En Chiapas los derechos humanos son letra muerta

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Ciudad de México a 19 de febrero de 2020

A la opinión pública

En el estado de Chiapas los derechos humanos son letra muerta, todo tipo de descontento o manifestación del pueblo es recibido con el tolete, agresiones físicas o verbales, amenazas de detención y descalificaciones de elementos policíacos y funcionarios que conforman el aparato represivo del Estado mexicano.

El único diálogo que conocen las autoridades en esta entidad federativa es la represión y la imposición de medidas coercitivas, desde el Ejecutivo estatal hasta el elemento policíaco en su conjunto materializan está política deleznable para imponer a sangre y fuego la dictadura del capital. Es evidente que en el sureste del país se privilegian los intereses políticos y económicos de empresarios, tanto del país como del extranjero.

La declaración del encargado de la política interna de la entidad, Ismael Brito Mazariegos, ante los medios de comunicación, como “en Chiapas se privilegia el diálogo y se respetan los derechos y libertades políticas” es totalmente falsa, porque en esta región del país a diestra y siniestra cometen violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado.

Las víctimas de esta política deleznable en la entidad son varias, a más de un año de gobierno la administración de Rutilio Escandón Cadenas ha cometido desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, desalojos forzados de familias completas de su tierra, asesinatos políticos, desplazamientos forzados internos, desalojo de comerciantes de sus lugares de trabajo; derechos y libertades políticas quebrantados por elementos policíacos y militares para contener todo brote de protesta.

Los recientes hechos represivos contra estudiantes de la Normal Rural de Mactumatza y padres de familia de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos en el estado de Chiapas, son parte de la violencia institucional objetivada contra el conjunto del movimiento popular. Política de gobierno que fue aplaudida por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), y legisladores locales como Carlos Palomeque Archila, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de del Partido de Acción Nacional (PAN) en Chiapas.

El primero reitero que, “la aplicación correcta del estado de derecho deben ser prácticas cotidianas y no negociables en la vida pública loca y nacional”; el segundo, señaló que, “respaldan las acciones emprendidas por el gobierno de Chiapas para garantizar el estado de derecho y el libre tránsito. Hoy Chiapas tiene un gobierno que busca la tranquilidad para el pueblo. No debe bajar la guardia porque va por buen camino”.

El estado de derecho que reclaman es el que defiende los intereses de empresarios locales, nacionales y extranjeros, por eso, no sorprenden los comentarios de la CANACO, porque son primeros en exigir mayor represión, fortalecimiento del Estado policíaco militar y consolidación del estado de derecho burgués que les garantice mayor acumulación y concentración de capital.

Respecto a los comentarios que hace el señor Carlos Palomeque Archila, expresan indolencia y su vocación profascista, qué podemos esperar de un hombre que representa al partido político que dejó en un baño de sangre al pueblo mexicano durante las administraciones federales de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, con cientos de miles de detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.

En nuestro caso, también somos víctimas de esa política represiva, a través de campañas de linchamiento mediático y difamación por denunciar la responsabilidad del gobierno mexicano en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos; por no callar y exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, en específico la del compañero Fidencio Gómez Sántiz y la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; por ser una organización de carácter popular e independiente que lucha por el socialismo en México.

Razón para que el gobierno chiapaneco mantenga en los CERSS No. 5 y 14 a los compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar como una forma de castigo por defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y ser integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). Hoy son presos políticos a quienes les fabricaron delitos y una carpeta de investigación que no justifica su injusta reclusión, mucho menos los tratos crueles, inhumanos y degradantes de las que fueron objeto.

En similar situación están los compañeros de la comunidad 2 de Noviembre, municipio de Socoltenango, Chiapas, quienes fueron desalojados con lujo de violencia de sus viviendas por un operativo policíaco militar donde participaron elementos de las policías municipal, estatal, la Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía General del Estado y funcionarios municipales. Caso que ilustra la coordinación de elementos estatales y federales para el cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Lo que sucede en la entidad chiapaneca no es desconocimiento del ejecutivo federal, quien al respecto guarda silencio, prefiere no actuar, porque en su lógica “respeta la autonomía de la entidad”, en ese raciocinio respeta que elementos policíacos cometan actos de tortura, está de acuerdo que elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con la policía estatal desalojen a familias enteras de su tierra y los dejen en la intemperie en la total indefensión; permite que la GN reprima y violente los derechos de los migrantes. En sí graves violaciones a los derechos humanos que intentan ocultar desde la oficialidad.

El discurso demagógico es una política de gobierno, aparentar ante los medios de comunicación que intentan priorizar la “paz y la seguridad” es un artificio para intenta justificar la represión y los crímenes de lesa humanidad. Con ello el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas intenta eludir su responsabilidad en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado.

Las preguntas siguen sin respuesta, ¿por qué la administración federal permite que en Chiapas se violenten de manera sistemática y generalizada los derechos humanos?, ¿Por qué guarda silencio ante las denuncias interpuestas por tortura, detenciones arbitrarias y desalojos forzados internos?, ¿por qué permite que hombres como Jorge Luis Llaven Abarca, Ismael Brito Mazariegos y Rutilio Escandón Cadenas gobiernen en Chiapas en total impunidad?

La lucha por mejores condiciones de vida es una necesidad política para el pueblo explotado y oprimido; el silencio fortalece al régimen neoliberal y permite que la represión, las graves violaciones a los derechos, el cometido de crímenes de lesa humanidad sea cotidianos. No callemos, denunciemos y desenmascaremos la ofensiva represiva del gobierno mexicano.

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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