Tinta Socialista No.126. El estado de derecho es el ariete represivo con el cual se pretende eliminar toda voz disidente

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Ciudad de México a 16 de junio de 2020

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La ley y el estado de derecho es el mecanismo con el cual distintas administraciones estatales pretenden ahogar la voz de protesta de los explotados y oprimidos, se convierte en el ariete de represión para eliminar la disidencia política. La elocuencia en el discurso no modifica en la realidad la objetivación de la violencia institucional, las víctimas cuantificadas en presos políticos aumentan muy a pesar de las promesas vertidas desde la federación.

Las recientes detenciones de la abogada Susana Prieto Terrazas y la activista Kenia Hernández, entre otros, se suma a la espiral de represión que priva en algunas entidades del país, con lo cual se puede concluir que la prisión por motivos políticos es el mecanismo de represión con el que se castiga la organización del pueblo. El testimonio de estas compañeras presas políticas se suma a las decenas de voces que existen en la geografía mexicana.

La contradicción que existe entre el discurso y el hecho real hace imposible no cuestionar la veracidad de las promesas vertidas por varios gobernadores, algunos de ellos vieron la posibilidad de encumbrarse en el poder al secundar el discurso de quien hoy es el titular del Ejecutivo federal.

Panistas, priistas, verdes ecologistas, entre otros, oportunistamente se afiliaron al proyecto que representa MORENA, a través de esta sigla lograron obtener la representación de gobiernos estatales, ahora con la investidura que les brinda la institucionalidad despliegan toda una campaña represiva contra diversas organizaciones y personalidades que manifiestan su identidad con los intereses de las masas trabajadoras.

El silencio es el distintivo que priva en la administración federal respecto a diversos testimonios de víctimas de injusticias y violaciones a los derechos humanos, con esta actitud allana el camino de la exacerbación de la violencia institucional, porque en los hechos es la manifestación de la connivencia para el cometido de medidas represivas de los gobiernos estatales en turno.

Tasar todo el acontecer nacional en la existencia de dos bloques opuestos, entre quienes están por la transformación y quienes están en contra. El análisis maniqueo de los fenómenos conduce a obtener conclusiones erróneas. Es verdad que existe la corriente conservadora y reaccionaria, pero en política esas posiciones siempre han existido, por lo que caer en absolutismos manifiesta una relación cercana al autoritarismo.

No toda voz disidente tiene un sentir adverso al proyecto de nación por el cual se distingue la actual administración, sin embargo, es difícil depositar la fe ciega cuando en varios estados de la república, los presos, los detenidos desaparecidos, los torturados y los ejecutados extrajudicialmente los ponen las masas trabajadoras.

Son muchos los casos que enuncian la continuidad del cometido de varios crímenes con el propósito de poner un freno al avance de la organización del pueblo. El estado de Chiapas es un ejemplo que ilustra la espiral represiva que está desbordada debido a la vocación criminal y profascista de quien gobierna la entidad.

La reactivación de grupos paramilitares es una política que se encuentra cada vez más evidente, esto garantiza la impunidad porque resulta más complejo ilustrar la relación existente entre estos grupos y las instituciones públicas, no obstante, en Chiapas ese actuar impune está ligado indisolublemente a la permisibilidad de gobiernos municipales y el gobierno del estado.

La detención de la defensora jurídica de trabajadores de las maquiladoras en Matamoros es un caso más que se suma a esta oleada de criminalizar la lucha popular. Es la expresión de la utilización del derecho para incriminar a quien se especializa en defender los derechos laborales, manifiesta la forma de torcer y retorcer la ley con tal de satisfacer la ambición de unos cuantos empresarios.

No queda duda que los espacios jurídicos para defender los derechos del pueblo son cada vez más reducidos. A los oprimidos y explotados nos piden respetar el estado derecho, pero eso resulta inadmisible cuando éste es utilizado para crear expedientes incriminatorios, la creación de conductas ilícitas para justificar el actuar de los cuerpos policíacos.

Las libertades políticas y constitucionales son acotadas por el actuar criminal de los cuerpos policíacos. En eso se traduce lo acontecido en los estados de Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Michoacán… entre otros. Cuando el pueblo se moviliza para exigir el cumplimiento de sus demandas, la represión es la respuesta que reciben de las respectivas administraciones estatales.

¿En dónde queda el respeto a la libertad de manifestación? ¿En qué se traduce la promesa de acabar con la impunidad? Por lo que es observado en algunas entidades federativas, la libertad es aquella de la que goza el policía o militar para cometer violaciones a los derechos humanos, la promesa queda reducida en la expresión del buen deseo que no logra materializarse en la vía de los hechos.

El carácter selectivo de la prisión por motivos políticos es evidente, por muy irónico que parezca, aquel gobernante que promete otorgar la amnistía a presos que no tuvieron una defensa justa, son los mismo que empiezan a abarrotar las cárceles con luchadores sociales o activistas políticos.

Resulta evidente que la retórica no encuentra correspondencia con el acontecer cotidiano, pero resulta más ilustrativo en aquellas entidades cuya identidad está fincada en la pertenencia al mismo partido político. Chiapas, Veracruz, Tabasco y Morelos, son entidades gobernadas por la misma sigla que la federación, por ello la realidad debería ser diferente, sin embargo, son estados que figuran un repunte por la existencia de fenómenos que hablan de la continuidad de la violencia institucional.

De Veracruz pasó desapercibido que una persona perdió la vida en una de las instalaciones policíacas, lo que devela que aún existen elementos de análisis para sostener que los actos violentos no cesan. Cada entidad manifiesta hechos tan atroces que unos son desplazados por otros, sin embargo, colocados todos de forma sistemática, el resultado es que son las masas trabajadoras las víctimas perennes de esta espiral de violencia.

Nadie pone en duda la existencia de las contradicciones no antagónicas que surgen entre los determinados grupos de poder político, entre quienes existe una posición retrógrada, conservadora y reaccionaria, pero analizar toda voz disidente sobre este crisol es un profundo error, porque existimos las organizaciones populares que desde décadas ejercemos la crítica política a los personeros del capital en turno.

Así como el pueblo ve en la actual administración aquellas particularidades que pueden distinguirlo de sus antecesores, en el conjunto de la voz de crítica existe la que se ejerce desde el análisis de hechos concretos, y mientras éstos expresen el cometido de violaciones a los derechos humanos, la movilización y la protesta serán una necesidad ineludible.

Diversos gobiernos estatales se preparan para ejercer la represión con el estado de derecho en la mano, las masas trabajadoras organizadas en esfuerzos independientes debemos acelerar el proceso de coordinación y unidad para dar una respuesta homogénea ante la violencia de clase y desenmascarar a toda aquella figura pública remozada con aires de transformación.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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