Tinta Socialista No138. Carpetas incriminatorias y supuestas víctimas ficticias, es la política que distingue a la fiscalía chiapaneca

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Ciudad de México a 20 de noviembre de 2020

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La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Chiapas es una fábrica de carpetas incriminatorias que judicializan la actitud consecuente del sujeto político, construye versiones a modo donde incluye supuestas víctimas con las cuales pretende sostener una injusticia. El derecho y la cárcel son convertidas en el ariete de represión para castigar la decisión de luchar por mejores condiciones de vida.

Nuestro compañero Javier González Díaz es el testimonio concreto de la utilización por parte de la Fiscalía de diversos mecanismos leguleyos para extender una injusticia. La creatividad criminal del sistema de justicia en Chiapas no tiene límites, no sólo construyó carpetas de investigación con hechos ilusorios que rebasan todo sentido común, sino que inventa, crea y hace surgir de la nada a personas que jamás son encontradas con tal de mantener su andanada represiva.

A Javier le fue arrebatada más de un año de su existencia sostenida en hechos inverosímiles, son más de 365 días que le fue privada de la oportunidad de estar con su familia, con sus hijos y esposa, con sus compañeros de lucha. No es sencillo describir todo lo que significa estar privado de la libertad sin ningún delito, sin motivo alguno, pero sin duda, este hecho es la evidencia nítida de gobiernos represivos y autoritarios.

Las inconsistencias jurídicas son monumentales y cada intento de los funcionarios por resarcirlas hace más compleja la madeja que enreda aspectos de corrupción, autoritarismo y vocación criminal. Lo conducente debe ser el desistimiento, sin embargo, la autoridad gubernamental insiste en recomponer los hechos, aunque ello implique cometer otra irregularidad, de lo que resulta una falsedad sobre otra.

Para el gobierno chiapaneco es un delito organizar al pueblo por el derecho a la tierra, luchar de manera independiente por mejores condiciones de vida, por ello, las carpetas de investigación son la expresión de la judicialización de la protesta popular, significa mirar delincuentes en las masas trabajadoras y no observa que éstos se encuentran en las oficinas de sus propias instituciones.

Chiapas está distinguido por la política de construcción de falsos delincuentes y de expedientes que criminalizan la protesta popular. Diversas organizaciones populares de la entidad son víctimas de esta política, víctimas de la prisión domiciliaria, encarcelados en las mazmorras del Estado o perseguidos por sus ideales y convicción de lucha. Una característica de esta naturaleza es el distintivo de gobiernos autoritarios que no tienen ni un ápice de distinción con las masas trabajadoras.

El tiempo que sea mantenida esta injusticia no se encuentra a favor de un gobierno que insiste en su identificación con los desposeídos, el transcurrir de más de un año en cada uno de los casos de prisión política ya no indica una falla en el sistema jurídico, sino que redunda en una política sistemática que emplea mecanismos judiciales y del derecho para judicializar la actitud consecuente de sujetos políticos.

La fiscalía es incapaz de sostener sus mentiras, pero utiliza todo tipo de artilugios jurídicos para mantener su estratagema de mantener en prisión a la voluntad de lucha. El absurdo del cinismo es la invención de supuestas víctimas, personas que no aparecen en ningún padrón de las instituciones y que ningún actuario logra ubicar en el domicilio que asegura es su morada.

Una cosa es elaborar papeles y toda una tramitología falsa que al final no deja de ser papel y tinta. Pero hacer surgir de la nada a personas que no figuran en ningún lugar es pasar por alto toda norma protocolaria, el propósito es mantener a alguien que sostenga las mentiras que elaboró la fiscalía para mantener la prisión de los presos políticos.

El caso de Javier es ilustrativo porque de la misma manera que fue elaborado con trucos, artimañas y trampas leguleyas, así están elaboradas las demás carpetas que tienen a otros de nuestros compañeros privados de su libertad. Es la evidencia de la situación que priva en el sistema jurídico donde la violación al derecho de presunción de inocencia está soslayada por la vocación profascista de políticos de oficio como el gobernador chiapaneco.

Las loas con que fue presentado el nuevo Sistema Penal Acusatorio dejan mucho que desear, mantiene los mismos principios inquisitorios que elimina el derecho del los imputados a presumir su inocencia. Con los artilugios leguleyos que significan las “agravantes” aseguran que sea la cárcel el mecanismo coercitivo con el cual pretenden cercenar la voluntad de lucha de defensores de los derechos humanos, activistas políticos y luchadores sociales.

El caso del compañero Armando Hernández Sánchez está en similar situación, el testimonio construido en función de la versión policíaca, con base en las mentiras promovidas por sujetos que hacen la labor de informantes al gobierno chiapaneco, es lo que le arrebató un año de su existencia privado en las paredes de la prisión chiapaneca.

Con absurdos jurídicos que violan todo razonamiento jurídico y sentido común es como pretende la fiscalía sostener sus deseos de encarcelar la voluntad de lucha de un pueblo que denuncia, exige y necesita justicia social. No hay razón para mantener a ningún preso por motivos políticos, las acciones de protesta ante injusticias no pueden ser observadas mediante el crisol del acto antijuridico, porque es la respuesta organizativa ante la posibilidad inminente de actos de represión masiva.

Es inverosímil el fundamento jurídico de las carpetas de investigación, no existe concordancia en la forma de razonar de la fiscalía que insiste en sostener su andanada represiva a través de infundios, aberraciones y absurdos, por ello, no queda duda de que el derecho es empleado para castigar la decisión de luchar por el respeto de los derechos constitucionales y humanos.

Las instituciones de justicia en la entidad pretenden alargar el mayor tiempo posible los procesos jurídicos amañados, los funcionarios están conscientes de que la justicia se hará en favor de nuestros compañeros porque son inocentes, por ello, utiliza cada artilugio leguleyo a su disposición para mantenerlos privados de su libertad de manera injusta e ilegal.

La dupla represiva, FGJE y Jueces, hacen de la ley un ariete con el cual pretenden castigar la actitud política de hombres y mujeres conscientes de la lucha por una mejor calidad de vida. La fiscalía da la orden y los jueces la acatan sin mayor miramiento, no importa que sea una injusticia la que fragüen sus mentes criminales, la justificación la encuentran en alargar el presidio de luchadores sociales.

Es inconsistente argumentar el respeto a la división de poderes y la autonomía institucional de las entidades federativas, a estas alturas el clara la connivencia. Una injusticia no puede ser sostenida por el tiempo que hoy nuestros compañeros son privados de la libertad, donde las fallas procesales son visibles, lo que indica la construcción de presuntos culpables para mantener la ofensiva represiva contra el pueblo trabajador.

La comunicación entre las dependencias que conforman el Estado mexicano existe en función de las denominadas Mesas de Seguridad o Comisión para la Construcción de la Paz y Bienestar, en ella concluyen funcionarios federales y estatales que conocen del pulso de la situación sociopolítica particular de las entidades, por lo tanto, los mecanismos para ejercer la justicia están definidos con nitidez. La inactividad federal conduce a corresponsabilidad en violaciones flagrantes a los derechos humanos.

En Chiapas y Michoacán hay presos políticos, por más que el discurso oficial se encargue de omitir esta realidad, la vocación represiva de Rutilio Escandón Cadenas y Silvano Aureoles Conejo está intrínsecamente relacionada con el partido nutrió y nutre sus filas, el PRD. Hoy MORENA es corresponsable en la medida en que sus congéneres en las entidades conducen su política de gobierno por perfiles autoritarios y represivos.

No hay defensa jurídica imparcial, la ventaja siempre está de lado de quien detenta el poder político, a los explotados y oprimidos queda la organización independiente, la denuncia y movilización. El tiempo que sea sostenida la injusticia sobre nuestros compañeros, es el mismo que las acciones políticas de masas acompañarán a los abogados para resarcir la injusticia.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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