Justicia para Efraín Espinosa Pérez y Mario Alberto Vázquez Aguilar, integrantes del FNLS, asesinados por el grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos

Ciudad e México a 6 de mayo de 2021

A la opinión pública

Justicia para Efraín Espinosa Pérez y Mario Alberto Vázquez Aguilar, integrantes del FNLS, asesinados por el grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), exige al gobierno federal y al gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas justicia para nuestros compañeros Efraín Espinosa Pérez y Mario Alberto Vázquez Aguilar, asesinados el 4 de mayo del año en curso por el grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos.

El asesinato de nuestros compañeros obedece a una política de represión a través del paramilitarismo como ariete de la violencia gubernamental; en tanto que interviene un grupo paramilitar, reconocido como tal en todas las comunidades circunvecinas, se configura un crimen político con el propósito de inhibir la lucha de los comuneros de Venustiano Carranza por el respeto a la posesión de la tierra y contra el despojo de ella a través del grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos.

Nuestros compañeros Efraín y Mario fueron asesinados arteramente en una emboscada, articulada por el grupo paramilitar con el respaldo del gobierno estatal que encabeza Rutilio Escandón Cadenas; desde el aire un helicóptero gubernamental coordinó todo el operativo que culminó con el asesinato de los dos compañeros. Ambos pasan a la lista de los mártires de la lucha por la defensa de la tierra y por el socialismo en México; dos víctimas más de la política represiva que ha emanado del gobierno sin importar la sigla y el color partidista.

Condenamos enérgicamente las diferentes posiciones en torno a los acontecimientos que distorsionan los hechos para presentar a las víctimas como victimarios; rechazamos las versiones de algunos medios de comunicación y organismos defensores de derechos humanos, quienes de manera tendenciosa presentan una emboscada paramilitar como enfrentamiento armado entre dos grupos de campesinos.

En su lógica argumentan que los acontecimientos ocurridos es un enfrentamiento, sin embargo, los hechos contradicen su discurso y con ello lo que hacen es darle la razón al grupo paramilitar para justificar los hechos criminales y allanar el camino para la intervención policíaco militar en la región, en específico para reprimir a las organizaciones con carácter independiente.

La diferencia entre los conceptos “enfrentamiento” y “emboscada” es sustancial, entre ambos hay un trecho enorme en forma y contenido; lo sucedido en el predio Tierra Blanca fue una emboscada paramilitar, una masacre contra comuneros de la OCEZ, quienes se oponen al despojo de ocho mil hectáreas por parte del grupo paramilitar Alianza de San Bartolomé de Los Llanos.

El grupo paramilitar pretende curarse en salud al presentarse apresuradamente como supuesta víctima con la intención de confundir a la población y eludir su responsabilidad en el cometido de este crimen. A la vez, utilizan lenguaje y terminología propio de las dependencias gubernamentales y corporaciones policíacas como “actos de provocación” y “vandalismo”, el hecho real es que los propagadores de la violencia gubernamental en la región es dicho grupo paramilitar.

La emboscada por parte del grupo paramilitar fue en respuesta a las acciones políticas de masas que realizaron los comuneros pertenecientes a la OCEZ para defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra, misma que la Alianza trata de apropiársela indebidamente con el apoyo de caciques-empresarios y la aquiescencia del gobierno chiapaneco.

El responsable principal de este artero crimen es el gobierno morenista de Chiapas, es evidente su incapacidad e indolencia para resolver un viejo problema agrario que data desde 1979 y que hoy adquiere mayor dimensión política porque el linaje de los viejos caciques está encumbrado en las estructuras gubernamentales. Por todos es sabido que el grupo paramilitar mencionado obedece tanto su formación como actuar a la defensa de intereses caciquiles-empresariales que pasan por las familias opresoras, como son los apellidos Orantes, Brito y Escandón Cadenas.

Los llamados del gobernador sobre “privilegiar el diálogo, el acercamiento y uso de la razón” para resolver el problema agrario en el municipio de Venustiano Carranza son absurdos, parte de la demagogia institucional para encubrir su política represiva, así como su involucramiento en la agudización de la violencia institucional y el despojo de tierras contra los comuneros de la OCEZ- Casa del Pueblo.

Lo ocurrido en la región, no fue en ningún momento un acto de “rencor” o “encono entre hermanas y hermanos”, de ninguna manera, fue un acto violento con toda la intención de hacer el mayor daño posible, cuyo origen son las instituciones gubernamentales, es la concreción de la política diseñada en las mesas de seguridad donde quedó definido “entrar a las comunidades organizadas sólo a recoger los muertos”. Esa es la concreción de la política contrainsurgente.

Cualquier investigación que emana del gobierno es parcial, siempre a favor de los intereses de viejos caciques que hoy emergen como empresarios exitosos, obviamente su riqueza está fundada en el despojo de las tierras comunales y ejidales, donde la víctima siempre es el comunero y el ejidatario, es decir, el campesino pobre.

Los problemas agrarios en el país y en Chiapas se han vuelto “añejos” por la política gubernamental, que siempre privilegia a la propiedad privada sobre la tierra y facilita el despojo legalizado del ejido y la propiedad comunal.

El discurso gubernamental, implícitamente argumenta que las acciones políticas de protesta son las causantes de la violencia que se genera en la región, como si las víctimas fueran los victimarios, los responsables de su propia muerte.

Sostener que los “enfrentamientos y bloqueos de carreteras no abonan a la reconciliación y al establecimiento de una relación de respeto, por el contrario, hacen más profunda la molestia, pues además de afectar a la población, sobre todo a los sectores más vulnerables, se retrasa al progreso, desarrollo y bienestar de las familias, tanto de Venustiano Carranza como de los municipios de la región” es demagogia gubernamental y a la vez una amenaza contra todo ciudadano que proteste por sus derechos.

Las acciones políticas de masas son derechos del pueblo, es la respuesta organizada contra la política represiva y antipopular de los diferentes gobiernos; el pueblo protesta por una sencilla razón: sus demandas y exigencias no son resueltas, por tanto, como FNLS protestaremos cuantas veces se cometa una injusticia social.

La solución del problema agrario y político en Chiapas es concreto, pasa por la desarticulación de los grupos paramilitares, en específico, uno de ellos La Alianza San Bartolomé de los Llanos; la restitución de las tierras comunales de la Casa del Pueblo arrebatadas por paramilitares en contubernio con caciques, empresarios y políticos de oficio, hoy funcionarios públicos; justicia para todas las víctimas de la violencia gubernamental a través de los grupos paramilitares; y, el respeto del derecho a la organización y lucha independiente del pueblo.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
¡Con represión no hay transformación!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS