Tinta Socialista No. 123. El fortalecimiento del Estado policíaco militar continúa con el nuevo decreto presidencial que mantiene a los militares en las calles

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Ciudad de México a 13 de mayo de 2020

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El decreto presidencial que permite al Ejército y a la Marina realizar tareas de seguridad pública en México es una medida antipopular y violatorio a los derechos humanos; en los hechos es el fortalecimiento del Estado policíaco militar que desde hace 12 años inició durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (FCH) y Enrique Peña Nieto (EPN); administraciones que cometieron cientos de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y miles de desplazamientos forzados.

La administración de FCH (2006-2012) desplegó al ejército en las calles de manera inconstitucional para combatir a un supuesto enemigo interno, fue el sexenio que declaró la “guerra” a la llamada “delincuencia organizada”, política que incrementó la violencia gubernamental y el terrorismo de Estado. Los saldos de esa práctica deleznable son cientos de víctimas directas e indirectas de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

El gobierno de EPN (2012-2018) le dio continuidad a la política de militarización en el país, el Ejército y la Marina permanecieron en las calles con el mismo argumento de combatir a los grupos criminales, no obstante, en los hechos era una guerra contra el pueblo organizado y no organizado, pues esta política trajo consigo un incremento exponencial de víctimas con cientos de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, el hallazgo de más de un millar de fosas clandestinas y masacres contra el pueblo en general, en específico contra las voces críticas al régimen neoliberal.

El fortalecimiento del Estado policíaco militar no termina en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), éste se endurece al otorgarle mayor poder político, les garantiza intervenir en acciones que son exclusivas de Seguridad Pública, con ello garantiza manga ancha a este cuerpo castrense para cometer graves violaciones a los derechos humanos.

El gobierno de AMLO dio paso al fortalecimiento de esta política de gobierno a través de la modificación de la Constitución Política para elevar a rango constitucional la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, esto determina que el estado de derecho burgués se aplica para proteger los intereses político y económico de empresarios y oligarcas, quienes son los que exigen al Estado mexicano garantías políticas y militares para acumular y concentrar capital.

El decreto publicado el pasado 8 de mayo del año en curso faculta a los militares y marinos a intervenir y apoyar en 12 acciones distintas de seguridad pública contempladas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Las acciones van desde la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general, participar en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales o medios de transporte, entre otros.

Otras de sus facultades es realizar detenciones o asegurar bienes, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia de éstos. En sí, intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito o que consideren “una amenaza” para la “seguridad del país”. También les autoriza colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el “orden público” y “reestablecer la paz”.

El acuerdo es complementario a lo que marca el artículo quinto transitorio del decreto que creó a la Guardia Nacional (GN) el 26 de marzo de 2019, en el que se estableció que el Ejército y la Marina apoyará el trabajo de dicha instancia en materia de seguridad pública, por un plazo de cinco años, hasta que supuestamente la nueva corporación pueda desarrollar su propia estructura, capacidad e implementación territorial.

En esa Ley se determinó que la corporación militar iba a estar bajo un mando civil, no obstante, en este decreto establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) se coordine con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Secretaría de Marina (SEMAR) para las acciones a realizar en dichas instituciones.

¿Qué diferencia existe entre lo que determina esta administración respecto a la participación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública a las pasadas? De esencia ninguna, las tres continúan con la política de fortalecer el Estado policíaco militar a través de otorgarle mayor poder a estas instituciones a través del estado de derecho burgués.

El tiempo deja evidenciada la participación de la SEDENA y SEMAR en labores públicas, sólo basta recordar las masacres en Tlatlaya (2014), Tanhuato (2015), Apatzingán (2015), las masacres de familias en supuestos “fuegos cruzados”, la detención de supuestos sospechosos donde les fabricaron delitos que no cometieron, en síntesis, cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador, que a la fecha permanecen sin enjuiciados ni castigados.

Los perpetradores de crímenes de lesa humanidad permanecen en las instituciones militares y de la marina, son los mismos que en zonas económicas implementaron medidas antipopulares y contrainsurgentes, donde vidas humanas fueron los saldos de esa política deleznable. Hoy con diferente denominación e insignias son los mismos sujetos que son enaltecidos desde Palacio Nacional.

El decreto no sorprende, desde la creación de la GN se vislumbró el camino de la militarización a través de mecanismos leguleyos, hoy se reafirma lo que dijimos hace algunos años de que vivimos en un Estado policíaco militar y un estado de derecho burgués, donde las graves violaciones a los derechos humanos permanecerán como política de gobierno.

En algunas entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, la participación del Ejército y la Marina en labores de Seguridad Pública es un hecho palpable, con el pretexto de la pandemia producida por el SARS-CoV-2, fueron desplegados militares y marinos en las entradas de los hospitales, empezaron a patrullar las colonias de la ciudad, a estar presentes en lugares públicos, así como establecer retenes en las entradas de las ciudades. De facto impusieron los mecanismos que figuraron después en el decreto presidencial publicado el pasado recientemente.

La militarización en el país es un hecho, no hay modificación de esencia a lo que hicieron las administraciones pasadas, al pueblo nos queda claro que la intensificación de la violencia institucional no se detendrá, al contrario, incrementará de manera exponencial y con ello las violaciones a los derechos humanos serán palpables en esta administración. Un aspecto queda evidenciado, mientras la base económica que alimenta el modo de producción capitalista no sea modificada de esencia, la violencia institucional, las medidas antipopulares y represivas serán política de gobierno.

La organización independiente es una necesidad para el pueblo trabajador, mientras la violencia gubernamental permanezca, la denuncia y acciones políticas de masas serán constantes, así como la lucha por mejores condiciones de vida. ALTO A LA MILITARIZACIÓN EN EL PAÍS.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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