La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas expresa la descomposición política, corrupción e impunidad que impera en el país

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Ciudad de México a 21 de noviembre de 2020

A la opinión pública

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Chiapas es una escuela especializada en elaborar carpetas de investigación en tiempo, modo y circunstancia ficticias ; es una institución que expresa con toda claridad la descomposición política, corrupción e impunidad que impera en toda la geografía mexicana que, con tal de justificar los resultados de la supuesta lucha contra la violencia y la seguridad presentan culpables sin serlo.

En esta entidad federativa está la Mesa Seguridad encabezada por el titular del Ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal coordinadas por la Fiscalía del Estado. Este mecanismo gubernamental tiene la prioridad de garantizar la “la justicia y la seguridad” de los chipanecos, no obstante, en los hechos, a casi dos años de su administración queda evidenciada su funcionalidad : un espacio para planear la represión, fabricar culpables y delitos contra el pueblo organizado.

Desde este mecanismo se ha institucionalizado las detenciones arbitrarias, la tortura, la fabricación de carpetas de investigación, en sí, graves violaciones a los derechos humanos y constitucionales que de manera sistemática y generalizada cometen funcionarios, políticos de oficio y las diferentes corporaciones policíacas contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, trabajadores de la comunicación y pueblo en general.

Ejemplos son varios, el caso del pequeño Dylan expresa nítidamente el actuar de la FGJE, pues los 45 días que estuvo desaparecido generó indignación en la sociedad hacia las autoridades de Chiapas, quienes detuvieron a una familia de indígenas y los acusó de trata de personas para distraer la opinión pública, les quitó a 23 sobrinos y nietos, metió a la cárcel al abuelito de ellos, quien después fue presentado muerto con el anuncio pomposo que se suicidó, posteriormente quedó evidenciado por denuncias que había muerto en la tortura, las lesiones en su cuerpo quedaron expuestas.

La evidencia es clara, las cinco familias se dedicaban a la venta de artesanías, todos sus integrantes contribuían, entre ellos los menores y mayores de edad a la recaudación de fondos para el sustento familiar, por tanto, los niños son sus hijos y sobrinos ; pese a ello, la FGJE los presentó ante los medios de comunicación como un grupo de trata de personas, quienes supuestamente explotaban a los niños y los obligaban a trabajar, nada más absurdo cuando no existe el conocimiento de la sociología de las comunidades y familias indígenas.

Pese a que la fiscalía sabía perfectamente quiénes eran y a que se dedicaban, decidieron armar un show mediático y fabricar culpables ; el resultado fue la retención de los menores, la detención arbitraria de cuatro mujeres y trasladadas al CERSS No. 14 conocido como El Amate y la detención del abuelo, a quien posteriormente anunciaron que se “suicidó”. Esto devela que las autoridades chiapanecas tienen una amplia creatividad criminal para fabricar culpables.

El caso del comerciante Aníbal Gómez es otra evidencia del actuar impune de la FGJE, quien fue detenido por elementos de la policía estatal de Chiapas durante un operativo de desalojo contra estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá. El señor Aníbal tiene una tienda frente de la normal e iba a cerrarla debido al operativo, cuando los uniformados lo detienen con lujo de violencia y lo suben a golpes a la unidad denominada tanqueta, adentro continuaron con los golpes.

Los familiares denunciaron que fue torturado para que aceptara los delitos que le imputaban : robo ejecutado con violencia y agravado, robo de vehículo, daños, secuestro, motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, ataques a las vías generales de comunicación y los que resulten, sólo por estar en el lugar y el momento en que la policía reprimió la protesta de los normalistas. Ello evidencia que para el pueblo trabajador hay todo una amplia de delitos imputables.

Los elementos de pruebas que hay en su contra en la Carpeta de Investigación es el testimonio de los propios policías que reprimieron a los normalistas y son los mismos que lo torturaron y lo sometieron a tratos crueles inhumanos y degradantes. El caso en sí, evidencia la descomposición política que existe en la fiscalía que, sin sustento jurídico mantienen a una persona en la cárcel con delitos falsos.

¿Se puede confiar en una institución que tiene como denunciantes a sus propios elementos policíacos ? Desde luego que no, en los hechos expresa una aberración jurídica donde la Fiscalía se asume como juez y parte, indica la indolencia gubernamental y la protección institucional a los elementos policíacos, quienes son los que materializan las graves violaciones a los derechos humanos.

La pregunta permanece, ¿quién permite que elaboren carpetas de investigación ficticias ? Desde luego que el titular de la fiscalía del estado, quien no actúa al libre albedrío, todo cuanto hace es del conocimiento del gobierno estatal y autoridades federales, no puede ser un hecho aislado, tiene relación directa con lo que sucede a nivel nacional en las instituciones que son las encargadas de aplicar la “ley y la justicia” en el país.

En nuestro caso, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) enfrentamos esta política de gobierno, con los casos de nuestros cinco compañeros : Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, presos políticos del gobierno de Chiapas ; así como el profesor de educación indígena Leobardo Reyes Meza, preso político en el estado de Michoacán.

El caso del compañero Javier es ilustrativo, desde el momento de su detención hasta el proceso jurídico que lleva en estos momentos. Él fue privado de su libertad, desaparecido y torturado por más de 25 horas, el 17 de julio de 2019 en el poblado Las Rosas, Chiapas. Para justificar su detención y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra, la fiscalía lo acusó de delitos que no cometió, de esa manera elude su responsabilidad en las transgresiones físicas y psicológicas cometidas contra el compañero por elementos policíacos de la entidad.

Los delitos que le imputó la Fiscalía General del estado de Chiapas fueron : robo con violencia agravado en su modalidad de flagrancia ; lo absurdo es que después de ser privado de su libertad, mantenerlo desaparecido por más de 25 horas bajo tortura, se atreven a acusarlo de “robarse” una moto, cuando en los hechos no sabe ni manejar una bicicleta.

El cinismo es tal que, la agraviada no se ha presentado en las audiencias, los domicilios que aportó en el expediente no existen, ni siquiera han podido localizar a la supuesta dueña del objeto (moto), por tanto, expresa una maniobra leguleya de la fiscalía para mantener el mayor tiempo posible tras las rejas al compañero Javier.

Es evidente que la impunidad es política de gobierno en esta entidad, los vicios procesales por la Fiscalía de Chiapas y el Poder Judicial del Estado de Chiapas contra el compañero develan que la JUSTICIA para las víctimas de la violencia institucional no existe, sólo el castigo para todos aquellos que realicen crítica política al régimen o luchen por mejores condiciones de vida.

En eso consiste la justicia para la entidad chiapaneca, ésta protege y defiende los intereses políticos y económicos de empresarios, quienes son los que exigen la aplicación del estado de derecho y con ello garantías para el desarrollo de sus proyectos económicos en la entidad.

La pregunta persiste, ¿por qué el gobierno federal permite que funcionarios del partido político que representan actúen en total impunidad ?, ¿por qué es omiso a las denuncias que han hecho los familiares de los presos políticos sobre las inconsistencias jurídicas ?, el silencio institucional desde la federación expresa el consentimiento y la protección a funcionarios y políticos de oficio que cometen graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo, por tanto, es corresponsable de lo que hagan policías, fiscales, jueces y funcionarios en la entidad del sureste del país.

El 2 de diciembre del año en curso es la audiencia del compañero Javier, las inconsistencias jurídicas de la fiscalía se acumulan, las artimañas aumentan, la mentira se fabrica sobre artificios y disimulos institucionales, nos queda claro que la detención de los compañeros es eminentemente político, por tanto, mientras permanezcan en las mazmorras del Estado, motivos sobran para denunciar y no callar ante, con más ahínco consignaremos ¡Presos políticos, libertad !
Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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