Tinta Socialista No. 118. En tiempos de contingencia, la violencia institucional no cesa, incrementa contra el pueblo organizado

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Ciudad de México a 13 de abril de 2020

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En tiempos de contingencia la violencia de clase no cesa, ésta incrementa y se ensaña contra el pueblo organizado, principalmente contra aquel que ejerce crítica política al régimen neoliberal y opta por mantenerse fuera de los marcos corporativos del Estado. Política institucional que sexenio tras sexenio la cometen los gobiernos en turno de manera sistemática y generalizada contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, activistas políticos o trabajadores de la comunicación.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz son las entidades federativas con cifras que contrastan con el discurso oficial, donde los asesinatos políticos, las detenciones arbitrarias, tortura, desalojos forzados internos y amenazas de muerte son sistemáticas; violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos policíacos o sujetos vestidos de civil que actúan por comisión o aquiescencia del Estado.

La violencia institucional no es nueva, ésta tuvo un incrementó en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, política de gobierno que dejó un saldo de cientos de miles de víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y desplazamiento forzado; crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos por elementos policíacos y militares, los cuales, a la fecha ninguno ha sido enjuiciado ni castigado por perpetrar tan deleznables crímenes.

En esas administraciones las víctimas fueron pueblo organizado y no organizado, cualquier rincón del territorio nacional era testigo del cometido de tan aberrantes crímenes; profesionistas, campesinos, trabajadores asalariados, amas de casa, deportistas, estudiantes fueron las víctimas de esta política de gobierno.

Con el arribo de Morena a la silla presidencial, la violencia de clase no desapareció, al contrario, el discurso de aparente elocuencia y de respeto a los derechos humanos sirve de parapeto a políticos de oficio cuyo historial criminal está anclado a diferentes administraciones con diferente sigla partidista, por ello es fácil advertir un incremento en la espiral de violencia, principalmente en aquellos lugares donde los megaproyectos económicos de carácter neoliberal siguen su curso con la venia presidencial; las víctimas son principalmente pueblo organizado con una representación popular para defender sus derechos y libertades políticas.

Oaxaca es una de las entidades federativas donde los asesinatos políticos son constantes contra las organizaciones populares, una de ellas es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), quien desde que asumió el Ejecutivo estatal Alejandro Murat Hinojosa, se han incrementado las graves violaciones a los derechos humanos, principalmente contra luchadores sociales o defensores de los derechos humanos, que lejos erradicarlos se incrementan.

El cobarde asesinato de los luchadores sociales Pablito Guzmán Solano y Esteban Martínez Pérez, el pasado 9 de abril por sujetos vestidos de civil en la comunidad Constancia del Rosario es un crimen de Estado que se suma a los cometidos contra esa organización hermana; desde que inició esa administración priista, el MULT ha exigido se firmen los acuerdos de Paz para la comunidad triqui, cuya respuesta ha sido el cometido de crímenes de Estado contra integrantes de su organización.

Los dos luchadores sociales eran promotores del acuerdo de Paz, siempre solidarios con quienes más lo necesitaron, hombres que siempre lucharon contra la corrupción y las injusticias que padece el pueblo. Su asesinato es eminentemente político, cuya responsabilidad es del Ejecutivo estatal por no hacer nada para detener la violencia en los municipios donde tienen presencia y arraigo.

Su asesinato no es casual, se circunscribe dentro de la política represiva contra el pueblo organizado, principalmente contra esfuerzos organizativos que por más de 30 años luchan por la tierra y su defensa, los que hoy permanecen en ella son hijos de aquellos padres que en el siglo pasado lucharon contra caciques sanguinarios.

En Chiapas, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas desde que asumió el Ejecutivo estatal en diciembre de 2018 a la fecha ha cometido detenciones arbitrarias, tortura, desalojos forzados, asesinatos políticos…, contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, activistas políticos o trabajadores de la comunicación. Es una de las entidades federativas donde la única ley es la del burgués, la que protege los intereses político y económico de empresarios del país como del extranjero.

La represión en esa entidad es política de gobierno, es la que mantiene en los CERSS No. 5 en San Cristóbal de Las Casas y No. 14 en Cintalapa, Chiapas a nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, quienes fueron detenidos de manera arbitraria por elementos policíacos. Los compañeros Javier y Armando fueron torturados por agentes policíacos de la entidad, a través de esa grave violación a los derechos humanos intentaron obtener información sobre el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), organización de la que son integrantes.

Estos casos expresan la práctica institucional de la entidad contra las masas trabajadoras, donde la represión alcanzó a vendedores ambulantes, comunidades indígenas, estudiantes, trabajadores de la comunicación y de la educación; violaciones a los derechos humanos que evidencian a un gobierno antipopular, proempresarial y autoritario, fiel defensor de los grupos de poder político y económico de la entidad.

Veracruz es la entidad federativa donde la violencia institucional no cesa, las desapariciones forzadas y asesinatos políticos se mantienen. Los defensores de los derechos humanos son trastocados por esta política criminal, tal es el caso de Adán Vera Lira, ambientalista y defensor de manglares, dunas y los ecosistemas de la costa central de la entidad, ante la instalación de megaproyectos de minería a cielo abierto en esa región.

El asesinato de Jorge Celestino Ruiz, trabajador de la comunicación asesinado en el municipio de Actopan, Veracruz, es una muestra de que la violencia de clase no distingue siglas partidistas, independientemente de quien suma los representaciones estatales o federales, son hombres formados en las instituciones del régimen que van a defender los intereses de los grupos de poder económico y político.

En Chiapas y Veracruz gobierna el partido político de MORENA, sus administradores se jactan en decir que siguen los lineamientos del gobierno federal, donde los derechos humanos son respetados, no obstante, en los hechos evidencian su proceder represivo y antipopular contra las masas organizadas.

Oaxaca es un estado, que si bien es gobernado por un representante del PRI no dejan de tener el mismo origen, son hombres formados en las instituciones del régimen cuyo preceder es con la intención de mantener la base económica que sostiene el modo de producción capitalista.

La exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del cometido de crímenes de Estado continúa, aunque la coyuntura actual no nos favorezca la voz de las víctimas se escucha con mayor ahínco, sin cesar, no descansaremos hasta que la justicia llegue a nuestros hogares.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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