¿POR QUÉ NOS MANIFESTAMOS EN INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN?

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NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A DICHO MANDAMIENTO JUDICIAL. Lo anterior cercena la justicia que reclaman los familiares de las víctimas y acota el recurso del Juicio de Amparo como medio jurídico idóneo para restituir derechos humanos vulnerados.

¿POR QUÉ NOS MANIFESTAMOS EN INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN?

El 19 de junio de 2014 el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el Recurso de Queja 29/2014, ordenó que todas las autoridades señaladas como responsables en el Juicio de Amparo interpuesto contra la desaparición forzada de los luchadores sociales EDMUNDO REYES AMAYA y de GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ:

  • “Se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial, REALICEN la búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en las principales instalaciones militares;
  • TOMEN comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, A FIN DE QUE DECLAREN EN RELACIÓN A LOS HECHOS;
  • INFORMEN SOBRE LA INHUMACIÓN de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.

Para lo cual, dichas autoridades deberán ordenar a los funcionarios competentes que se realicen las diligencias necesarias para cumplir con lo anterior; asimismo, podrán crearse comisiones especiales o realizar todas las diligencias que se estimen pertinentes a efecto de localizar a EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ.”

NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A DICHO MANDAMIENTO JUDICIAL. Lo anterior cercena la justicia que reclaman los familiares de las víctimas y acota el recurso del Juicio de Amparo como medio jurídico idóneo para restituir derechos humanos vulnerados.

Al pueblo se exige se acate el estado de derecho imperante, se condena y se criminaliza toda acción de los familiares y de las organizaciones populares fuera de estos marcos, no obstante, es desde las mismas instituciones gubernamentales donde se escamotea la justicia, desde donde se fustiga a los familiares a dejar de exigir la presentación con vida de sus seres queridos, desde donde se revictimiza a las víctimas.

En el caso de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son ya 9 años de acompañar a sus familiares por su presentación con vida, tiempo que ha bastado para comprobar la manera en cómo el Estado cubre con el manto de la impunidad a los autores materiales e intelectuales de los miles de crímenes de lesa humanidad.

La verdad es tan grande que es imposible ocultarla con simples tecnicismos, con el maquillaje de cifras; los responsables de baño de sangre que inunda el territorio mexicano son los distintos cuerpos represivos del Estado mexicano, quienes cometen los crímenes de lesa humanidad son militares, marinos, policías federales, estatales y grupos paramilitares; instancias represivas que en cadena de mando conducen a los titulares de la política interior del país y del ejecutivo federal.

Los detenidos desaparecidos son del pueblo, independientemente de los cauces políticos en las cuales hayan conducido su labor organizativa; a todos los identifica una condición, pertenecer a las filas de las masas trabajadoras, son padres, hermanos, hijas, madres… con una vida y una cotidianidad que se pretende borrar de un plumazo y condenar al olvido y a la desmemoria.

El incumplimiento de la resolución judicial sólo nos puede reflejar una cosa, impunidad en toda la extensión de la palabra, lo cual comprueba que el cometido de crímenes como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son política de Estado. Crímenes que por su sistematicidad y su generalidad en su ejecución en contra del pueblo se convierte en política del terrorismo de Estado.

Los alcances jurídicos del caso de los luchadores sociales en mención no se puede explicar sin la participación política de amplios sectores del pueblo, por lo tanto, abre una beta en la lucha y exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. La articulación y coordinación de la lucha jurídica y política es la necesidad que nos plantea el momento actual, porque con ello se evidencia que es el Estado mexicano quien detiene y desaparece, ejecuta extrajudicialmente y tortura al pueblo trabajador.

En el marco de la semana internacional del detenido desaparecido emprendimos la Jornada nacional “Por cada detenido desaparecido, indignación y una razón para luchar”, porque las víctimas de la desaparición forzada en México no son sólo cifras, no son sólo parte de las estadísticas, son el testimonio doloroso de la política del terrorismo de Estado.

Con cada detenido desaparecido se abre una herida en el pueblo, porque nos identifica la explotación y opresión, pero ante el dolor y el sufrimiento emerge el sentimiento de coraje, de indignación por poner un alto a esta política represiva, nace la necesidad de la organización que hoy llama a todas las víctimas del terrorismo de Estado a la coordinación y unidad.

No son pocas las evidencias que señalan a los cuerpos represivos federales como los autores materiales de los crímenes de Estado, no obstante, ninguno de ellos ha sido llevado a la justicia, en el mejor de los casos son llevados a la justicia militar donde sólo se les atribuyen faltas a la disciplina castrense, pero nunca por un delito, menos por un crimen de lesa humanidad.

Ante esta situación exigimos al Poder Judicial de la Federación cumpla con sus propias determinaciones jurídicas, se acate a cabalidad la resolución 29/2014 y se presente con vida a los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; a casi 2 años de haber sido emitido y a 9 años de la desaparición forzada de EDMUNDO y GABRIEL, no cejaremos en esta justa lucha por presentación con vida y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

En la vía de los hechos queda demostrado que el estado de derecho que impera en las instituciones de justicia de nuestro país no representa al pueblo trabajador, desde la ley penal se estigmatiza e incrimina el actuar consiente de las organizaciones populares y de derechos humanos, por tal razón, ante los cada vez más reducidos espacios para acceder a la justicia dentro de los estándares del régimen imperante, la necesidad de la organización popular se erige como la única alternativa.

Convocamos a todas las organizaciones de víctimas y populares a no dejar un momento de exigir la presentación con vida de sus seres queridos, si el dolor es tan grande, de ese tamaño debe ser la indignación y la decisión de luchar.

Atentamente

Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo(FNLS), Comité Independiente de Chihuhua-FEDEFAM, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CDHHSO), Brigada Multidisciplinaria de la UNAM, Comité Monseñor Romero, Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP).

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