Tsajal Ek no. 17.- Brutalidad policíaca: expresión de la violencia de Estado

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Tsajal Ek´No. 17
Análisis y propuesta del FNLS en Chiapas
07 de julio de 2020

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Brutalidad policíaca: expresión de la violencia de Estado

Los recientes episodios de represión en diversos estados de la república donde la policía hace uso excesivo de la fuerza, de tratos crueles e inhumanos e incluso de crímenes, es la expresión de la violencia de Estado que tiene por objetivo someter a la población a la voluntad de la clase en el poder.

La policía como institución es un cuerpo represivo al servicio del Estado, su papel es proteger el interés empresarial, los uniformados por medio de un salario son obligados a atentar contra el pueblo, su actividad va a estar sujeta a las decisiones de sus mandos y estos a su vez a la política que se implemente desde los gobiernos en turno.

La generalidad en el presente es que en todo el país hay episodios de violencia policíaca en contra de los trabajadores del campo y la ciudad, y esto se debe a las medidas políticas que el Estado implementa para controlar el creciente descontento popular producto de la crisis capitalista.

El hecho de que a nivel federal se continúe con la militarización del país, no se garantice el acceso a la justicia ni se satisfaga las necesidades de la población, induce a pensar que es a este nivel de donde emana la directriz para la represión.

En algunos estados del país la política represiva es más evidente, por tanto, destaca la actividad policíaca como un acto esencial y cotidiano para ejercer la violencia contra las masas explotadas y así evitar un desarrollo cuantitativo y cualitativo en la organización popular.
Un elemento que destaca en la práctica policíaca en el actual contexto de represión es el uso desmedido de la fuerza para causar terror, esto se objetiva a través de la tortura física y psicológica, tratos degradantes e incluso con el cometido de crímenes, hecho que pretende generar un estado de miedo en la población que inhiba la creatividad y voluntad de luchar por mejorar sus condiciones de vida.

Este actuar no es exclusivo de la policía sino de todos los cuerpos represivos incluidos el ejército y la Guardia Nacional, quienes ahora desarrollan su actividad bajo un ambiente cuasi fascista, caracterizado por imponer un estado de sitio, en otras palabras, en prohibir que el pueblo manifieste su descontento en las calles aunque sea un derecho constitucional.

Guadalajara, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas son entidades donde recientemente hubo episodios de represión contra el pueblo organizado y no organizado y donde la policía hizo alarde del exceso de fuerza, abuso de poder y brutalidad. Vendedores ambulantes, trabajadores, normalistas, campesinos, organizaciones populares son algunas de las víctimas, en varios de estos casos hubo tortura y hasta ejecuciones extrajudiciales.

En Chiapas por ejemplo, se implementaron operativos de desalojo y despojo de tierras en las que participaban más de 700 elementos entre policías municipales, estatales y Guardia Nacional contra comunidades en las que apenas había un máximo de 20 familias, en estas hubo detenciones arbitrarias, los policías llegaban con martillo y cerillo en mano para destruir las casas y quemarlas, además de robarle las pertenencias a la población.

Otros operativos similares se dieron en la presente coyuntura, cientos de policías impidieron que vendedores ambulantes instalaran sus puestos de venta con la que logran el sustento de sus hogares, imponiéndoles en los hechos un cerco económico que los condena a perecer por hambre. En ese mismo contexto los policías destruyeron los productos de los comerciantes ambulantes e incluso sus puestos como en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

En Oaxaca, el joven Alexander Martínez, de 16 años, fue ejecutado extrajudicialmente por policías municipales de Acatlán, afuera de una tienda al ser confundidos con delincuentes, en Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, fue ejecutado extrajudicialmente por policías Giovanni López por no llevar cubre bocas.

En Michoacán en dos eventos represivos distintos los policías detienen arbitrariamente a 8 normalistas y a un comunero los cuales únicamente se manifestaban para defender el derecho a la educación, en dicho acto los jóvenes fueron sometidos a punta de golpes y patadas.

El común denominador de estos ejemplos es que las víctimas los identifica su condición de clase proletaria, por tanto, un claro indicativo de que la violencia que emana del Estado es dirigida de manera sistemática hacia el pueblo organizado y no organizado, el fin el mismo, tratar de contener el enorme descontento popular e imponer un clima de miedo en la población para evitar que se organice y luche por mejorar sus condiciones de vida.

La población principalmente niños han expresado sentirse atemorizados ante la presencia de la policía y la Guardia Nacional cerca de sus comunidades, así consta en las encuestas realizadas por expertos en psicología a pobladores de la comunidad 2 de Noviembre en Socoltenango, Chiapas, población que fue víctima de un desalojo forzoso donde sus casas fueron quemadas y sus pertenencias robadas por la policía.
A pesar de la existencia de denuncias formales ante instancias de justicia por este tipo de actos policíacos las autoridades se empeñan en no hacer caso, lo que deja al descubierto que la represión es política de gobierno y que el uso excesivo de la fuerza es propiciada por el Estado.

En los casos citados de Chiapas, las autoridades abalaron el exceso de fuerza, abuso de autoridad y brutalidad con la que la policía despojó a campesinos y colonos de sus tierras y patrimonio, puesto que no fueron castigados ni investigados, en este caso es claro la orden del ejecutivo estatal para llevar acabo dichos actos deleznables.

En los casos de ejecución extrajudicial de personas en Guadalajara y Oaxaca las autoridades responsabilizan a los policías desligándolos de su papel como agentes del Estado, esto para imponer la idea de que los policías actuaron por iniciativa propia y de esto modo el gobierno deslindarse de su responsabilidad.
Lo que ilustra este ejemplo es lo utilitario que son los elementos policíacos para el gobierno, en momentos tienen la protección del Estado, en otras cuando no conviene no son protegidos por el contrario son sacrificados como piezas desechables, al fin y al cabo el trabajo ya está hecho.

El uniformado de cualquier corporación que se encuentra bajo las garras del Estado pierde toda sensibilidad humana y es convertido en una máquina de matar y torturar, son adiestrados con ideas burguesas que plantean que el problema es el pueblo y no el modo de producción capitalista que únicamente genera desigualdad. Son incentivados con un salario y bonos por cada represión a manifestaciones en la que participan.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene en sus archivos una encuesta que realizaron a personas que fueron detenidas por la policía en el año 2016, del total el 75 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de tortura ya sea física o psicológica, en el caso de las detenciones a mujeres las agresiones sexuales son una constante.

Ante estos datos el Estado simula tomar medidas como lo fueron los exámenes de confianza, antidoping, sin embargo, la estadística de violencia no disminuye y esto es porque la violencia tiene una base económica y no moral, es decir, que mientras exista la desigualdad, una minoría rapaz buscara imponer su voluntad a la inmensa mayoría de trabajadores y por ende los cuerpos represivos actuaran en función de preservar el intereses individual sobre las necesidades de la mayoría.

Mientras la violencia tenga patente en el Estado burgués cualquier institución atentará contra los derechos del pueblo, llámese policías, militares, Guardia Nacional, la esencia es la misma, someter al pueblo al dominio burgués.
El abuso de autoridad genera en el pueblo indignación, coraje que se manifiesta en un repudio hacia las instituciones, en otros casos como en la región de los Llanos en Chiapas la población se organiza y toma medidas de autoprotección colectiva que se traduce en implementar vigilancia en las entradas de la comunidad para no permitir el paso a ningún cuerpo represivo.

Poco a poco se rompe con el temor, y el coraje es convertido en resistencia popular combativa que implica romper el silencio y denunciar cada injusticia, salir a las calles a protestar, la experiencia es que en unidad el pueblo adquiere mayor fortaleza misma que es más difícil de reprimir.

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