Tinta Socialista No. 136. Las declaraciones del gobernador de Michoacán son la comprobación de una campaña represiva contra el FNLS y el conjunto del movimiento popular

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Ciudad de México a 7 de noviembre de 2020

A la opinión pública

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La declaración del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, el pasado 4 de noviembre del año en curso contra el conjunto del movimiento popular es amenazante y criminalizadora, es la expresión clara de una campaña represiva contra compañeros integrantes del FNLS. Explicaciones de una administración perredista que se ha caracterizado por ser antipopular, profascista y autoritaria.

Los argumentos del gobernador respecto que a la toma de las vías del tren, es de un grupo de maestras y maestros disidentes de la CNTE, la facción más radical de este movimiento, principalmente quienes saben de este movimiento, están bien ubicados, junto con algunos pseudo líderes aliados, que más que la defensa de las demandas legítimas busca desestabilizar, motivados por intereses que disfrazan a través de posturas ideológicas y defensa de luchas sociales, destaca por su extremismo el grupo que se hace llamar Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, entre otros”, expresan el odio de la clase que detenta el poder político y económico en la entidad michoacana, son ellos los que piden a gritos la aplicación del estado de derecho a través de la represión contra los trabajadores de la educación.

La vocación profascista emerge en todo el contenido de dicha declaración, ilustra que tiene preparada una andanada represiva contra los elementos más consecuentes de la lucha magisterial popular. No sorprende que su vocabulario esté distinguido por conceptos que se fundamentan en la ideología más recalcitrante de la ultraderecha, de personajes que tiñeron de sangre el partido que hoy lo tiene en el poder con más de 600 víctimas.

En la entidad michoacana los derechos a la organización, a la libertad de expresión y manifestación de ideas son conculcados por la administración estatal, quien desde que inició la administración perredista se ha distinguido por cometer graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado, entre ellas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, represión y desalojos violentos.

Cuando la razón no asiste a la parte institucional, recurre a las descalificaciones y señalamientos amenazantes contra el pueblo que ejerce crítica política. Mentira sobre mentira, construye su versión de los hechos para intentar confundir a la población y contener las demandas populares, de lo contrario, ¿por qué tanta insistencia en descalificar nuestra lucha en el FNLS ?, ¿por qué señalarnos de “extremistas”, “pseudolíderes”, “radicales” y “desestabilizadores”, así como “disfrazantes de posturas ideológicas y defensa de luchas sociales” ?

Nuestra lucha es legítima y no ocultamos la aspiración de que una formación socioeconómica es posible, donde no exista explotación del hombre por el hombre, empero, quien hoy ostenta el escaño máximo del poder estatal, miente y manipula los hechos para mantener sus cotos de poder. Utiliza los emblemas políticos que en su momento estuvieron del lado de las masas trabajadoras para satisfacer sus negros intereses, o ¿de qué otra manera se puede entender sus alianzas con los gobernadores panistas y priistas ?

¿Por qué satanizar la expresión de ideas de una parte del pueblo que lucha por mejores condiciones de vida ?, el FNLS lo conforman hombres y mujeres que luchan por el socialismo en México, científicos sociales que luchan por la transformación de la sociedad, donde la desigualdad social, el hambre, la pobreza, la miseria y la explotación económica no sean parte de nuestras vidas cotidianas, ¿eso es extremista ?

El gobernador no repara en sus dichos o sus asesores no hacen bien su trabajo. ¿Acaso no es más extremista aquel que se encumbra en la gubernatura con un emblema de “izquierda” pero realiza alianzas con lo más nefasto de la ultraderecha ? Eso sí es ir de un extremo a otro. En nuestro caso, tal concepto no tiene parangón.

Exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos es un acto de dignidad, un llamado a los sectores del pueblo para no permitir que un gobierno que dice respetar los derechos humanos mantenga en las cárceles a luchadores sociales. Banderas de lucha que no tienen nada que ver con lucha disfrazada, a menos de que la administración silvanista esté de acuerdo con el cometido de desapariciones forzadas y la prisión por motivos políticos.

Hoy las cárceles albergan a luchadores sociales, en esa condición están nuestros compañeros Leobardo Reyes Meza, profesor de educación indígena del sector IX de la Sección XVIII del SNTE, hoy permanece como rehén político de la administración Silvanista ; así como los compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, presos políticos en el estado de Chiapas.

La palabra radical es un adjetivo, viene del latín radicalist, la cual significa de la raíz, que afecta la raíz o principio de la cosa, por tanto, ser radical no es dañino, al contrario, refiere a la transformación, a modificar de raíz los fenómenos políticos y económicos que genera el modo de producción capitalista al pueblo trabajador. Todo hombre o mujer que lucha bajo este principio es porque vive en carne propia las políticas propias del régimen neoliberal.

La toma de las vías del tren por los trabajadores de la educación en Michoacán no es un capricho personal, ni mucho menos obedece a “intereses personales” o de “grupos”, es una demanda legítima, que tiene sustento en la indolencia institucional, en la negación de la administración estatal por resolver las demandas magisteriales que tienen años de no ser solucionadas.

El bloqueo de las vías del tren al único sector que afecta es al sector empresarial, son ellos los que piden a gritos que se aplique el estado de derecho y todo el peso de la ley contra los trabajadores de la educación. Pero esta afectación no es en su humanidad, sino en sus mezquinos intereses, por eso la urgencia del gobierno michoacano por quitar al magisterio de su trinchera de lucha. La descalificación y criminalización de la protesta popular es política de gobierno, una forma de aislar a las organizaciones populares de la solidaridad del pueblo.

La insistencia del Ejecutivo estatal de aplicar el estado de derecho es la represión, el empleo de policías, toletes, gases lacrimógenos… todo ese arsenal de pertrechos para reprimir al pueblo que protesta, negar a la legitimidad de éste y justificar con la ley burguesa el cometido de violaciones a los derechos humanos ; quien exige la aplicación de la ley, en los hechos exige la represión contra el pueblo organizado.

Es falso que el bloqueo afecte la economía de las comunidades más alejadas, porque éstas son las que menos le interesan al gobernador, en lo último que piensa como titular del Ejecutivo estatal es combatir la pobreza, la miseria o las muertes por enfermedades curables, como todo hombre formado en las instituciones del régimen sólo piensa proteger los intereses políticos y económicos de los grupos empresariales.

La pandemia provocada por el SARS-COV-2 sólo profundizó aún más la crisis económica que aflora a nivel mundial, fenómeno político y económico que no es exclusivo de México sino en todo el mundo, por tanto, no es un hecho provocado por las protestas de los trabajadores de la educación. Es absurdo que el bloqueo a las vías del tren represente la “suspensión de actividades productivas, la pérdida de empleos y el daño a la economía de muchas familias, porque dependen del tránsito de mercancías”. Esas concepciones, sólo develan el papel cancerbero del capital de Silvano Aureoles Conejo.

La afectación a los empresarios es mínima, porque ellos tienen aseguradas sus mercancías, además han acumulado por años el producto del trabajo que roban al pueblo trabajador. La obstrucción del flujo de mercancías es una actividad de protesta, donde las pérdidas millonarias que argumentan indican el tamaño de la explotación de la fuerza de trabajo.

Como hombres de negocios siempre cuentan con el apoyo institucional a través de fondos económicos para que recuperen lo “perdido”. Las masas trabajadoras, no tenemos nada que perder más que nuestra condición de explotados y oprimidos, por eso miente Silvano Aureoles Conejo cuando dice que esa acción de protesta afecta miles de empleos y daña la economía de familias michoacanas.

Si la demanda de los trabajadores de le educación estuviera resuelto, no habría necesidad de realizar el bloqueo, ni de protestar ; es indignante que a la indolencia y oídos sordos gubernamentales se atreva a decir que los trabajadores de la educación cometen un delito y que el gobierno estatal está en la mejor disposición de resolver las demandas, cuando la realidad objetiva expresa negación, dilación y represión.

Por enésima ocasión, el FNLS es una organización hermana a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y de manera puntual a Poder de Base de la sección XVIII, y son ellos quienes tienen sus mecanismos de dirección que decidieron manifestarse en las vías del tren, actividad a la cual enviamos nuestra total solidaridad y respaldo.

Cualquier acto de represión y hostigamiento contra quienes formamos el FNLS en Michoacán, será responsabilidad del gobierno de Silvano Aureoles Conejo por comisión, y del Ejecutivo federal por omisión.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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