Ponencia - Presos políticos: expresión autoritaria del México moderno

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Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021

Ponencia leída el día de hoy en el foro Presos políticos: expresión de la injusticia en el México moderno, realizado en el plantón popular por justicia, verdad y libertad, instalado frente a la SCJN.

Presos políticos: expresión autoritaria del México moderno

La prisión por motivos políticos es un flagelo que expresa la condición sociopolítica del México actual. La cárcel, las carpetas incriminatorias, la criminalización y judicialización de la protesta, ilustran la política gubernamental dirigida contra el sujeto político organizado de manera independiente, el luchador social, activista político, el luchador por el socialismo y organizaciones políticas de masas de carácter independiente.

Sobresalen de la ley los matices ampliamente represivos como en otras administraciones, emerge la esencia punitiva del estado de derecho mexicano; los presos políticos y perseguidos por sus ideas y convicciones ideológicas son una realidad en la presente administración que se ceba de manera selectiva en las víctimas sobre quien cae la violencia institucional.

La represión se da con pasos cimentados en el marco jurídico vigente, en el México que asiste a la segunda década del siglo XXI, donde la administración federal rebasa la mitad de su sexenio, el aforismo gubernamental de que no habrá nada ni nadie por encima de la ley se traduce en la utilización de medidas leguleyas para someter al hombre o mujer que se organiza fuera de los marcos corporativizantes del Estado mexicano, así, asistimos al establecimiento de una política de gobierno de represión con rasgos selectivos.

Nuestros compañeros presos políticos en el estado de Chiapas, Michoacán y Veracruz, representan el testimonio de la utilización de la cárcel y de la privación de la libertad como prisión preventiva oficiosa. Sobre su humanidad el Estado mexicano inflige el castigo de la cárcel para tratar de minar su decisión de lucha, de abrazar las banderas de la superación cualitativa del régimen oprobioso.

Nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro son presos de este sexenio, son privados de su libertad en los tiempos que corren de la autodenominada “cuarta transformación”, son víctimas de la demagogia institucional que coloca sobre ellos el estigma de delincuentes sin el beneficio de una defensa y a la presunción de inocencia.

En estos tiempos ejercer crítica política se convierte en un crimen que se castiga con cárcel y persecución política, el integrante de una organización popular se le persigue como un gran delincuente. Así queda demostrado en la detención de nuestros compañeros, en todos ellos está demostrada su inocencia, sin embargo, el gobierno federal a través de las fiscalías estatales, ejerce la prisión como forma de castigo gubernamental.

El actual estado de derecho extiende un nexo entre las actividades tipificadas como infracciones al marco jurídico y la actividad de protesta, con ello, emplea delitos del fuero común para eliminar la condición política de los presos, esa es la forma en que los distintos gobiernos evitan la condena nacional e internacional por el cometido de prácticas autoritarias y represivas.

Para el gobierno actual toda organización independiente que critique la opresión y la explotación del hombre por el hombre es considerada un enemigo a combatir. Esto no es una sentencia dicha al vapor, la condición de las víctimas presas y la práctica represiva indica que la ley es el flagelo para intentar cercenar la voluntad de lucha del sujeto consciente y la acción crítica de las organizaciones populares.

En la actualidad el luchador por el socialismo o activista político que es detenido por motivos políticos, pasa por la senda de la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, su dignidad pretende ser quebrada para que desista de la lucha o proporcione información para armar nuevas carpetas incriminatorias de una futura víctima.

Los casos de los compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez son ejemplo de la práctica de la tortura para obtener información a través de métodos fascistas. En su testimonio está el registro de que fueron trasladados a centros clandestinos de tortura con el propósito de que develaran nombres de compañeros que son parte del FNLS para incriminarlos en delitos del fuero común y dar sustento jurídico a las más de 132 carpetas de investigación contra integrantes del FNLS en Chiapas.
A pesar de la insistencia gubernamental de que no se va a ejercer la represión, los hechos señalan que esta sentencia propagandística sólo queda en el discurso demagógico, porque las cárceles albergan al sujeto político organizado fuera de la férula institucional.

La justicia burguesa se aplica con todo el peso de ley cuando se trata de mantener privados de la libertad a luchadores sociales, campesinos pobres, estudiantes y activistas políticos, cuyo único delito es defender el derecho a la posesión colectiva de la tierra, educación, medio ambiente o libertades políticas. El hecho que existan más de 90 estudiantes normalistas rurales pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) sujetos a proceso por ejercer el derecho a la protesta para la defensa del derecho a la educación pública y al trabajo, es el fiel reflejo de la judicialización de la protesta popular.

El sujeto político es perseguido por su ideología y práctica política que cuestiona al régimen para ser finalmente detenido de manera arbitraria, recluido y condenado a una prisión injusta. El estigma que ejerce la voz gubernamental sirve de antesala para abrir la pauta de la represión con tintes selectivos, con la cárcel como un eslabón de la cadena represiva.

Las fiscalías estatales funcionan en completa armonización con la política dictaminada desde Palacio nacional, no requieren el permiso manifiesto para cebarse contra el pueblo organizado, el silencio cómplice cuando ejercen actos represivos es la muestra clara de total connivencia con la violación a los derechos humanos y violencia institucional.
La existencia de presos políticos no es reconocida como tal, a lo sumo establecen el reconocimiento de la herencia dolorosa de detenidos injustamente en gobiernos anteriores, sin embargo, nuestros compañeros presos fueron detenidos en esta administración, por lo que son presos de la denominada “cuarta transformación”.

La situación sociopolítica en el país indica que disminuyen las cifras de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales como un elemento cualitativo, pero se incrementa el caso de presos políticos como aspecto cuantitativo, ello no elimina el carácter autoritario y conservador de la actual política de gobierno.

Los presos políticos existen en el México moderno, son la expresión de la continuidad de violaciones a los derechos humanos pese al discurso institucional. Por cada día que se extienda su privación de la libertad de manera injusta, es el tiempo que se confirma el carácter autoritario y los rasgos represivos del actual gobierno, que hace de la prisión y la ley, el ariete para castigar la voluntad de lucha del pueblo organizado de manera independiente.

La cárcel no logrará minar las convicciones de nuestros compañeros, los artilugios leguleyos no podrán tachar su actitud congruente en la lucha por el socialismo en el país. Por cada preso, una razón para luchar; por cada injusticia, una bandera de lucha; por cada mentira gubernamental, un llamado a la denuncia política; por cada violación a los derechos humanos, una acción política de masas.

Fraternalmente
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Presos políticos ¡Libertad!
Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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