Desplazamiento forzado por violencia de Estado en Guerrero

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Ciudad de México a 28 de noviembre 2020

A la opinión Pública

Desplazamiento forzado por violencia de Estado en Guerrero

Guerrero es una de las entidades federativas con índices de pobreza y miseria más elevados del país, con altos niveles de violencia de Estado ejecutada por grupos de paramilitares que asolan las diferentes regiones del estado, imponer el miedo, el terror, la zozobra como parte de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) y obligar a la población a salir de su lugar de residencia para iniciar proyectos económicos lícitos e ilícitos que permitan adquirir jugosas ganancias para la iniciativa privada.

El desplazamiento forzado en la entidad guerrense es la continuidad de principios contrainsurgentes que se aplicó desde inicios de la década del 70 del siglo pasado, para desarticular al Partido de Los Pobres (PDLP), en la actualidad estos principios de guerra no declarada se aplican para acallar el descontento popular y evitar la desestabilización de la política económica mexicana en esta región del país ; esta estrategia es diseñada desde el gobierno de Estados Unidos, que tiene metida las manos en los asuntos internos de México.

La política imperialista representada por el gobierno de Estados Unidos, pretende mantener el control de todo tipo de mercado, incluida la producción, comercialización y distribución de mercancías ilícitas, la droga como parte de la economía subterránea, eh ahí, el apoyo público que brindó el representante Norteamérica al gobierno de la “transformación” en meses anteriores, en el supuesto de acabar con el crimen organizado y mantener la supremacía de su gobierno.

Guerrero representa una región importante para el interés del capital monopolista trasnacional, la extensión amplia de litoral y sus zonas boscosas, representa una característica atractiva para empresarios en el sector servicios y la agroindustria. Para ello, desde institucionalidad se crea un “enemigo interno” a vencer, a ello obedece el despliegue del ejército en esta zona, que justifica “para acabar con los grupos criminales”.

Después de la caída en combate del profesor Lucio Cabañas Barrientos y de la desarticulación del Partido de los Pobres (PDLP), el Estado mexicano se dedicó a invertir en el “desarrollo social” de la entidad para anular la crítica política de las masas. La política de corporativización, volver a las masas clienterales y así, anular la capacidad de los trabajadores de adaptación creativa a las injusticias.

En notas periodísticas se puede encontrar que desde los 80 (después de la muerte en combate de Lucio Cabañas), en Guerrero se dio la presencia de los denominados grupos criminales, quienes desde ese entonces son los que realizan incursiones a las comunidades, implementan el terror por medio de disparos contra la población, cometen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes atroces.

Estos grupos de paramilitares no sólo cometen los más aberrantes crímenes de lesa humanidad, sino que además fungen como protección no oficial del desarrollo del capitalismo en esa región del país, pues controlan la producción de las minas de oro, de plata, cobre, zinc, etc. Y de zonas ricas en recursos naturales como madera, agua, entre otros.

En las siete regiones del estado, existen varios grupos de paramilitares que han obligado a la población indígena, principalmente, a salir de sus lugares de origen para salvaguardar la vida ; a pesar de la demanda del pueblo de desarticular y desarmar a estos grupos, el gobierno del estado hace caso omiso de la situación y continúan con el cometido de graves violaciones a los derechos humanos.

Ejemplo de ello son los municipios de Zirándano, en la región Tierra Caliente, que, en el año 2017, desplazaron a más de 800 personas, por su parte el municipio de Leonardo Bravo, de la región centro, presentó casos de desplazamientos forzados de varias comunidades en el año 2018, de un número de 2000 habitantes, casi la mitad de la población.

Del 2011 al 2015 las regiones de la entidad que presentaron mayor nivel de violencia de Estado, en primer lugar, la región costa grande, seguida de la tierra caliente y finalmente la región Acapulco. Esta situación refleja que el desplazamiento forzado, además de ser parte de la guerra de baja intensidad en la que se ejecutan acciones militares, psicológicas e institucionales, es parte de la política gubernamental en el desarrollo económico en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras.

Se podrán hacer promesas de prevenir el desplazamiento forzado de comunidades enteras, porque el marco constitucional no contempla esta situación que se vive en el país, además está reformado para proteger los intereses de la iniciativa privada, por lo que toda retórica cae a pedazos con la realidad que lastima al pueblo de Guerrero y otras entidades, donde también son víctimas de crímenes lesa humanidad.

Por la vía de los hechos se despoja al pueblo de guerrero de sus tierras para entregarlas al desarrollo del capital y condenar a la población a vivir mayor pobreza con violaciones constantes a sus derechos humanos y libertades políticas. Conocido es que la violencia de Estado genera afecciones psíquicas que paraliza la capacidad del pueblo que vive en tal condición, por ello comunidades enteras han tenido que abandonar sus lugares de origen y resguardarse ante esta ola de violencia criminal.

Ante la violencia de Estado el pueblo tiene el legítimo derecho a organizarse para retomar el rumbo de su destino, por lo que toca al pueblo de Guerrero hacer frente a la política criminal del Estado Mexicano, establecer los mecanismos de coordinación con otros pueblos que viven las mismas condiciones de violencia institucional para organizar un solo frente contra la injusticia del régimen.

FRATERNALMENTE

¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR !
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FNLS

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