Día del maestro proletario en el contexto de la militarización del país

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 15 de mayo de 2020

A los trabajadores de la educación

A los medios de comunicación

A los organismos defensores de los derechos humanos

Al conjunto del movimiento popular

Al pueblo en general

Día del maestro proletario en el contexto de la militarización del país

En este 15 de mayo, día del maestro proletario, manifestamos nuestra solidaridad a la lucha incansable de los trabajadores de los distintos sectores populares, en particular, a las víctimas de la violencia de Estado y crímenes de Estado y lesa humanidad que se esparce en los rincones del país. La lucha y defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación es indisoluble al conjunto de las organizaciones populares, padres de familia, estudiantes… juntos luchamos contra las políticas antipopulares que afectan los intereses del pueblo en general.

El Estado burgués y los gobiernos en turno imponen medidas políticas antipopulares encaminadas a hacer el mayor daño paulatino al pueblo trabajador. La privatización de la educación y eliminación de los derechos laborales y sindicales continúa bajo el matiz de la demagogia; la política de la militarización en este sexenio se convierte en el parámetro de las necesidades y prioridades de la oligarquía nacional y extranjera respecto a otras necesidades populares como la salud.

El reciente decreto presidencial de mantener al Ejército y la Marina en las calles para realizar “tareas de seguridad pública” hasta 2024, significa continuidad de la militarización que dejó ensangrentada a los trabajadores desde el gobierno de Felipe Calderón. Si el actual gobierno prometió regresar a los militares a sus cuarteles, fue un acto transitorio y demagógico, ganó tiempo apropiado para concretar la exigencia oligárquica de fortalecer el Estado policíaco militar.

Sobre este hecho, el gobierno federal expresa omisión, no considera el largo historial de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se mantienen en la impunidad. Si no existe voluntad política de enjuiciar y castigar a autores materiales e intelectuales de crímenes de Estado a mandos militares en sexenios pasados, el decreto coloca en mejor posición la figura castrense, lo que pone aún más difícil para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que el Estado Mexicano sea condenado por tales crímenes.

El pueblo organizado tienen el legítimo derecho de ejercer crítica a esta medida antipopular con fundamento en los cientos de miles de crímenes que las fuerzas castrenses se ven involucradas en sexenios pasados situación que no termina en la actual administración, por el contrario, la presencia de la Guardia Nacional en las calles cobre sus primeras víctimas en Chiapas con ejecuciones extrajudiciales que incrementarán en la medida que afiance su presencia.

La presencia de militares en las calles en tareas de “seguridad pública” no es la solución a ninguna exigencia popular, por el contrario, éste conlleva el incremento de las violaciones a los derechos humanos, a la represión masiva y selectiva contra el descontento popular en general y en particular a las organizaciones populares de carácter independiente. Se convierte en el instrumento perfecto para callar al pueblo que se organiza y proteste ante diversas demandas no satisfechas.

Para el pueblo organizado significa mayor control, vigilancia, hostigamiento, represión y el aumento de crímenes de Estado y lesa humanidad como la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Eso significó el despliegue en el sexenio de Felipe Calderón, en los estados del norte y centro del país y en este contexto político no será la excepción porque responde a una exigencia y necesidad de la oligarquía de recrudecer las medidas de seguridad para garantizar sus intereses empresariales que implica el uso de la fuerza pública y la contención del descontento popular ante la consecuencia de la crisis económica.

En este contexto, el gobierno estatal se empeña en criminalizar y estigmatizar la protesta popular, se niegan a atender y solucionar las demandas de los sectores organizados, entre ellos, el estudiantil, el magisterial, el campesino; para el gobierno de Escandón Cadenas, la opresión es sinónimo de justicia, las detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en actos honorables de su gobierno y convierte a los presos políticos en enemigos del propio pueblo.

No es delito o crimen movilizarse cuando en contra del pueblo se cometen injusticias, si el gobierno llama al pueblo a la paz, que éste encuentre sus bases en la satisfacción de las exigencias populares de justicia por los crímenes cometidos en su gobierno y se castigue a los perpetradores de la tortura.

Nos mantenemos en la firme decisión de luchar por las causas justas, por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, por la libertad de nuestros compañeros presos por razones políticos, Javier González, Armando Hernández, Venturino Torres y Asunción Gómez, así como la libertad incondicional de Juan Díaz Montejo y Rosa Del Carmen Hernández y la de todos los presos políticos.

En este sentido, hacemos un llamado al pueblo trabajador a mantener la organización y unidad con los distintos sectores del pueblo, a abrazar las causas justas del pueblo víctima de la violencia institucional y denunciar cada acto de represión o violaciones a los derechos humanos. Mientras el pueblo permanezca desmovilizado ningún derecho se garantiza, por el contrario, el Estado las arrebata y allí estriba la necesidad de defender nuestros intereses como clase explotada.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos!
¡Alto a la represión contra el movimiento popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Asamblea Estatal Democrática-Sección 40-CNTE

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