Tinta Socialista No.125. La pandemia del Sars-Cov-2 es el pretexto perfecto de algunos gobernadores para imponer estados de sitio y medidas autoritarias contra el pueblo

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Ciudad de México a 5 de junio de 2020

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El asesinato de Giovanni López Ramírez en el municipio de Ixtlahucán de los Membrillos, Jalisco a manos de policías municipales es responsabilidad del gobierno de Enrique Alfaro, quien impuso medidas autoritarias en la entidad con el pretexto de “prevenir la propagación y el contagio del coronavirus”. Grave violación a los derechos humanos que evidencia la vocación autoritaria de las autoridades para aplicar de facto medidas profascistas en la geografía mexicana.

El pasado 19 de abril del año en curso el gobernador de Jalisco implementó el acuerdo DIELAG ACU 026/2020 “Tolerancia cero”, en el que determinó medidas obligatorias para “prevenir la propagación y el “contagio” del coronavirus; el uso obligatorio del cubrebocas en vía pública, sitios de consumo y transporte público, además el resguardo domiciliario, también obligatorio”; en ellas, por disposición oficial, los ciudadanos que no cumplan con éstas serán acreedores a sanciones que van desde, arrestos, amonestaciones y multas. Los encargados de verificar que se cumplan estas disposiciones son las policías municipales.

Las denuncias realizadas por los ciudadanos de la entidad señalan el uso desproporcional de la fuerza de elementos policíacos, sean municipales o estatales, quienes por la supuesta disposición sanitaria tienen la venia del Ejecutivo estatal para transgredir los derechos y libertades políticas; con prepotencia hacen redadas en colonias populares o lugares públicos para detener, en su lógica, a quien no tenga cubrebocas o no acate las “medidas sanitarias”, con ello se comprueba una vez más que la prioridad del gobierno de Jalisco no es prevenir la pandemia sino tratar de imponer de facto medidas de corte fascista.

El SARS-COV-2 no se combate con medidas autoritarias ni con el uso excesivo de la fuerza, un arma de uso exclusivo del ejército o de corporaciones policíacas no prevendrán el fenómeno viral; se combate con una planificación adecuada, medidas sanitarias, con más médicos, científicos en el área, hospitales y medicamentos. No obstante, lo que devela esta pandemia es la incapacidad institucional para hacer frente a un fenómeno de esta magnitud.

Lo que sucede en Jalisco es un botón de muestra de lo que ocurre en otras entidades federativas, Chiapas, Michoacán, Querétaro y Estado de México, son ejemplos de estas medidas, en una más que en otras, pero la esencia es la misma, la imposición de normas autoritarias, que fortalecen el Estado policíaco militar en todo el país.

En dicha entidad son más evidentes los actos represivos cuando las personas no usan el supuesto cubrebocas, con esa justificación los policías cometen a diestra y siniestra decenas de detenciones arbitrarias, en su lógica argumentan, que los detenidos “opusieron resistencia y agredieron a la autoridad”, cuando los testimonios de los agredidos señalan que los cuerpos policíacos llegaron con prepotencia, violencia y amenazas de detención.

Las declaraciones del gobernador respecto a los hechos del día 4 de junio del presente año son propias de un político de oficio que no le interesa en lo mínimo la salud del pueblo trabajador, en sus palabras expresa el desprecio por la vida; ahora resulta que la víctima es él y los victimarios son el pueblo que manifestó inconformidad en la capital de la entidad para exigir justicia por el asesinato de Giovanni.

El responsable de la actuación policíaca en la entidad es el Ejecutivo estatal y de ahí en cadena de mando los que ordenan cometer detenciones arbitrarias o violaciones a los derechos humanos; en ella están altos mandos policíacos, independientemente de la corporación policíaca que sean, son autores materiales e intelectuales de los asesinatos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, amenazas de muerte y tortura.

En Chiapas no es mucha la diferencia, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas recurrió a la Guardia Nacional y al Ejército para mantener las “medidas sanitarias”, a partir de ese anunció está corporación militar hizo presencia en las calles de la capital de la entidad, donde empezaron a realizar rondines y cierres de calles con la justificante de garantizar la seguridad de las personas. En los hechos lo que se observa es el fortalecimiento de la militarización en el país, la presencia de militares en la calle es con la intención de generar miedo en la población para que acepten sin miramientos el Estado policíaco militar.

Michoacán es otra entidad federativa donde este tipo de medidas son autoritarias, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, impuso vía decreto el “aislamiento obligatorio”, quien advirtió que en caso de no acatar la restricción se impondrán desde multas hasta sanciones de aislamiento obligatorio y la realización de labores comunitarias. En su lógica aseveró, “La medida que hoy anuncio ayudará a salvar vidas, confío en que gracias al esfuerzo de todas y todos vamos a salir adelante. Por la salud y la vida de todas y de todos, anuncio que a partir de hoy se inicia en todo el territorio del Estado de Michoacán el periodo de aislamiento obligatorio”.

Lo real es que ese decreto se convirtió en violaciones a los derechos humanos, la Policía Michoacán en coordinación con la Guardia Nacional reprimieron a estudiantes normalistas de la ONOEM CAMM, asimismo a organizaciones de carácter popular e independiente, como el FNLS, por exigir sus derechos y libertades políticas como lo es la educación, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y libertad a los presos políticas.

En Querétaro, policías del municipio de Cadereyta de Montes, rodeó y pretendió arrestar a una señora de la tercera edad junto a su hija por no utilizar cubrebocas; las autoridades señalaron que los hechos se derivaron de una supuesta agresión verbal y física por parte de ambas hacia los oficiales, cuando les hicieron la observación de usar el cubrebocas. Lo evidenciado es un acto autoritario, donde la protección a los cuerpos policíacos es por disposición gubernamental, aunque son evidentes las transgresiones a los derechos humanos.

En Tijuana, Baja California, el pasado 28 de febrero en el contexto de las medidas sanitarias ante la pandemia circuló un video por internet, donde se observa la detención –en una gasolinera de Tijuana– de una persona en situación de calle, quien falleció supuestamente en custodia de la policía municipal. Otro ejemplo de la imposición de medidas autoritarias contra la población.

Lo sucedido en las entidades federativas no es un hecho aislado, es una política de gobierno para justificar con la pandemia un estado de sitio y así escamotear los derechos y libertades políticas del pueblo. Los elementos policíacos materializan esa política, pero, ¿quién da la orden de actuar con violencia contra las masas trabajadoras?, ¿de dónde vienen esas órdenes?

No hay duda de que proviene de las instituciones gubernamentales, porque el actuar de las policías es la misma en las entidades federativas, en todas las transgresiones se recurre al mismo método, el pretexto es no portar cubrebocas, en su lógica agredir física y verbalmente a las autoridades o no acatar las disposiciones sanitarias, eso indica el carácter sistemático con la que se imponen medidas punitivas en toda la geografía mexicana en la forma de operar de los cuerpos policíacos y militares.

El pueblo no debe permitir la imposición de medidas autoritarias, la pandemia no se combate con el toletes y armas. Ante cada abuso de autoridad y violación a los derechos humanos levantemos la voz, no callemos; denunciemos cada acto que transgreda nuestros derechos y libertades políticas.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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