Tinta Socialista No. 115. Las campañas de difamación son el camino para la criminalización de la pobreza y protesta popular

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Ciudad de México a 25 de marzo de 2020

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La criminalización de la pobreza y protesta popular en Chiapas es política de gobierno, práctica gubernamental que allana el camino para generar las condiciones de la represión contra el conjunto del movimiento popular, en específico, a las organizaciones populares que luchan fuera de los marcos corporativizantes del Estado.

Chiapas es la entidad federativa donde la violencia institucional y la represión son política de gobierno que de manera sistemática y generalizada la cometen contra el pueblo organizado y no organizado; práctica gubernamental objetivada en detenciones arbitrarias, desalojos forzados, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, hostigamiento, persecución política, amenazas de muerte, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Las campañas de difamación contra las organizaciones populares son una forma de objetivar esta práctica institucional que, a través de notas periodísticas falsas, campañas de linchamiento o difamación difundidas en redes sociales contra las organizaciones de carácter popular e independiente incitan al linchamiento mediático.
El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas lanza campañas de criminalización a través de algunos medios de comunicación oficiales que generan estigma contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), donde toda acción de protesta que realice es tipificada como actos “violentos” o “delincuenciales”.

A través de notas falsas difundidas en redes sociales intenta generar estigma y descalificación contra el FNLS, les quitan el contenido político a las actividades de protesta con la intención de generar las condiciones para la represión o el cometido de graves violaciones a los derechos humanos.

Algunos medios de comunicación se prestan para cometer este tipo descalificaciones donde no importa la veracidad u objetividad de la nota para mantener informados a la población, sino lo que pueden obtener económicamente para hacer ese tipo de publicaciones. Ven la noticia como mercancía, no importa el compromiso de informar acorde a la realidad objetiva sino las regalías institucionales que obtendrán del Estado.

Algunos medios de comunicación son serviciales a los intereses político y económico del gobierno, tienen bien definida su condición de clase, ideología y pensamiento, la cual, define la línea editorial con la que van a conducir su medio informativo, por tanto, no sorprende cuando hacen publicaciones falsas o señalamientos tendenciosas
La nota tendenciosa y falsa intitulada, “otro líder del fnls tras las rejas”, escrita por portal de noticias, Estado agencia multimedios es un ejemplo de la campaña de difamación que el gobierno chiapaneco ejerce contra nuestra organización con la intención de cometer detenciones arbitrarias o hacer efectivas las carpetas de investigación que tienen en la Fiscalía General del Estado con la representación de Jorge Luis Llaven Abarca.

De esta manera es como el gobierno de Chiapas ha cometido múltiples arbitrariedades en la entidad contra varias organizaciones, en específico contra el FNLS, a quien desde el 17 de julio de 2019 emprendió una ofensiva represiva contra integrantes y comunidades organizadas en torno al FNLS con el objetivo de pretender desarticular ese esfuerzo organizativo.

A través de esa política gubernamental es como mantiene tras las rejas a los compañeros Javier González Díaz, Armando Sánchez Hernández, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, detenidos de manera arbitraria en diferentes momentos por elementos de la policía estatal vestidos de civil.

A los compañeros les imputaron delitos que no cometieron, desde que fueron trasladados a los CERSS 5 y 14 de la entidad chiapaneca les fue negado el derecho al libre proceso, sus carpetas de investigación tienen varias irregularidades donde no hay pruebas fidedignas que los mantenga en esa condición, lo que evidencia su condición de rehenes políticos, están en esa circunstancia por organizarse, defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra, luchar por el socialismo en México y ser integrantes del FNLS.

Las detenciones son injustificadas jurídicamente, forman parte de la campaña de linchamiento y deslegitimación emprendida por la Mesa de Seguridad, instancia gubernamental en la que deciden cómo, cuándo y a quién reprimir; es la ofensiva represiva diseñada desde esta instancia conformada por la coordinación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la FGE, funcionarios de gobierno estatal y federal.

El derecho a la protesta es criminalizado, cada acción política de masas intenta ser coartado de tajo, con ello intentan quitar los derechos y libertades políticas del pueblo; derechos que emanan de la desigualdad social, pobreza y miseria del pueblo, fenómenos socieoconómicos que se profundizan ante cada administración que llega a la administración estatal o federal.

Protestar no es un delito, exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos no es un crimen es un acto de dignidad y derecho del pueblo organizado y de los familiares para exigir al gobierno mexicano la presentación con vida de las víctimas, así como juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estos aberrantes crímenes.

Exigir alto a la violencia institucional y a la represión no es un delito, es un derecho del pueblo, establecido en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la única violencia es la que emana del Estado, es la que, a través de sus agentes policíacos, funcionarios y políticos de oficio ejercen contra las masas trabajadoras.

No sorprende esta nueva oleada represiva del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, donde perversamente aprovecha la contingencia sanitaria para que través de sus funcionarios más allegados como Jorge Luis LLaven Abarca e Ismael Brito Mazariegos eche a andar toda su maquinaria represiva contra la organización en esa entidad federativa.

Ante cada acto de descalificación o linchamiento apelaremos a nuestro legítimo derecho de réplica, porque nuestra lucha es justa no callaremos ni dejaremos de exigir JUSTICIA; los años que duren nuestros compañeros tras las rejas son los mismos que emprenderemos jornadas de lucha para exigir su libertad, así como evidenciar que en Chiapas el gobierno de MORENA comete a diestra y siniestra múltiples violaciones a los derechos humanos.

Frente Nacional de Lucha Socialismo
FNLS


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