La verdad histórica es que los crímenes de lesa humanidad son crímenes de Estado

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Ciudad de México a 14 de julio de 2020

A la opinión pública

La destrucción de una “verdad histórica” y la construcción de otra, mantiene la misma lógica de eludir la responsabilidad del Estado mexicano en el cometido de crímenes de lesa humanidad. La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos y un crimen de Estado, en su cometido participan corporaciones policíacas con orden directa de alguna autoridad gubernamental; cualquier otra interpretación falta a la verdad o pretende mantener la impunidad sobre los responsables de tan abominables crímenes.

La insistencia de endosar el cometido de la desaparición forzada de las desapariciones forzadas en el país, en específico, la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a tal o cual grupo de la denominada delincuencia organizada, significa mantener la misma lógica de gobiernos anteriores, eludir la responsabilidad del Estado mexicano en su objetivación, por lo tanto, hacer extensiva la impunidad sobre los criminales de Estado.

Los funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto implicados en determinado grado de responsabilidad, figuran en la investigación como piezas aisladas movidas por el mal de la corrupción, tesis que permite dejar incólume toda la estructura gubernamental que planifica y ejecuta los crímenes de lesa humanidad que desangran a las masas trabajadoras.

Las conclusiones políticas y jurídicas esbozadas por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en aquel entonces, Jesús Murillo Karam, hoy son cuestionadas, sin embargo, las tesis fundamentales siguen inamovibles. Las autoridades de la actual administración elaboran nuevos argumentos sobre la misma lógica, suponer una confrontación entre grupos delictivos por el control del tráfico de amapola como el móvil del cometido de tan execrable crimen.

La participación de ejército en el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad no es pasiva, hoy está claro que las instalaciones militares son utilizadas para la concreción de flagelos que laceran a las masas trabajadoras, no obstante, en la actualidad sus fuerzas están remozadas, sus insignias obtienen nuevos bríos con nuevo uniforme y con respaldo constitucional en sus funciones ampliadas.

La relación que existe entre los grupos de la denominada delincuencia organizada y el ejército mexicano no puede ser explicada a través del crisol de la infiltración o corrupción, porque este vínculo tiene origen en la creación de grupos con funciones operativas desde las instituciones castrenses, pero con aparente actividad logística autónoma, es decir, existe testimonio que los elementos de élite de las fuerzas castrenses son los que conforman aquellos grupos criminales cuya función es ejecutar crímenes de lesa humanidad amparados al anonimato que les otorga sus insignias.

La necedad de encuadrar todo el accionar criminal en el estado de Guerrero y en otras entidades del país a la existencia de grupos dedicados al trasiego de estupefacientes incluye los supuestos testimonios que aseguran la existencia de sobornos millonarios a mandos y miembros del ejército, lo cual no es un secreto para las masas populares, no obstante, se coloca como elemento de mayor peso para asegurar que los normalistas fueron destazados, incinerados y disueltos en ácido.

No se pone en duda el accionar deleznable de sujetos corrompidos por el dinero o el poder, pero lo que también está claro que muchas de los actos que son presentados a la opinión mediática como autoría de un ser criminal, en realidad tiene sustento en las enseñanzas de escuelas militares a destacamentos de élite de las fuerzas armadas, el ejemplo nítido está en los países latinoamericanos, cuyas fuerzas armadas recibieron adiestramiento en escuelas militares norteamericanas en el cometido de crímenes atroces desde el paramilitarismo.

De ser ciertas todas esas investigaciones, la razón no está en la pugna por el control de las plazas de grupos criminales, el objetivo es político y la orden fue emitida desde las más altas estructuras del Estado mexicano con el propósito de abrir una herida profunda en las masas trabajadoras en la entidad guerrerense, porque el golpe fue dirigido contra un sector de la juventud que está organizado de forma independiente por mejores espacios educativos y centros de trabajo, cuyo programa organizativo incluye la lucha por el socialismo en México.

No hay elementos para dudar que la razón de peso para cometer este crimen sea eminentemente política, porque hoy se sabe que en la objetivación de la desaparición forzada de los normalistas, existió coordinación de los tres niveles de gobierno a través de las respectivas corporaciones policíacas de su jurisdicción.
La nueva verdad orquestada en la administración arroja indicios de una supuesta confusión, porque entre los estudiantes estaban mezclados elementos de grupos rivales en el control del tráfico de droga, un argumento tan fútil no es capaz de soportar un objetivo escrutinio científico, porque las diferencias son sustanciales entre la actividad política de una organización estudiantil y la acción criminal de los supuestos grupos delincuenciales.

Lo que no se quiere admitir en las nuevas pesquisas es que existe una campaña contrainsurgente para criminalizar e incriminar la labor política de organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas, gremiales o pueblo en general que lucha y protesta. Esta labor es realizada desde los organismos de espionaje, quienes buscan la coartada idónea para arremeter contra la organización popular.

En sus cálculos consideraron que la FECSM y la normal de Ayotzinapa estaba vulnerable, que era posible arremeter un golpe multitudinario, para ello armaron toda esa estratagema que ahora el gobierno actual pretende continuar para declarar por muertos a los estudiantes y llegar a un punto de inflexión, ya no es posible mantener la demanda de presentación con vida ni la entrega de sus restos, porque todos estos fueron destruidos por el ácido o el fuego de hornos crematorios.

El gobierno anterior no pudo encuadrar toda su versión con un final “convincente”, no era posible porque carecía de legitimidad, ni siquiera para castigar a una parte de los funcionarios en un intento de dar visos de pretender la justicia. En situación diferente se encuentra la presente administración, todavía pesa el voto de confianza de 30 millones, aunque en realidad es una cantidad pírrica de votantes, para imponer su versión de los hechos y sus conclusiones.

Sería muy lamentable que la presente administración haya llegado para legitimar lo ilegítimo, para esparcir ese halo de justicia sobre cientos de casos donde priva la impunidad. Sepultar una verdad histórica con la creación de otra, brindar el espaldarazo a gobernantes ampliamente criminales en su andanada de represión como en Chiapas y Michoacán o para mantener impune la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, entre otros tantos miles de mexicanos.

La cifra de 71 mil 643 casos de 2006 a la fecha, que brinda la Secretaría de Gobernación (SEGOB) resulta una ofensa a la realidad que priva en las masas trabajadoras. Quedó en el olvido aquella sentencia que hiciera el hoy titular del Ejecutivo federal, donde aseguraba que en México había 3 millones de víctimas de la violencia, misma que va en aumento allende de la promesa de llevar paz a las familias mexicanas.

No existe necedad en el análisis, la fuerza de los hechos conduce a conclusiones disimiles a lo que pretende el gobierno federal. Sepultar la demanda de presentación con vida y el juicio y castigo a los responsables. Aun si toda esa investigación fuese cierta, es preciso que la autoridad responda ¿Cuál es la responsabilidad del entonces representante del Ejecutivo federal, de los secretarios de defensa y marina? ¿Qué pasará con los miles de casos en los cuales no es posible encuadrar la tesis de la delincuencia organizada? El pueblo sigue en la espera de respuestas.

Atentamente,
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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