Análisis y opinión. La persecución política contra luchadores sociales es una práctica de gobierno que rebasa límites sexenales

, par  Ciudad de México , popularité : 1%

Ciudad de México a 21 de agosto de 2020

A la opinión pública

La persecución política es una política de gobierno transexenal, cometida contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y toda voz crítica al régimen. Una forma de hostigamiento contra el sujeto político que está organizado con la intención de contener y criminalizar la protesta del pueblo trabajador.

En sus inicios la actual administración federal aseveró, “nunca más habrá un régimen autoritario que persiga a las personas por sus ideales, por su militancia y por sus convicciones”. No obstante, a casi dos años de gobierno, el dicho expresa una realidad totalmente distinta a la que discursivamente enunció, pues las cárceles del país albergan a nuevos presos políticos por defender sus libertades políticas y otros más son víctimas de persecución política.

Los luchadores sociales con frecuencia son sujetos a procesos penales sin fundamento con el objetivo de contener la protesta y criminalizar su lucha. La instauración de estos procesos es elaborada de forma ambigua por fiscales o ministerios públicos con la intención de justificar la detención y su estancia en las mazmorras del Estado, entre más largo sea el proceso es mejor porque así se le mantiene el mayor tiempo posible en la cárcel al sujeto político.

En cada proceso jurídico se observa la tipificación de delitos aprobados en las estructuras del Estado, las cuales, son para minar la combatividad y lucha de las masas organizadas. Así es que a una toma de carretera o de la vía del tren le anteponen el nombre de “ataques a las vías de comunicación” a un volanteo informativo en casetas de peaje lo conceptualizan como “secuestro”, a un volanteo o pegas de cartel lo tipifican como “falta administrativa” por tratarse en su lógica de propaganda “comercial”.

Las conceptualizaciones que imponen desde la oficialidad al sistema jurídico llevan consigo la reglamentación e impedimento de la movilización popular ; ante cada acción política que desarrolla el pueblo le anteponen un artilugio leguleyo para minar el desarrollo político de la denuncia, y ante la opinión pública lo equiparan como si fueran delitos comunes a los que necesariamente hay que castigar con todo el peso de la ley burguesa.

La promulgación de leyes que castigan indebidamente el derecho de reunión y libertad de expresión es un ejemplo del marco jurídico que castiga indebidamente estos derechos establecidos en leyes y tratados internacionales en la materia ; también están los tipos penales que sancionan la realización de manifestaciones sin previo aviso, ejemplo de ello, los protocolos y reglamentos para marchas y manifestaciones en la Ciudad de México, los cuales, llevan implícito la reglamentación de las actividades políticas.

La persecución política va de la mano con la criminalización y judicialización de la protesta popular, los luchadores sociales sujetos a procesos penales que inician en su contra, en las cuales les imputan delitos que están tipificados de una forma amplia o confusa, en las carpetas de investigación existen contradicciones en tiempo, modo, lugar y circunstancia.

La elaboración de expedientes incriminatorios contra luchadores sociales es una forma de represión que en la vía de los hechos transgrede los derechos y libertades políticas del pueblo organizado ; con ello pretenden infundir miedo ante los demás para que no hagan lo mismo, de lo contrario serán sujetos al mismo castigo.

La investigación de datos personales, actividades políticas en las que participa el luchador social son parte de esta práctica institucional, que por lo general, incluye actividades e informes de inteligencia, ya sea del ejército o de las diferentes corporaciones policíacas ; por eso no es novedoso que al ejército mexicano se le otorgue protección y más poder a través de las modificaciones al marco jurídico para que puedan intervenir llamadas telefónicas, cateos a domicilios o detener a personas que consideren “sospechosas”.

El cinismo de las autoridades es tal que, con tal de mantener al luchador social en la cárcel, fabrican declaraciones en las carpetas investigación, aceptan procesos jurídicos sin pruebas o con denuncias de testigos falsos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar son modificadas, ni siquiera coinciden en la investigación.

Es tal el descaro institucional que, emiten órdenes de captura sin bases suficientes, no respetan los plazos y someten a procesos prolongados a los sujetos políticos para mantenerlos el mayor tiempo posible en las cárceles del país como una forma de tortura psicológica, aunque esté comprobado que los luchadores sociales ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos, modifican a modo los expedientes para hacer tortuoso el tiempo que dure la causa jurídica.

Ejemplo de lo anterior es lo que sucede con los compañeros Noemia Calles Ríos y Jorge Ceja Ramos, quienes son compañeros, luchadores sociales, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) ; son perseguidos políticos, se les incrimina de hechos inadmisibles supuestamente acontecidos el 23 de julio de 2019, durante una actividad de difusión y denuncia que se realizó para exigir alto a la represión en el estado de Chiapas, lugar donde fue detenido arbitrariamente, desaparecido de manera forzada, torturado y hecho preso injustamente el compañero Javier González Díaz.

La acusación de la que son objeto es quimérica, los compañeros no cometieron los delitos que les imputan, en ese momento, la compañera Noemia no estaba en el estado de Michoacán, ella realizaba actividades de educación política y culturización en el estado de Chiapas. Las actividades políticas de masas en ningún momento puede ser un acto delincuencial, obedecen a las políticas represivas y a la violencia institucional que ejerce el gobierno mexicano contra el pueblo organizado.

Los delitos que les imputan a los compañeros son fabricados, dolosamente los acusan de hechos que no cometieron, con ello pretenden minar la combatividad y lucha que desarrollamos en cada uno de los estados donde tenemos presencia y arraigo. Lo expresan como una forma de castigo para contener la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos en el país.

Es un caso que expresa la generalidad en todo el territorio nacional, donde la criminalización de la protesta popular y la judicialización es una forma de represión contra las masas organizadas, principalmente contra aquellas organizaciones de carácter popular que luchan por la vía independiente fuera de los marcos corporativos gubernamentales.

No es novedoso lo que hacen con los compañeros, es una práctica institucional de carácter sistemático y transexenal, independientemente de quien asuma la silla presidencial, la ejecutan contra los sujetos políticos que ejercen crítica política al régimen. El perseguido político desde las estructuras del Estado es visto como un criminal al que se debe castigar con conceptualizaciones basadas en el estado de derecho burgués para hacer efectiva una orden de aprehensión e incriminarlo.

Hoy nuestros compañeros son perseguidos políticos, son incriminados por pertenecer a una organización popular e independiente que impulsa la lucha por el socialismo en México, por ejercer crítica política al régimen, por exigir JUSTICIA para las víctimas de desaparición forzada y no callar ante cada acto de injusticia. No callaremos ni dejaremos de denunciar, el tiempo que tarden nuestros compañeros en prisión y el que duren como perseguidos políticos será el mismo para la denuncia y actividades políticas. PORQUE SER LUCHADOR SOCIAL NO ES SINÓNIMO DE DELINCUENTE, se es un luchador por la justicia social.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


Navigation