorga la FGR y el Ejecutivo federal al ejército para no ser enjuiciados y castigados por cometer este crimen de lesa humanidad.

En el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, expresa la simulación con la que actúan funcionarios respecto al caso, en esa lógica los militares emergen como protectores del pueblo mas no como perpetradores; la Presidencia de la República se limita a decir que son “malos elementos” los que hicieron eso, por tanto, por culpa de unos no se puede manchar el “honor” del Ejército mexicano; juicio indolente porque a través de los años demostrado está que son la estructura que planifica y ejecuta graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado.

La estadística oficial confirma la existencia de la desaparición forzada, la política que utiliza el gobierno es disminuir la cifra en lugar de solucionar el fenómeno con justicia para las víctimas de este flagelo, demanda que debe estar apegada a los convenios, tratados o leyes emitidas por organizaciones internacionales en la materia que México ha firmado y ratificado. Es perverso que le quieran dar un carácter electoral para que no sea abollada la candidatura de Morena.

Cuánta razón tiene el Mtro. Santiago Corcuera cuando dice, “la realidad de las desapariciones forzadas en México no es una cuestión ideológica, de conservadurismo, de adversarios o hipócritas, etcétera, son adjetivos que están fuera de lugar...”, alocución que coloca el tema de la desaparición forzada con objetividad, su solución no depende de los buenos deseos o intenciones gubernamentales, mucho menos de uno u otro partido político, sino de no permitir el cometido de más desapariciones forzadas en el país, quitar la estructura que planifica y comete crímenes de lesa humanidad, las cuales hasta el momento están intactas porque gozan de impunidad absoluta.

Mientras el gobierno mexicano no presente con vida a nuestros seres queridos, la denuncia y acciones de protesta se mantendrán; por cada crimen de lesa humanidad que cometa contra integrantes de nuestra organización, las calles serán la tribuna para emitir nuestra voz y consignas de justicia; callarnos jamás, hacerlo abonaríamos a la política de simulación institucional. ¡Porque vivos se les llevaron, vivos los queremos!

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS