No hay justicia mientras Llaven Abarca no sea investigado y enjuiciado por sus crímenes

, par  Chiapas , popularité : 2%

Chiapas, México. 29 de agosto de 2020

Al pueblo en general

No hay justicia mientras Llaven Abarca no sea investigado y enjuiciado por sus crímenes

Llaven Abarca como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE-Chiapas) tiene completa responsabilidad en las injusticias cometidas en la entidad tanto por omisión, comisión y aquiescencia. En esta instancia la ley es maniobrada para fines represivos y para otorgar impunidad a los criminales de Estado.

Detrás de cada injusticia cometida en la entidad está el Fiscal cómo autor intelectual, y de él otros más como Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos y demás participantes en las “mesas de seguridad” instancia en dónde se planea la violencia institucional en contra del pueblo trabajador para beneficiar intereses de los grandes empresarios.

Estos personajes dicen ser impulsores de la cuarta transformación, proyecto político que ha dejado en Chiapas un mar de injusticias y violaciones a los derechos humanos, la denuncia de familiares de víctimas de la represión, la protesta de organizaciones populares ha exhibido con datos y pruebas que quien gobierna la entidad es una administración represiva y demagógica.

Toda la denuncia, la movilización y protesta popular ha provocado que la FGE busque formas para limpiar su imagen, ocultar su responsabilidad y contener el descontento de la población, una de estas formas es simular acciones de justicia que consisten en la creación de chivos expiatorios o en la detención de funcionarios menores para presentarlos como únicos culpables de la represión.

Por ejemplo, a finales de febrero del presente año dos agentes de la Policía Estatal fueron detenidos, recluidos y presentados como responsables de la represión cometida en contra de estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá y los familiares de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Esta represión fue cometida el 16 de febrero de 2020 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Por su puesto que la policía de manera brutal reprimió la manifestación en donde los normalistas y familiares exigían la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y el castigo a los culpables, sin embargo, estos policías no actuaron por iniciativa propia sino por órdenes, son esos mandos que ordenan los operativos policiacos y militares contra el pueblo los que tienen que ser igualmente castigados, hablamos de comandantes hasta el propio fiscal.

Un segundo ejemplo es la detención de autoridades penitenciarias del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, fueron culpados de “abuso de autoridad” por la muerte al interior del penal del señor Adolfo Gómez de 63 años a finales de julio pasado.

Lo oculto en este caso es que el Señor Adolfo fue detenido de manera injusta, sin delito alguno, fue encarcelado por órdenes del Fiscal, desde ese momento se cometió una injusticia que de no haberse cometido se hubiese evitado su muerte, ahora Llaven Abarca para deslindarse de su responsabilidad sacrifica a un par de funcionarios menores.

Don Adolfo fue asesinado, torturado y extorsionado al interior del penal, la Fiscalía pretende presentar este caso como un hecho de suicidio, argumento nada creíble que expresa el intento del fiscal de esconderse de la justicia.

A todo esto, le sumamos su responsabilidad en el cometido de actos de tortura, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2002 en donde se señala la participación de Llaven Abarca en distintas detenciones arbitrarias y tortura durante un operativo policiaco realizado en el municipio de Marqués de Comillas.

La tortura desde la fiscalía se aplica como método de investigación policiaca, diversos casos lo afirman, por ejemplo, la tortura propiciada a nuestros compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez durante un operativo de detención arbitraria e injusta.

Existen pruebas en las carpetas de investigación que la fiscalía omite y oculta para no investigar a fondo esta práctica inhumana, por su puesto que la esencia es proteger a los perpetradores y en este caso específico para mantener en la impunidad a Llaven Abarca por este crimen.

Es amplio el catalogo de casos que demuestran la responsabilidad de los encargados de la política interna en las graves violaciones a los derechos humanos, de igual manera las pruebas que demuestran como la ley es maniobrada para imponer injusticias y proteger a los culpables.

Los policías actúan bajo órdenes, estos materializan la represión que es planeada desde las mesas de seguridad por lo que hablar de justicia significaría investigar a dichos funcionarios que se pasean en los pasillos institucionales como si no hubiesen cometido ningún crimen mientras que hay luchadores sociales que yacen en las cárceles injustamente únicamente por defender sus derechos.

Si la impunidad y la represión es la política de esta administración chiapaneca el movimiento popular tiene el legítimo derecho a exigir justicia, es un derecho humano el protestar y tener acceso a la justicia, en este contexto únicamente se logra por la vía de los hechos. Continuemos impulsando la organización popular y ¡todos a luchar contra la represión !

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Navigation