Presos políticos entre el silencio e impunidad

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Chiapas a 24 de abril de 2020

Al pueblo en general

Presos políticos entre el silencio e impunidad

El gobierno mexicano no considera la existencia de presos políticos recluidos en distintas cárceles en el estado de Chiapas, niega de su existencia, aplaza los términos jurídicos para su proceso de liberación, no castiga a los responsables de propiciar la tortura. La contingencia sanitaria no es motivo ni argumento convincente para dejar de ejercer o aplazar la justicia a quienes son víctimas de la violencia institucional, actuar de esta forma solo devela impunidad.

La contingencia sanitaria es un pretexto gubernamental más para perpetuar la impunidad a cuatro integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que mantiene en las mazmorras del Estado. El pasado 17 de abril Javier González Díaz cumplió 9 meses en condición de víctima de la violencia institucional y 3 más forman parte de la larga lista de presos en Chiapas como parte de la violencia y crímenes en contra de integrantes de organizaciones populares.

La existencia de presos políticos en esta entidad es parte de una política de limpieza en esta administración, pretenden con la violencia institucional cercenar la capacidad de las organizaciones en la defensa de los intereses populares, busca a como dé lugar justificar la represión contra ellas y doblegar su disposición en la lucha organizada. Los marcos legales las utiliza el Estado mexicano como medida coercitiva en contra de quienes se organizan por diversas exigencias sociales, económicas o políticas.

Los presos políticos en su condición de hombres y mujeres organizados que exigen solución a sus demandas y ejercen crítica al régimen actual, se vuelven blanco de la represión, de la censura en los medios masivos de comunicación, de la criminalización y estigmatización que pretende diluir las razones políticas y sociales de su lucha y los motivos por los que el Estado los mantiene en ese condición.

Javier González, Armando Hernández, Venturino Torres y Asunción Gómez integrantes del FNLS permanecen y son rehenes políticos de esta administración. En Chiapas se concreta una política que define su carácter como antipopular donde ser integrante de una organización independiente se convierte en el objeto de represión desde el Estado.

El delito o crimen a perseguir en términos de justicia es inexistente, el Estado mexicano castiga el hecho de optar por conciencia la solución a las necesidades populares y luchar por ellas de forma organizada. El gobierno castiga la voluntad de luchar y quien critique al régimen imperante, la denuncia y el desenmascaramiento de un gobierno que ejecuta crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales y pueblo en general es el delito que persiguen.

El caso de nuestros compañeros quienes permanecen como rehenes políticos en el CERSS 14 y 05, ubicados en Cintalapa y San Cristóbal de Las Casas respectivamente, son ejemplo del nulo acceso a la justicia en el país. Las leyes se ajustan a la política represiva de este gobierno, acomoda tiempos y recursos para sostener su ofensiva represiva en contra nuestra, pospone audiencias y aplaza términos que caen en el absurdo de la legalidad que perpetúan la impunidad.

Golpear a los trabajadores y a quienes ejercen crítica política al régimen es la particularidad del gobierno chiapaneco, someter en la prisión y crímenes a luchadores sociales y activistas. La libertad de nuestros compañeros debe ser incondicional e impostergable, porque luchar, organizarse y emprender la garantía de los derechos populares por la vía de los hechos no constituye un delito o crimen.

Si el gobierno arguye justicia y paz para el pueblo, no puede ser real con la existencia de presos políticos en el estado, mucho menos sin el castigo a los responsables materiales e intelectuales de crímenes como la detención desaparición forzada o la tortura del que son víctima el pueblo organizado y no organizado, particularmente a nuestros compañeros.

Por un lado el gobierno actual vocifera la diferencia entre el gobierno anterior y el suyo, pero en los hechos se mantiene la impunidad, la negativa a atender las exigencias populares y la represión a organizaciones populares que hoy exige libertad a los presos políticos en medio de la contingencia sanitaria.

¡Libertad, libertad a los presos por luchar! Es la consigna del pueblo en la exigencia a la libertad inmediata de Javier, Armando, Venturino y Asunción, si están presos es porque las carpetas de investigación se elaboraron a modo, es porque el gobierno de Rutilio Escandón pretende someter y justificar jurídica y políticamente la represión a los críticos del régimen. Nuestros compañeros deben estar en libertad, están presos por consigna gubernamental.

La exigencia debe continuar en tanto que en el país persista la iniciativa del gobierno en turno por mantener a hombres y mujeres en la prisión. Luchar por mejores condiciones de existencia, por la presentación con vida de los detenidos desparecidos por el Estado mexicano no es ningún crimen, denunciar y evidenciar el carácter antipopular del gobierno chiapaneco es un gesto digno en tanto que se señala al autor intelectual de una política que beneficia a las cámaras empresariales y no al pueblo.

Combativamente
¡Libertad a los presos políticos!
¡Libertar inmediata a Javier, Armando, Venturino y Asunción!
Frente Nacional de Lucha por el socialismo

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