Más de 600 desaparecidos en Michoacán: CEDH y ONU Francisco Castellanos

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Michoacán se ubica en los primeros diez estados del país con el mayor número de desapariciones forzadas reportadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aseguró el ombudsman en la entidad, José María Cázares Solórzano, quien precisó que durante el 2011 se registraron 600 casos. Este año suman 34, al día de hoy.

Morelia, Mich., Mayo 16 .- Michoacán se ubica en los primeros diez estados del país con el mayor número de desapariciones forzadas reportadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aseguró el ombudsman en la entidad, José María Cázares Solórzano, quien precisó que durante el 2011 se registraron 600 casos. Este año suman 34, al día de hoy.

Destacó que en lo que va del año, se han presentado 34 casos, mientras que las ciudades donde más se presentan las desapariciones forzadas son Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zitácuaro, Morelia y Uruapan, lo anterior se dio a conocer en el Congreso de Michoacán en el “Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU Sobre Desapariciones Forzadas”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Laura González Martínez, expresó que no se puede negar que en el estado ocurren ese tipo de desapariciones porque se conocen las historias, especialmente jóvenes, que salieron de sus hogares y no regresaron.

Sin embargo, no hay datos duros formales y las cifras extraoficiales no son consistentes porque los familiares de las víctimas están atemorizados y no hablan de ese delito y se desconoce con precisión en qué circunstancias desaparecieron, señaló la diputada plurinominal del PAN.

“México enfrenta una complicada situación en materia de seguridad pública debido a al incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado. La violencia continúa a pesar de las detenciones y asesinatos de presuntos importantes de grupos delictivos, así como el decomiso significativo de enormes cantidades de drogas y armas. El crimen organizado ha extendido sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros, la extorsión”, agregó Jesús Peña Comisionado en México de la ONU.

Por ello, indicó que el informe de la Misión a México del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas o involuntarias, servirá a la sociedad porque sabrá con certeza que hay desapariciones sistemáticas de personas.

Y es que hay servidores públicos y representantes populares que no ven ni escuchan los problemas de inseguridad que prevalecen en la entidad, como el diputado Antonio Sosa López, quien dijo que como él no conoce ningún caso, no podía opinar del tema, pese ser integrante de la comisión legislativa de Derechos Humanos.

El presidente de la CEDH, José María Cázares Solórzano, informó que durante el año pasado se realizaron más de 600 canalizaciones para la localización de personas a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Dirección de Prevención y Reinserción Social (DPRS) y la Cruz Roja.

El común de estos casos es que los familiares refieren que las personas desaparecidas salieron a trabajar, a la tienda o de viaje y ya no regresaron. En la mayoría de los casos fueron levantados por vehículos y personas no identificadas de las cuales no se tienen mayores referencias.

Los municipios que tienen mayor registro de casos, son Puruándiro, Morelia, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Jacona, Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zacapu y Zamora.

Entre ellos, por desaparición forzada se registraron 34 casos, 21 en contra de la Policía Federal Preventiva (PFP), 7 en contra de Ejército Mexicano, en cuatro quejas no se identificó a la autoridad, uno en contra de elementos de la Policía Ministerial (PM) y uno en contra de la Policía Municipal de Turicato.

TESTIMONIOS

En presencia de Janhui Paredes Lachino y Nadim Reyes Maldonado, dirigentes del Comité de Familiares Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, hijas de activistas desaparecidos Francisco Paredes Ruíz y Raymundo Reyes Anaya, respectivamente, afloraron los testimonios de impunidad y amenazas hacia los familiares.

“Entre más pobre estas, menos elementos tienes para defenderte ante las autoridades”, dijeron unas mujeres de Puruándiro.

“Cuando vamos a poner la denuncia de nuestros seres queridos desaparecidos, se nos criminaliza. Somos objeto d e intimidaciones, amenazas y maltratos psicológicos, obligándonos a dar información que nos inculpe por la desaparición forzada de nuestros parientes; que si por no educarlos bien, por las personas con las que se juntan, por cómo se visten por los tatuajes, o bien sólo dicen lo que nosotros queremos escuchar en ese momento dando falsas esperanzas de que los van a encontrar, solamente para que nos les quitemos de encima”.

Añaden: “En esas dependencias no hay personas preparadas para atender este tipo de denuncias; el 20 de abril de este año, Alberta Corona Banderas, Ma. Elena Jiménez Mejía y Cristina Paredes Lacino, líder de Hasta encontrarlos, , para presentar la denuncia de cuatro jóvenes que fueron desaparecidos en un retén de la policía municipal de Turicato, Michoacán en el 2009, y hasta el día de hoy las autoridades se han negado a dar respuestas sobre el paradero de los jóvenes”.

“ Nos atendieron con prepotencia e ineptitud; la licenciada, que levantó la averiguación previa no sabía escribir; al terminar trataron de obligarnos a pasar a un supuesto departamento o banco de ADN para tomarnos muestras, a lo que nos negamos porque sabemos que el Estado pone los ´falsos positivos´ que significa presentar un cuerpo falos como respuesta mediática para los familiares e impedir que se organicen para exigir la presentación con vida de nuestros familiares y quitar toda responsabilidad al Estado”.

“Por no querer dar las muestra de ADN nos siguen acosando, diciendo que tenemos que firmar un documento donde nos responsabilizan de que si llegaran a encontrar un cuerpo y este respondiera al de nuestro familiar no iba a poder ser reconocido que tal vez ya estaba en el Servicio Médico Forense, y si no se reconocía se iba a la fosa común; aún bajo estas amenazas y hostigamiento no aceptamos por ser esto una falacia del Estado”.

“Más tarde nos dijeron que teníamos que pasar con un psicólogo perteneciente a la procuraduría de justicia de la entidad, cuyo trabajo es hacer que los familiares nos resignemos a la desaparición de nuestro, hijo, padre, hermano o pariente, a lo que también nos negamos y ya molestos comentaron que era un nuevo procedimiento que se realizaba en la procuraduría el que teníamos que seguir a Huevo”.

También estuvieron presentes familiares de los periodistas michoacanos desparecidos, Antonio García Apac (levantado en la Ruana, director de ECOS de la Costa), Esther Cansimbe, corresponsal de Cambio de Michoacán en Zamora, Ramón Zalpa Ángeles, corresponsal de Cambio de Michoacán en Paracho, Mauricio Estrada, Corresponsal de La Opinión de Michoacán en Apatzingán, entre otros.

“Cuando los familiares de desaparecidos nos presentamos por primera vez a la Procuraduría de Justicia de Michoacán a poner la denuncia por desaparición forzada, se nos criminaliza por el simple hecho de querer saber ¿dónde están?”.

“Si vamos a la Fiscalía especializada en Atención a Periodistas de la PGR, la cosa es pero, nos amenazan, nos dicen ¿a qué vienen?, mejor regresen y nos tienen horas y horas ahí sin agua, atención, como si fuéramos delincuentes”.

Un familiar de Zalpa, temeros comenta: “Es un martirio ir a la procuraduría para saber cómo van las indagaciones, malos tratos. En la exigencia por la presentación con vida de nuestros familiares detenidos desaparecidos, día a día nos enfrentamos a un sinfín de trabas gubernamentales, hostigamiento, vigilancia de carros, de personas desconocidas que rondan nuestros domicilios y que nos siguen a todos lados, teléfonos intervenidos y en general un permanente acoso para que desistamos en nuestra lucha”.

Ver en línea : http://www.ahuizote.com/2012/05/16/...

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