La jefatura de gobierno de la Ciudad de México contra las exigencias de justicia del pueblo

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Ciudad de México a 30 de septiembre de 2020

A la opinión pública

La práctica del gobierno de la Ciudad de México, al pasar por el tamiz del análisis se desprenden un conjunto de fenómenos inherentes a las formas gubernamentales de hacer política que se contrapone sobremanera al discurso de defender los derechos humanos y considerarse como una administración “diferente a las anteriores”.

En una sociedad donde privan los intereses de la propiedad privada de forma natural surge el descontento del campesino pobre, el jornalero, así como del trabajador asalariado concentrado mayormente en la ciudad ; los empresarios concentran la riqueza resultado del trabajo de los segundos, esta contradicción es una de las causas motrices de la constante movilización de los sectores populares.

Aquel fenómeno es la radiografía de la vida cotidiana en la Ciudad de México, porque constantemente las masas trabajadoras exigen justicia para sus seres queridos, u otras demandas más sentidas, éstas a su vez constituyen en derechos negados o bien que obligan a los diversos sectores populares ejercer su legítimo derecho a protestar ante políticos de oficio indolentes y perpetuadores de la impunidad.

En la metrópoli también es común observar cómo por la vía del hecho brotan formas creativas para sobrevivir al hambre y paliar el desempleo, actitudes que se contraponen a las formas gubernamentales de hacer política, como la corrupción, para tener un pequeño espacio para ejercer el comercio informal, para el caso, la expresión de un comerciante “para estar en un espacio público se requiere de cabeza, dinero y huevos”.

Los fenómenos expuestos en los párrafos anteriores, condensan dos aspectos de la realidad objetiva de la CDMX cuya esencia es la misma, son resultado de las relaciones de opresión y explotación en la que vivimos, mientras unos decidimos protestar a través de la lucha popular independiente y combativa otros permiten el sometimiento a través de las redes de corrupción imperantes o tratos nada dignos.

La corrupción como se observa es la norma en la sociedad capitalista, este factor sociológico y político es usado por el Estado de manera perversa para obligar al comerciante ambulante, al desempleado a formar parte de los grupos de provocadores o de choque, según sean las exigencias nefastas de los gobiernos en turno, para lanzarlos contra quienes exigimos justicia y libertad a los presos políticos o bien contra el conjunto del movimiento popular.

El desempleo, la pobreza, la miseria muchas veces son la razón de los políticos de oficio para ganar clientela política, lucrar perversamente con las necesidades del pueblo, de ese modo se explica la actitud de quienes a fuerza de la coerción fueron obligados a provocar a nuestros compañeros quienes realizaban un mitin a un costado de Palacio Nacional el 25 de septiembre de 2020.

Los hechos dilucidan la actitud reaccionaria de la jefa de gobierno la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, mientras en el discurso arguye preocupación por el pueblo a causa de la pandemia, pero, en los hechos manipula a las masas que luchan por sobrevivir, de esa manera se coloca ante la opinión pública el carácter demagógico de su discurso de garantizar el bienestar de los trabajadores.

Los “comerciantes” que agredieron en la actividad de denuncia, argumentaron que fueron coaccionados a ir a provocar, de lo contrario perderían el espacio que les fue otorgado en la calle República de Brasil del centro histórico. Este hecho ilustra la manera de confrontar a sectores populares, lo que no exime la actitud nefasta de quienes contra su semejante se sienten envalentonados, pero ante la institución actúan como pusilánimes.

Lo ocurrido contra nuestros compañeros representa por un lado una consecuencia de imponer medidas jurídico-administrativos, punitivas quienes en su lógica violan las normas de contingencia sanitaria, por el otro, es el pretexto para obligar a las masas a confrontarse en la lucha por sobrevivir o exigir sus demandas más sentidas, que deriva en menoscabo del derecho a la protesta.

Esa arbitrariedad es un rasgo constante en lo que va de la pandemia en la CDMX, criminalizar la protesta o la necesidad del pueblo por salir a las calles a sabiendas de exponer su salud, para garantizar el derecho a la alimentación de sus familias, como ocurrió con los artistas callejeros el pasado 2 de septiembre al detener a ocho de ellos.

La agresión contra los artistas callejeros u otros comerciantes informales como la humilde persona de la tercera edad a quien la policía le despojó de sus mercancías, o el niño que expedía dulces… y así una lista interminable de ejemplos, con el argumento opresivo de que violan normas de cultura cívica en el centro histórico, implica con la lógica jurídica, omitir abiertamente el contexto sociopolítico y económico en que viven “los más desprotegidos”, como arguye el discurso oficial.

Los “ambulantes” son la fiel expresión de las condiciones precarias en las que viven las familias proletarias en la gran metrópoli, es la antítesis del discurso de la jefa de gobierno por ocultar la pobreza reinante en la Ciudad. La protesta popular es la evidencia irrefutable de un gobierno incapaz de materializar la anhelada “transformación”, que es lo mismo, el deseo metafísico de bienestar de los “más pobres” cuando impera las leyes económicas del capital.

El hostigamiento policíaco contra nuestros compañeros en los diferentes mítines realizados frente a Palacio Nacional o en las afueras de la estación Pino Suárez del STCM, se antepone la legalidad mas no la actitud vociferada, el respeto a la libertad de expresión, comportamiento político que se traducen a nivel de entidad y la federación, “escuchar más no atender” las demandas del pueblo.

Los estragos que genera la crisis económica capitalista en la pequeñaburguesía que lucha por evadir su estrangulamiento por la dictadura de los dueños del capital comercial, financiero y el sector servicios, de este último, por ejemplo, la CDMX espera “recuperar” 14 millones de visitantes, es deducible el interés por anteponer la “recuperación” de la economía en vez de atender o coadyuvar las demandas de los trabajadores.

Como es notable y deducible, la precariedad de las masas no figura en la agenda de la jefa de gobierno, únicamente cuando se trata de garantizar simpatía y ganar clientela política. Aquí la prioridad como es la norma en la sociedad burguesa, la primacía es el interés de los grandes empresarios, pero el derecho a petición del pueblo cuando éste cuestiona la legalidad burguesa o intereses de grupos políticos es omiso, viola sistemáticamente su propio marco jurídico.

La jefa de gobierno al parecer no da señales de ser un gobierno diferente en materia de derechos humanos, en la atención a las demandas de los trabajadores, la realidad es reveladora, por esto, es necesario denunciar cada atropello que se cometa contra los sectores populares, porque somos los desposeídos de la Ciudad quienes padecemos sobremanera los estragos de la pobreza, el desempleo y la miseria.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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