Caso de guerrilleros desaparecidos presiona a Suprema Corte para abrir cuarteles militares

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Por: Antonio Aranda / 25 mayo, 2016

(25 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este 25 de mayo se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ellos fueron detenidos por elementos de la policía estatal y federal en el estado de Oaxaca en 2007.

Durante todos estos años familiares, abogados, organizaciones populares y de derechos humanos, se han sumado a la lucha de Nadín Reyes (hija de Edmundo Reyes Amaya): encontrarlos vivos o muertos y llevar ante la justicia a las autoridades culpables de su desaparición forzada.

En este contexto Nadín Reyes, quien a raíz de estos hechos creó el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos comenta en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO el panorama del caso después de nueve años de impunidad.

“Lamentablemente no hay muchos avances, sobre todo en la cuestión jurídica, aunque tenemos desde hace casi dos años una resolución judicial emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que ordenó realizar la búsqueda en centros militares y citar a comparecer a mandos del Ejército, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Policía Federal (PF), así como a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y servidores públicos del gobierno de Oaxaca que se encontraban en funciones en mayo de 2007, nada se ha hecho”, reconoce con tristeza Nadín Reyes.

Para la activista la falta de voluntad política de las autoridades para hacer cumplir la resolución judicial (histórica por ser la primera en su tipo) no es una casualidad, afirma que los incumplimientos son parte de una estrategia del Estado para infundir miedo entre la comunidad de defensores de derechos humanos y activistas en contra de las llamadas Reformas Estructurales.

“La desaparición forzada en México es una práctica sistemática, el Estado siempre ha orientado la idea de mi caso a que mis familiares están muertos pero no aporta ninguna prueba. El objetivo es crear un ambiente de incertidumbre y angustia en el entorno de las familias y los activistas defensores de los derechos humanos”, reflexiona Nadín.

En gobierno de Peña Nieto crecen ataques

En el marco de la conmemoración de los nueve años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos realizará una serie de actividades entre las que destacan la presentación del informe “10 años de Desaparición Forzada por Motivos Políticos en México: 2006-2016”.

Nadín Reyes, reveló a Revolución TRESPUNTOCERO que la principal conclusión del documento es que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han incrementado de forma significativa los ataques a los defensores de derechos humanos.

“El informe hace una comparación del gobierno de Felipe Calderón con el de Enrique Peña Nieto, vemos que hay un incremento significativo en las agresiones a defensores de derechos humanos de manera focalizada. La desaparición forzada es una práctica generalizada en México pero ahora se ha focalizado junto con las detenciones arbitrarias, la cárcel por motivos políticos y las ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente no hay un solo periodo de gobierno en que no se cometan las desapariciones forzadas, pero en el de Peña Nieto se ve un incremento focalizado a los defensores de derechos humanos”, detalla Nadín Reyes.

Para iniciar las actividades de la jornada nacional de lucha “Por cada desaparecido, indignación y una razón para luchar” hoy 25 de mayo a las diez de la mañana se realizará un mitin para exigir que se cumpla con la resolución judicial 29/2014 en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación al sur de la Ciudad de México.

El 26 de mayo se realizará el foro ¿Estado de derecho? para reflexionar sobre las resoluciones y recomendaciones en casos de desaparición forzada en México, el 27 habrá un encuentro en el Museo Memoria y Tolerancia con familiares de víctimas de desaparición, el 28 un conversatorio sobre recursos jurídicos para combatir la desaparición forzada, el 29 un acto político-cultural en el Monumento a la Revolución y finalmente el 30 de mayo una marcha que saldrá de las oficinas del Gobierno del Distrito Federal en el zócalo a la Secretaría de Gobernación.

Reunión con la Suprema Corte

Sandino Rivero Espinoza, abogado de Nadín Reyes, mencionó durante una conferencia de prensa que el Poder Judicial de la Federación no ha presionado a las demás autoridades para que den cumplimiento a la resolución 29/2014 que estipula, entre otras cosas, abrir los cuarteles militares para buscar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

“Hace tiempo pedimos a la Primera Sala de la Suprema Corte atraer este asunto porque el Poder Judicial no había sido capaz de hacer cumplir sus propias determinaciones, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, dijo que era importante determinar cuáles son los alcances del juicio de amparo ante desapariciones forzadas y precisar qué pasa cuando un tribunal colegiado emite una resolución de este tipo que si bien no es una sentencia definitiva sí va al fondo del asunto en casos de desapariciones forzadas porque se está pronunciando sobre diligencias para determinar la suerte y paradero de los desaparecidos. No obstante los ministros que componen la primera sala, en un reunión privada, decidieron no atraer el asunto y no sabemos por qué se determinó de esa manera, porque no tuvimos acceso a la discusión de los ministros como sucedería en un estado de derecho”, explicó Sandino Rivero.

Por lo anterior el abogado detalló que seguirán exigiendo el cumplimiento de la resolución 29/2014 “mañana tendremos una audiencia en el Consejo de la Judicatura y el viernes otra reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar. En ambos casos vamos a exigir que se exhorte al juzgado que lleva el juicio de amparo para ya se resuelva de manera definitiva y se pueda reiterar lo que ya había dicho el tribunal colegiado en el sentido de citar a comparecer a mandos civiles y militares, abrir los cuarteles militares a la investigación y en su caso la posible exhumación en estos cuarteles”, precisó Sandino Rivero.

Finalmente el abogado dijo que la resolución judicial que ordena abrir los cuarteles es importante, no sólo para el caso de Edmundo y Gabriel, sino para cualquiera en donde fuerzas castrenses estén relacionadas con desaparición, ya que deja precedente.

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