La renuncia de Jorge Luis Llaven Abarca e Ismael Brito Mazariegos es un mecanismo para perpetuar la impunidad como política del gobierno de Chiapas

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Chiapas a 07 de diciembre de 2020

A los medios de comunicación

A los organismos defensores de los derechos humanos

Al conjunto del movimiento popular

Al pueblo en general

La renuncia de Jorge Luis Llaven Abarca e Ismael Brito Mazariegos es un mecanismo para perpetuar la impunidad como política del gobierno de Chiapas

La renuncia de Jorge Luis Llaven Abarca como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) e Ismael Brito Mazariegos como Secretario General de Gobierno de Chiapas se da con el objetivo de privar de la justicia al pueblo en la exigencia de juicio y castigo por la responsabilidad de dichos individuos en el cometido de múltiples y graves violaciones a los derechos humanos.

Una vez más se utiliza la maniobra política para perpetuar la impunidad como política del gobierno de Chiapas en tanto que el Congreso local dota de fuero político como medida de protección a los criminales de Estado.

En el gobierno actual como en administraciones anteriores ambos funcionarios tienen en su haber la responsabilidad en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos en Chiapas, han sido y son autores intelectuales en la práctica de la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la prisión por motivos políticos, el desplazamiento forzado contra el pueblo organizado, que hoy se extiende a todos los sectores populares del campo y la ciudad.

En Llaven Abarca se personifica el grado de impunidad que prevalece en esta entidad como política de Estado bajo un gobierno que dice ser “diferente”, pero que en los hechos perpetúa la injusticia. En dos años de funciones como Fiscal General del Estado deja a más de 20 mil hombres, mujeres, niños y ancianos en condición de desplazados forzados, cientos de presos políticos, torturados y una estela de represión generalizada contra el conjunto del movimiento popular.

En dos años en su función como responsables de la política interna en Chiapas, se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos, que es parte de la violencia institucional contra el pueblo en general. Llaven Abarca y Brito Mazariegos fungieron como defensores de los planes empresariales, son la imposición de los intereses económicos a través de una ola de represión contra el conjunto del movimiento popular que deja víctimas directas e indirectas, las cuales hoy exigimos justicia.

El pueblo trabajador debe mantener su exigencia de justicia contra estos criminales de cuello blanco quienes desataron la represión, la persecución política y los crímenes contra el campesino, el obrero, defensores de los derechos humanos, activistas y luchadores sociales. Es incuantificable la impunidad que prevalece en estos casos, en esta administración solo existe dilación, indolencia e impunidad en la búsqueda de justicia para las masas trabajadoras.

Si a éstos le es permitido continuar en alguna función de índole público, solo confirma la connivencia del gobierno federal en el cometido de las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo chiapaneco junto al fortalecimiento de las fuerzas policíaco militares para ejercer la represión. Por otro lado, si el gobierno de la “cuarta transformación” dice que no existe impunidad, lógicamente estos deben ser juzgados por los múltiples agravios cometidos contra campesinos, estudiantes, maestros, luchadores sociales y activistas.

La licencia que el Congreso Local concedió a Llaven Abarca e Ismael Brito para mantenerse en la punga por un cargo público refleja el carácter indolente de este ente político, sobre todo, es la muestra de la función que estas instituciones cumplen, los intereses que defienden no son las del pueblo, sino que existen para generar las condiciones para oprimirnos cada vez con mayor intensidad.

El autoritarismo y la intolerancia con la cual se condujeron durante dos años en esta administración deja miles de víctimas producto de la política represiva que deja cientos de presos políticos, nuestros compañeros Javier González, Armando Hernández, Venturino Torres y Asunción Gómez forman parte de esa larga lista de víctimas de la injusticia.

El pueblo organizado y no organizado condena a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que encuentran nombre y apellido en Jorge Luis Llaven Abarca e Ismael Brito Mazariegos, a la vez, es una tarea condenar la política antipopular que se despliega desde estas instituciones de donde proviene la violencia institucional y no cesar hasta lograr el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales en el cometido de la violencia de Estado contra el pueblo.

Combativamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

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