Tinta Socialista No.124. 13 años de impunidad, indolencia y silencio institucional en el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

, por  Ciudad de México , popularidad : 2%

Ciudad de México a 27 de mayo de 2020

Descarga aquí Tinta Socialista No.124

El 25 de mayo pasado se cumplieron 13 años de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; tiempo en el que la indolencia, silencio institucional e impunidad se hicieron presentes como política de gobierno en las tres administraciones por las que ha transitado el caso de un crimen de Estado y de lesa humanidad.

La grave violación a los derechos humanos fue perpetrada durante la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), gobierno panista que se caracterizó por declarar la supuesta guerra al narcotráfico y la delincuencia organizada; sacar los militares a las calles para “combatirla;” y, con ello, cometer innumerables desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.

Sexenio que perpetró el crimen, ante la opinión pública negó el cometido de desapariciones forzadas por tratarse, en su lógica, de crímenes del siglo pasado; a las víctimas indirectas en todo momento les negó el paradero de los dos revolucionarios, no obstante, la persistencia de familiares, organizaciones populares y personalidades de alta calidad evidenciaron la responsabilidad del Estado mexicano.

Administración panista que garantizó en todo momento la protección a los autores materiales e intelectuales, en cambio, a las víctimas directas e indirectas respondió con dilación, desgaste, indolencia, burocratismo e impunidad, práctica política que expresó una particularidad de la generalidad que existió en todo el territorio nacional.

Esta política de gobierno no cambió en la administración de Enrique Peña Nieto, al contrario, desde las instituciones policíacas y militares profundizó la violencia institucional y el terrorismo de Estado contra el pueblo organizado y no organizado, con cientos de miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad, entre ellos la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la masacre en Tlatlaya, Estado de México; las masacres Apatzingán y Tanhuato en Michoacán.

La continuidad de la supuesta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada fue la política de la administración priista, en los hechos expresó la continuidad del terrorismo de Estado, política que laceró cientos de miles de hogares proletarios en toda la geografía mexicana.

Respecto al caso de los revolucionarios su política fue la indolencia, dilación, desgaste y el cometido de más crímenes de lesa humanidad contra integrantes de organizaciones populares solidarias con los familiares para exigir su presentación con vida, así es como intentan ejecutar de manera forzada a cinco compañeros en la Ciudad de México (2015); desaparecen de manera forzada al compañero Fidencio Gómez Sántiz (2016); perpetran la ejecución extrajudicial del compañero, menor de edad Humberto Morales Sántiz (2017). Graves violaciones a los derechos humanos que intentaron socavar la solidaridad en una demanda que laceró miles de familias trabajadoras.

La lucha jurídica tuvo avances significativos, a través de una queja de amparo, el Noveno Tribunal Colegiado de la Federación emite la resolución 29/2014 donde ordena a altos mandos militares a comparecer para que declaren qué hacían en el momento en que ocurrió la desaparición forzada de los dos revolucionarios, asimismo, mandata abrir los cuarteles o zonas militares para su búsqueda o localización, entre otros aspectos expresados en la resolución.

El mandato judicial es preciso al indicar la responsabilidad de los cuerpos militares en el cometido de este tipo de crímenes, no obstante, la política institucional era clara, no hacer JUSTICIA a los dos luchadores sociales y mantener en la impunidad a los perpetradores, con ello se comprueba que las leyes son hechas para proteger los intereses político y económico de empresarios y oligarcas, tanto del país como el extranjero.

La actual administración federal respecto al tema no ha mostrado mucho interés en dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, su política es la misma que aplicaron sexenios anteriores, el desgaste, la indolencia, burocratismo, impunidad y silencio institucional, pese a dar “esperanzas” a los familiares de las víctimas directas, el tiempo evidenció que un gobierno más pasará y los detenidos desaparecidos permanecerán en esa condición.

La impunidad para los perpetradores se extendió por dos administraciones, hoy no es la excepción, continúa esta política de proteger a militares, policías y funcionarios involucrados en el cometido de desapariciones forzadas, los cuales, siguen activos en las instituciones como si no hubieran hecho nada.

La propuesta de pacificación del gobierno federal queda rebasada, la violencia institucional sigue su curso, cada día cobra la vida de varias víctimas de múltiples crímenes, las cuales intentan ocultar con la pandemia producida por el SARS-COV-2, mismos que son evidenciados ante las denuncias que hacen sus familiares y organizaciones a las que pertenecen.

Por muy buenas intenciones que tenga el Ejecutivo federal de “transformar” el país, esto no se dará, mientras la base económica que sostiene el modo de producción capitalista quede intacta, continuarán las relaciones sociales de explotación y opresión política, la desigualdad social se profundizará aún más, porque no puede aislarse del curso que siguen las políticas neoliberales en el mundo.

La política gubernamental de mantener silencio y no hacer nada respecto a los detenidos desaparecidos es evidente, por eso se resisten a dar con el paradero de Gabriel y Edmundo, evaden la responsabilidad de enjuiciar y castigar a los agentes que participaron en su desaparición forzada y evitan a toda costa dar a conocer la verdad de los hechos, hacerlo desenmascararía las intenciones políticas del cometido de su desaparición forzada.

De la misma manera pondrían al descubierto los planes institucionales de aplicar la violencia contra el pueblo organizado y no organizado, evidenciaría que los responsables de cometer cientos de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, o desplazamientos forzados están en las instituciones militares, de la marina y las diferentes corporaciones policíacas.

Resolver el caso jurídico de Gabriel y Edmundo puede abonar a la justa exigencia de presentación con vida de miles de víctimas, ilustra la política de gobierno que por 13 años ha lacerado miles de hogares proletarios, práctica que no se puede olvidar, mucho menos perdonar a los perpetradores, eso contribuye a silenciar a las víctimas directas y a que los crímenes de lesa humanidad y de Estado, persistan.

La exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos permanece, mientras no estén con sus seres queridos, la demanda está pendiente, la responsabilidad del cometido se extiende a la administración actual, a los funcionarios e instituciones que por omisión no hacen lo necesario para indagar y dar con su paradero. Avancemos y con dignidad y consignemos ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el socialismo
FNLS


Navigation