Ya son dos días de privación ilegal de la libertad de nuestros compañeros Carlos López y Angelina Sántiz y un día del compañero Enrique Herrera sin saber nada de su integridad física y psicológica

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Ciudad de México a 10 de junio de 2020

A la opinión pública

El tiempo transcurre sin tener información de nuestros compañeros privados de la libertad por el grupo paramilitar “Los petules”, con el paso de las horas la incertidumbre crece porque están a merced de un grupo de personas desclasadas que actúan con total impunidad y con el amparo de las autoridades gubernamentales, es el mismo tiempo en el que la responsabilidad de lo que sucede recae en el presidente municipal de Ocosingo, el gobernador de la entidad y el titular del Ejecutivo federal.

El pueblo tiene derecho a ejercer la movilización y la acción política de masas en el intento por salvaguardar la integridad de la colectividad y del compañero que se encuentra en un estado vulnerable por estar a merced de sus verdugos.

Hasta el momento ninguna autoridad gubernamental ha buscado establecer comunicación para resolver la problemática, por el contrario, le presencia policíaca incrementó considerablemente en el campamento paramilitar, donde ya se pudo comprobar que se encuentra el vehículo del compañero Enrique estacionado en el patio de una escuela.

El riesgo de las afectaciones físicas de nuestros compañeros es real, el simple hecho de negarles el medicamento ya se convierte en una forma de tortura, porque sus afecciones son crónico degenerativas y conforme pasa el tiempo se agravan paulatinamente, sin embargo, por el proceder de estas personas descompuestas el riesgo de que se les someta a tratos crueles, inhumanos y degradantes es real.

Las organizaciones populares de carácter independiente sólo podemos recurrir a nuestro derecho a la protesta como un mecanismo de protección colectiva de las masas organizadas, ante el desdén de las autoridades, la indolencia de los funcionarios y la omisión de las instancias federales.

No es el pueblo organizado el que provoca eventos de esta naturaleza, es la vocación represiva y criminal de quienes se encuentran en las instituciones quienes no son capaces de dar solución a las demandas más sentidas, tales como la presentación con vida de detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos y justicia por los ejecutados extrajudicialmente.

Las acciones políticas de masas siempre serán la fortaleza política del movimiento popular, sólo cuando el pueblo se moviliza es cuando puede ganar un poco de atención de las autoridades gubernamentales, por ello, jamás renunciaremos al derecho legítimo de la protesta y movilización.

El tiempo transcurre y el silencio cómplice tanto de gobierno estatal como el federal es nítido, lo cual confirma que en esta acción paramilitar que mantiene a nuestros compañeros privados de la libertad no fue obra de la casualidad, obedece a un plan sistemático para escamotear la justicia a las víctimas del terrorismo de Estado y al intento por inhibir la protesta popular.

La exigencia de una mesa de trabajo con la autoridad federal en representación de la Lic. Olga Sánchez Cordero sigue vigente, porque ya está visto que en la entidad no hay manera de resolver de forma dialogada el fenómeno, nuestra experiencia nos dicta aún no está saciada la sed de represión de quienes gobiernan la entidad chiapaneca.

Por cada momento en que el gobierno federal niega el derecho de audiencia y hace caso omiso de nuestras demandas, es el mismo que lo hace corresponsable del desarrollo de los acontecimientos represivos que se deriven de su actitud indolente. Ya vimos que el discurso de respeto a los derechos humanos está en entredicho, porque en cada actividad de denuncia que realizamos, hace acto de presencia la Guardia Nacional en franca actitud hostil y provocadora.

¿Qué necesitan las masas trabajadoras para ser escuchadas por la autoridad federal? ¿Acaso requieren una alta cuota de presos, detenidos desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente para voltear a ver a las organizaciones populares? Deben saber que nosotros no actuamos desde la concepción mesiánica, amamos la vida al grado que sentimos la ausencia de nuestros compañeros privados de su libertad por los paramilitares, pero no seremos los indios agachones hasta ver cómo pisotean nuestros derechos y libertades políticas.

Ejercer el derecho a la protesta jamás será un delito, realizar acciones políticas de masas no pueden ser equiparadas con actitudes ilícitas. El curso de los acontecimientos será única y exclusivamente responsabilidad gubernamental ante la nula voluntad de atender nuestras demandas más sentidas.

Atentamente
Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
¡Libertad a los presos políticos!
¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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