Militarización y estado de derecho en México

, por  Ciudad de México , popularidad : 3%

Ciudad de México 21 a de mayo de 2020

A la opinión pública

La militarización del país es una medida autoritaria, éste se legitima en el estado de derecho oligárquico en un momento en que la situación actual del país es marcada por la crisis económica capitalista y los efectos de la contingencia sanitaria, por esto, la clase en el poder recurre a sus hombres armados para proteger sus intereses.

Las fuerzas policíaco-militares están destinados para la protección de los intereses de la clase dominante, más no al pueblo, porque en todo Estado regido por las leyes socioeconómicas y políticas del modo de producción capitalista la violencia es parte de éste, se objetiva con la presencia de militares en las calles.

Los hombres armados del régimen no protegen al pueblo, por el contrario, obedecen a una premisa neoliberal, inhibir el descontento popular para garantizar la circulación de mercancías y los planes oligarcas, además de justificar el falso argumento de la delincuencia organizada para perpetuar la dictadura del capital en México.

Con la reciente disposición jurídica y política respecto al papel de la SEDENA y la MARINA al definirlo como complementario en las tareas de seguridad pública y que su actuación se regirá de acuerdo a los derechos humanos es en aras de fortalecer a la Guardia Nacional, más no como algunos intelectuales consideran como el fracaso de esta institución.

El régimen capitalista tiene en el Ejército y la Marina el sostén de la propiedad privada de los medios de producción, proteger los negocios subrepticios de la burguesía y el Estado con el amparo de la legalidad, por tanto, la delincuencia es un argumento burdo para satisfacer el mandato oligarca.

Con la nueva disposición oficial que decretó el gobierno federal respecto a la función de los militares en las calles, revela el carácter autoritario del régimen, la necesidad del capital por mantener el despojo y la explotación de la fuerza de trabajo, en aras mantener la perpetuidad del régimen.

El Estado de derecho burgués tiene como objetivo legitimar las decisiones económicas y políticas de la clase dominante, por esto, con el supuesto de combatir la delincuencia justifica la aprobación de las medidas legaloides para permitir la presencia castrense en la vida pública del pueblo.

El mandato imperialista en el contexto de la crisis y la pandemia, implica para el Estado mexicano garantizar la producción, distribución e intercambio de mercancías en aras de acumular y centralizar capital, para esto, requiere garantías de operatividad del mercado con la protección del ejército.

En los espacios del país donde los monopolios tienen fincados capital financiero, serán objeto de la protección de las fuerzas del orden no sólo policíaco, sino militar, con esta lógica, es evidente que en esencia no priva el resguardo de los derechos humanos y constitucionales del pueblo.

En las regiones geográficas donde albergan los intereses del capital es notable la presencia militar, las labores de contrainsurgencia, la creación de grupos paramilitares como ocurre en la actualidad en Oaxaca, Chiapas, Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán, a este fenómeno le es inherente el cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado.

Las instancias gubernamentales documentan los saldos que a la fecha genera en su lógica, la delincuencia organizada, misma que desde la perspectiva legaloide el “(…) Sistema Nacional de Seguridad de México, ubica al 2019 como el año más violento (…) con 34.582 homicidios dolosos” cifra reveladora de la envergadura con la cual se objetiva la violencia de clase.

Destacan diez entidades, entre ellos Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Ciudad de México, estados donde la violencia de clase deja saldos deleznables, en sucesos de esta magnitud se ampara el estado de derecho burgués para justificar medidas autoritarias.

El fenómeno cuantitativo de los saldos de la violencia de clase lleva implícito una intencionalidad, medran política y económicamente con el dolor de los familiares de víctimas con la finalidad de quitar candados legales para dar rienda suelta a la militarización, es perverso capitalizar las vidas de los trabajadores para complacer las exigencias del capital.

El nuevo decreto presidencial que faculta a los militares cumplir con tareas de seguridad pública fue objeto de sendos análisis de los ideológicos del régimen para abonar a su “legitimación”, entre sus aseveraciones destaca la tesis de no politizar la decisión del mandatario federal, empero, la sagacidad popular indica que es parte de la apología del régimen para mantener el status quo actual.

El decreto a todas luces significa militarizar, los argumentos para esta medida autoritaria son vacuas, razón suficiente que otorga a las masas para emitir crítica política, porque es abiertamente violatorio a los derechos humanos y constitucionales, negar que un fenómeno como éste no se politice implica aceptar pasivamente la implementación de medidas profascistas. No existen decisiones de carácter político y militar inocuos, lleva implícito una intencionalidad, juicios de valor con carácter de clase.

Los apologistas del régimen asumen que la Guardia Nacional y el Ejército son la mayor institución de confianza del país porque la gente se siente más segura, pero con argumentos de ese talante revelan únicamente complicidad, en cambio, diversos sectores populares y algunos organismos defensores de los derechos humanos reprueban el actuar de las fuerzas policíaco-militares, pero revela la necesidad de la denuncia política desde los sectores populares para combatir en el terreno de la lucha ideológica a los voceros del capital.

Cierto es que la violencia contra el pueblo debe erradicarse, pero no a través de la que emana del régimen, no con más militares en las calles, sino llevar a los tribunales a los responsables materiales e intelectuales de quienes orquestan cada crimen, de los perpetradores de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura contra los hijos del pueblo.

La militarización es un fenómeno real, obedece a las exigencias imperialistas, en un contexto en el que las contradicciones económicas y políticas del país obligan a la legalidad burguesa adoptar medidas autoritarias, dicho esto, callar y no denunciar las implicaciones de la presencia militar en la vida pública de los explotados favorecerá al régimen.

Que la contingencia sanitaria no sea motivo para apagar la chispa de la creatividad, los familiares de las víctimas exigen justicia y castigo a los perpetradores, persiste la impunidad, omisión, por ello un militar más en las calles implica más crímenes contra el pueblo, que la denuncia haga eco en los rincones proletarios y ésta permita alzar la voz de manera organizada mediante acciones políticas de masas.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

Navigation