Tinta Socialista No.131. El buen deseo sigue sin materializarse en la realidad que vive el pueblo mexicano

Ciudad de México a 8 de septiembre de 2020

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La modificación de las condiciones de existencia del pueblo trabajador no es asunto de buena voluntad. Dos años de gobierno confirman que la violencia institucional tiene patente en las entrañas del Estado mexicano. Erradicar la corrupción, recuperar el estado de derecho, separar el poder político del económico o el cambio de paradigma en seguridad son elementos que no redundan en mejoras en la realidad que viven las masas trabajadoras.

El pueblo vivió una entrega más de loas y guirnaldas del recuento de hechos en un año más de gobierno, pero por más esfuerzo que realiza no logra advertir la materialización de esos logros. Cada personero que ocupa la presidencia de la República presenta el curso de su gobierno con saldos favorables, sin embargo, muchos de estos aspectos no son palpables para la mayoría de los trabajadores.

Es preciso una alta dosis de optimismo para aceptar el avance que sugiere la voz institucional, porque a pesar de la insistencia de erradicar la represión, corrupción o violación a los derechos humanos, lo cierto es que estas agresiones persisten en varias entidades federativas, lo que trasgrede el discurso oficial, de donde se desprende que la autoridad a nivel federal debe dar puntual respuesta a tales hechos.

La trama mediática sustentada en el señalamiento de funcionarios envueltos en toda una madeja de corruptelas no significa que este mal inherente al régimen se encuentre en franca erradicación, por el contrario, los nombres que desfilan en esta pasarela de actos antijurídicos forman parte de un hecho concreto: las entrañas de todas las estructuras de poder están contaminadas por los males del capitalismo.

Sobre la culpabilidad de un personaje de la política de administraciones anteriores se quiere fincar al triunfo gubernamental sobre la corrupción, empero, todavía es mucho el trecho por recorrer, el hecho de que haya funcionarios indiciados en hechos de esta naturaleza no implica la superación de este mal inherente, por lo que resulta un manejo perverso porque es claro que la pretensión gubernamental es buscar todos los mecanismos necesarios para eludir la prisión de los implicados.

La realización de la consulta para decidir si serán llevados a juicio a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto es una ardid publicitario, porque de esa manera existe la pretensión velada de echar por tierra la máxima que ponderaba no habría nada por encima de la ley.

El trato preferencial y el manejo mediático de los aspectos de justicia es evidente, porque no hay razón para consultar a nadie si hay algún indicio sólido del cometido de actos de corrupción y no sólo de eso, sino del cometido de crímenes contra el pueblo, no debe haber duda de establecer los cauces jurídicos necesarios.

A los presos políticos de organizaciones populares no les fue consultada si querían ser enjuiciados o no, contra ellos en la vía de los hechos se les condujo a prisión mediante artilugios leguleyos. Es el caso de varios presos en el estado de Chiapas, sobre nuestros compañeros pesan acusaciones sin fundamento que les privó de más de un año de su libertad, al mismo tiempo que los funcionarios de aquella entidad sostienen la campaña de hostigamiento y persecución contra comunidades organizadas de manera independiente.

La conclusión es puntual, no hay erradicación de la corrupción en tanto la estructura del régimen siga intacta, mientras los vínculos que atan a determinado político de oficio con un grupo empresarial es abierto y velado a la vez, donde los acuerdos, pactos y tratos nada honestos son la forma de vida de muchos politicastros.

Las excepciones existen, sin embargo, así como no es posible encuadrar a toda la crítica al origen de la reacción, de esa misma manera en los personajes que son investidos con el escaño máximo de la política institucional, cada uno responde a determinadas condiciones socioeconómicas. La diferencia entre la crítica desde el movimiento popular es que los dichos son contrastados con hechos concretos, donde no hay correspondencia.

La recuperación del estado de derecho es otro sofisma que es mantenido como premisa para explicar el “fortalecimiento” de las instituciones, porque la realidad indica que la ley es utilizada para castigar a quien lucha y se organiza de forma independiente, es contra las organizaciones populares.

La coerción del derecho a la organización es una realidad inocultable, porque los perseguidos y reprimidos son los que integran los esfuerzos organizativos, es notable la selectividad de los crímenes contra la voluntad de lucha del pueblo trabajador, lo que indica que, si desde la voz institucional a nivel federal sostiene que no habrá más casos de este tipo, el hecho concreto es que esa situación continúa.

Ningún gobierno es verdaderamente honesto, ninguno presenta acciones inconclusas, aunque esta sea la realidad palpable. La opinión pública es bombardeada de triunfos que no son manifiestos en la realidad objetiva, lo que conduce a deducir que las variantes de una administración a otra son mínimas en función que mantienen los mismos parámetros de la institucionalidad burguesa.

La prisión por motivos políticos es un hecho inocultable que sigue presente a lo largo de dos años de gobierno. A decir de funcionarios de gobernación reconocen la existencia de 2 mil 500 presos en estas condiciones, en los cuales, están nuestros compañeros Javier, Armando, Venturino, Asunción, Leobardo, los cinco integrantes del FNLS, así como Juan y Rosa del FDROC.

No hay recuperación del estado de derecho, existe la primacía del interés privado en la ley, es el derecho de la oligarquía el que está garantizado a través del programa de desarrollo económico. Una legalidad sostenida en la propiedad privada, en el interés de un grupo reducido de oligarcas no puede ser justa, por lo que es evidente que el castigado y enjuiciado sea el pobre del campo y la ciudad.

Separar el poder político del poder económico es una quimera, tal aspecto simplemente es inadmisible, porque en los hechos lo que existe es la validación a través de las instituciones el interés de la cúpula empresarial, es la imposición de la voluntad del capital por medio de una estructura gubernamental. Es imposible romper con esa lógica por mucha voluntad personal que exista, por esa razón con remozados bríos, pero existe la continuidad del capital.

Los beneficiados de cada medida política del gobierno son los empresarios, ellos tienen plenas facilidades para invertir en nuestro país, lo que se traduce en mayor explotación de los recursos naturales y energéticos. Es falso que no haya otra manera de garantizar el bienestar de los pueblos más que anclados al poder del interés privado, en el mundo existe la antítesis de este régimen que genera iniquidad social.

La insistencia de que primero están los pobres resulta una tesis inexacta, porque al final de la ecuación no son sus intereses los que están en primer plano. Algunos insisten en reconocer ciertas mejoras en la calidad de vida de los trabajadores mediante los programas sociales, no obstante, estas mejoras resultan un oasis temporal muy efímero.

El cambio de paradigma en seguridad nacional constituye en el reforzamiento del Estado policíaco militar, la creación de nuevos cuerpos coercitivos no significa ningún cambio, es la continuidad de la premisa del paradigma del desarrollo económico a través de la seguridad, lo cual se traduce en la violencia institucional como puntal de crecimiento económico del país.

No es posible hablar de un desarrollo armonioso cuando es fundamentado con el despliegue policíaco militar en todo el territorio nacional, cuando en los hechos existe desplazamiento forzado, violencia en todas las modalidades y las violaciones a los derechos humanos, ante ello no es factible presentar a un Estado mexicano seccionado o parcializado, como ente existe unidad y como tal adquiere responsabilidad política y jurídica.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS