Chiapas y Veracruz: gobiernos represivos

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Chiapas, México. 7 de julio de 2019

A los medios de comunicación

A las víctimas de la represión

Al pueblo en general

Chiapas y Veracruz: gobiernos represivos

¿Qué tienen en común los gobernadores de Chiapas y Veracruz? Que ambos provienen del partido MORENA e implementan una política de represión en contra de quienes luchan por justicia. Dos sucesos recientes en ambas entidades lo comprueban, el asesinato del defensor de los derechos humanos Simón Pedro Pérez López en Simojovel Chiapas y la represión policíaca hacia familiares que protestaban por justicia para sus hijos que fueron asesinados a manos de la policía en Amatlan Veracruz.

En el caso de Rutilio Escandón Cadenas gobernador de Chiapas, inició su administración encarcelando a luchadores sociales, reprimiendo a estudiantes normalistas, despojando de sus tierras a decenas de campesinos y colonos, y asesinando a defensores del medio ambiente y de derechos humanos.

Simón Pedro integrante de las Abejas de Acteal es otra víctima de la política represiva del gobierno Chiapaneco, su asesinato expresa el proceder criminal del ejecutivo estatal hacia quienes defienden los derechos humanos. Cárcel o balas es la respuesta de Escandón Cadenas a las justas demandas del pueblo.

Una de las demandas que Simón Pedro abanderó es el de justicia por lo que conocemos como la “masacre de Acteal”, crimen de Estado que hasta la fecha continúa en la impunidad, con el crimen cometido en su contra el gobierno pretende silenciar su lucha.

La forma en cómo Escandón Cadenas desata la violencia contra el pueblo expresa en otras cosas el respaldo de la federación, porque éste a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen no ha hecho nada para detenerlo, por el contrario, en su discurso niega que exista este escenario de violencia lo que lo convierte en cómplice y a la vez promotor de la represión.

En el caso veracruzano Cuitláhuac García Jiménez gobernador de esa entidad, es reciente su incorporación a la política federal de represión, no podía quedar atrás en tanto que es de igual modo como se dijo al principio parte del partido que gobierna el país y que ha hecho que las cifras de víctimas de la violencia se mantengan como en sexenios anteriores.

Un primer hecho que expresa el carácter represor que adquiere García Jiménez es la detención arbitraria de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro el día tres de mayo del presente año, dos meses más tarde, el pasado tres de julio de nueva cuenta ordena el desalojo violento de manifestantes en el municipio de Amatlán.

La policía en esa entidad igual que en Chiapas actúan bajo órdenes de los gobiernos, por ello actúan con saña y brutalidad, así lo hicieron en el desalojo en Amatlán, las víctimas de esta represión son familiares y pueblo que protesta en contra de un crimen como lo es el asesinato de dos menores de edad a manos del a Fuerza Civil (policías).

A través del derecho a la protesta se exige justicia y castigo a los responsables de dicho crimen, sin embargo, con la represión el gobierno de Veracruz deja en claro que no es su interés resolver este hecho sino proteger a los criminales y mantener esta injusticia en la total impunidad.

Los policías para tratar de generar el mayor daño posible lanzaron gases lacrimógenos, golpearon personas y destruyeron automóviles propiedad de los manifestantes. El proceder de los gobiernos morenistas no es el diálogo, si no la violencia y la impunidad, actitud que puede verse con claridad en la política federal.

Desenas de protestas frente a Palacio Nacional son la muestra de que no son atendidas ni resueltas las demandas del pueblo, máxime cuando se trata de demandas de justicia. Sus “mesas de atención” terminan por ser simulación, porque en los hechos ninguno de sus compromisos son cumplidos, eso sucedió por ejemplo en el mes de octubre con las mesas de trabajo que hubo entre la SEGOB y el FNLS.

La respuesta del gobierno federal hacia la exigencia de alto a la represión en los estados ha sido la supuesta “autonomía” que cada entidad tiene, es decir que el ejecutivo federal poco o nada puede hacer con sus subalternos, en otras palabras “se lava las manos”, lo que en realidad expresa sus argumentos es el respaldo y acuerdo frente a la represión.

Una política de gobierno con estas características no puede llamarse “transformación”, sino continuidad del régimen de explotación y opresión que busca a través de la violencia imponer el interés oligarca, que mantiene la impunidad y la violencia institucional.

La consigna ¡Ante la represión, la movilización! Es totalmente vigente y necesaria, se requiere mantener la protesta, la denuncia y generar los espacios para la coordinación entre organizaciones para dar la lucha en mejores condiciones y lograr de este modo un alto a las violaciones a los derechos humanos y avanzar en la lucha por mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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