LA REPRESIÓN EN CHIAPAS ES POLÍTICA DE GOBIERNO

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Ciudad de México a 20 de mayo de 2021

A los medios de comunicación

A los organismos defensores de los derechos humanos

A la opinión pública

LA REPRESIÓN EN CHIAPAS ES POLÍTICA DE GOBIERNO

La represión en Chiapas es selectiva, política de gobierno que tiene carácter contrainsurgente contra el movimiento popular independiente; rasgo distintivo de los gobiernos priistas o panistas, hoy se suma el partido político gubernamental de morena, quien a tres años de gobierno las cárceles albergan a nuevos luchadores sociales y en su registro de gobierno se agregan las graves violaciones a los derechos humanos.

La represión en Chiapas es selectiva, se expresa en detenciones arbitrarias, desalojos forzados, tortura como supuesto método de investigación policíaca, desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y la utilización del estado de derecho burgués para criminalizar la protesta popular y acciones políticas de masas que realice el pueblo organizado.

Los asesinatos políticos de los compañeros Efraín Espinoza Pérez y Mario Alberto Espinosa por el grupo paramilitar San Bartolomé de los Llanos en coordinación con la Guardia Nacional a través de una emboscada es una muestra del carácter selectivo de la represión, donde lo único que importa es procurar los intereses políticos y económicos de los grupos de poder.

El asesinato político del compañero Ramiro Rodríguez Sántiz evidencia el consentimiento que otorga el gobierno Chiapaneco a los grupos paramilitares para que actúen en total impunidad, quienes son la punta de lanza de la represión para cometer crímenes de Estado contra el pueblo que lucha fuera de los marcos corporativos del Estado, en específico contra el FNLS.

Política que se extiende en toda la geografía mexicana y es característica de administraciones morenistas en los estados de Tabasco y Veracruz, lugares donde la violencia institucional no cesa, tiene continuidad con mayor intensidad. Los discursos institucionales contradicen la cotidianidad que viven millones de mexicanos en el territorio nacional.

La reciente detención arbitraria de 91 estudiantes normalistas y cuatro desplazados del ejido Puebla Chenalho para un total de 95 personas (dato más reciente) en el estado de Chipas en una actividad de protesta, evidencia el carácter represivo y autoritario de la administración morenista de Rutilio Escandón Cadenas; gobierno que no respeta el derecho legítimo a la protesta del pueblo chiapaneco, lejos de resolver sus demandas responde con la ejecución de la violencia institucional.

La Fiscalía del estado es la institución encargada de fabricar carpetas de investigación a modo para justificar las detenciones arbitrarias y pasar a las voces críticas al régimen como los peores “delincuentes”; mientras que a unos les dan el trato indignante y les violan todo protocolo jurídico a otros les otorgan todas las garantías procesales.

La protesta es un derecho, una forma de manifestar inconformidad a las políticas represivas del gobierno en turno, no está sujeta a la voluntad de la administración federal, mucho menos al capricho de voraces empresarios, quienes son los primeros en exigir la aplicación del estado de derecho burgués para salvaguardar sus intereses políticos y económicos.

El estado de derecho burgués es coercitivo, una forma de contener la protesta popular y castigo para todo luchador social, defensor de los derechos humanos, activista político o voces críticas al régimen; el gobierno mexicano a través de las leyes justifica la represión y pone ante la opinión pública como “delincuente” al que lucha, al que defiende sus derechos y libertades políticas.

Ejemplo de lo anterior son los casos de los compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez, Venturino Torres Escobar, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro; presos políticos por los gobiernos morenistas de Chiapas, Veracruz y el perredista de Silvano Aureoles Conejo.

Los casos de los compañeros son un botón de muestra del uso faccioso de la ley burguesa, a través de artilugios leguleyos intentan mantenerlos el mayor tiempo posible tras las rejas; demostrado está que las acusaciones hechas contra ellos son falsas y las carpetas de investigación son hechas a modo; el hecho en sí evidencia la ofensiva represiva orquestada por los gobiernos morenistas y perredistas contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Javier, Armando, Asunción y Venturino son presos políticos por el gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas, quien a más de un año de su injusta prisión enfrentan la maraña burocrática en la que han introducido impunemente sus casos jurídicos; Leobardo es preso político por el gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo; Higinio Bustos Navarro es preso político por el gobierno morenista de Cuitláhuac Guerrero, administración que en su temporalidad de gobierno tiene un largo registro de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, aunado a la detención arbitraria selectiva contra luchadores por el socialismo en México.

La aplicación del estado de derecho burgués es práctica de los gobiernos morenistas, quienes a través del uso coercitivo de la ley intentan minar la combatividad y lucha de las organizaciones independientes; hoy las cárceles albergan a nuevos presos políticos, a luchadores sociales por defender sus derechos y libertades políticas.

Los discursos institucionales sobre respetar los “derechos humanos” y no “reprimir” se diluyen con los nombres de los presos políticos y las denuncias de los familiares por el asesinato político de nuestros compañeros; casos que expresan una particularidad de la generalidad que existe en toda la geografía mexicana. En todo el país existe inconformidad por las políticas implementadas del gobierno en turno sólo que éstas son silenciadas por algunos medios de comunicación y administraciones locales.

La organización popular independiente es vigente, una alternativa para el pueblo trabajador, visto está que los candidatos que emanan de los partidos políticos gubernamentales no representan los intereses de las masas, por ello mantenernos fuera los marcos corporativos del Estado se torna en una necesidad que cada día cobra más vigencia.

Atentamente
¡Porque ser luchador social no es sinónimo de delincuente!
Comité de Familiares de Presos Políticos
“Voces de Libertad”
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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