La criminalización de la protesta popular es política de gobierno en los estados de Chiapas y Michoacán

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Ciudad de México, julio de 2020

Al pueblo en general

El gobierno mexicano intenta frenar la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, la libertad de los presos políticos, las demandas de familiares de víctimas de la violencia institucional y de organizaciones populares e independientes, que hoy en tiempos de la “transformación” del país continúan sin la mínima intención de erradicarlos.

La criminalización de la protesta popular es política de gobierno en estados como Chiapas y Michoacán representados por MORENA y el PRD respectivamente; partidos políticos que dicen “representar al pueblo”, pero los hechos contrastan con su discurso, éstos están más apegados a proteger los intereses de los grupos de poder político y económico.

En estas entidades federativas la protesta es considerada un delito, en la lógica institucional, la organización popular, los defensores de los derechos humanos o cualquier voz crítica al régimen que ejerzan su derecho a manifestarse son considerados como criminales a los que hay que combatir; por eso en las cárceles nuevamente hay los presos políticos, luchadores sociales o defensores de los derechos humanos que ejercieron su legítimo derecho a la manifestación.

La reciente detención arbitraria, desaparición forzada por algunas horas y detención injusta de nuestro compañero Leobardo Reyes Meza el pasado 29 de junio de 2020, es una evidencia de la política que aplica el gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán; nuestro compañero está recluido de manera injusta y mantenido como rehén político en el CERESO “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como Mil Cumbres en Morelia, Michoacán.

La detención del compañero Leobardo es por motivaciones políticas, es por consigna política del gobierno perredista de Michoacán, quien tiene un amplio historial represivo contra el conjunto del movimiento popular; sus cuerpos policíacos han reprimido por igual a comuneros, comunidades indígenas, trabajadores de la educación, estudiantes y hoy a nuestros compañeros, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

El proceder de las instancias judiciales respecto al caso de nuestro compañero revela lo perverso del estado de derecho que implica blandir sus artificios leguleyos al abrir carpetas de investigación con cargos judiciales falaces. Este proceder nefasto es el mismo al que recurrió el gobierno estatal en Chiapas para recluir a nuestros compañeros Javier, Armando, Venturino y Asunción.

Fabricar delitos es un mecanismo perverso del régimen, para justificar las detenciones arbitrarias y selectivas contra el conjunto del movimiento popular. Este rasgo explica cómo los gobiernos estatales de Michoacán y Chiapas recurren a las detenciones arbitrarias e injustas de luchadores sociales para doblegar la voluntad de luchar del pueblo, eliminar el contenido político de la protesta y reducir todo a un acto delictivo.

En la misma condición están los compañeros Javier González Díaz, detenido desaparecido por más de 25 horas, torturado y detenido injustamente en el CERSS No. 5 de Chiapas; la detención arbitraria y tortura del compañero Armando Hernández Sánchez y trasladado al CERSS No 14; así como la detención arbitraria e injusta de los compañeros Asunción Gómez Torres y Venturino Torres Escobar y recluidos en el CERSS No. 14 de Chiapas; quienes hoy son presos políticos del gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas.

Es ilustrativo el proceder de las instituciones cuando se trata de callar al pueblo organizado. Leobardo, Javier, Armando, Asunción y Venturino son compañeros activos, solidarios, cuya vida orgánica en el FNLS es conocida por los sectores populares en lucha por la defensa de los derechos y libertades políticas del pueblo.

La detención arbitraria e injusta de los compañeros es un ejemplo que condensa las consecuencias de las campañas de criminalización, calumnias y señalamientos contra el FNLS que se vierten desde los voceros del régimen, con la finalidad de estigmatizar la lucha popular e independiente del pueblo.

Con la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros en Michoacán y Chiapas, queda al descubierto la violencia institucional como política del régimen, esa es la respuesta de los gobiernos estatales en vez de atender las demandas más sentidas de los sectores organizados y en lucha. Al diálogo anteponen la represión, campañas de denostación y la aplicación del estado derecho burgués para crear artilugios leguleyos que desemboquen en detenciones arbitrarias selectivas.

Pese a la ofensiva del régimen contra el FNLS, nuestra política es clara, no desistiremos en denunciar cada acto represivo que intente escamotear nuestros derechos y libertades políticas. No callaremos, muchos menos desistiremos hasta lograr la libertad de nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Leobardo Reyes Meza.

¡Por la unidad, obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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