Tinta Socialista No. 110. En México es más importante el combate a la corrupción que investigar los cientos de miles de casos de desaparición forzada en el país

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Ciudad de México a 12 de febrero de 2020

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En México el combate a la corrupción es presentado como la prioridad en vez de investigar los cientos de miles de casos de desaparición forzada. Dar con el paradero de las víctimas es una posibilidad lejana para los familiares, los mismo que enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, se conozca la verdad de los hechos; a la fecha no hay indicios claros de hacer JUSTICIA a las víctimas directas e indirectas, aunque existan resoluciones judiciales que mandaten la búsqueda o localización de los agraviados.

El combate a la corrupción es el argumento para la creación de un nuevo paradigma a vencer en el gobierno federal, éste se convierte en el enemigo principal a suprimir, a tal grado que los casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura o desplazamientos forzados son contemplados en segundo término o minimizados por funcionarios e instituciones encargadas de impartir “la justicia” en toda la geografía mexicana.

La corrupción, como lo hemos señalado en varias publicaciones, es un fenómeno socioeconómico inherente al modo de producción capitalista, su erradicación no consiste en la visión maniquea de quitar a los malos y dejar a los buenos, ésta se logra con la transformación de la base económica que mantiene intactas las relaciones sociales de producción basadas en la explotación económica y opresión política.

La defensa a ultranza de este fenómeno socioeconómico devela la consigna política ejecutada en los estados de la República que son gobernados por las mismas siglas que identifican al gobierno federal, ejemplo de ello es el gobierno chiapaneco, quien a nombre de los principios que establece la administración federal comete a diestra y siniestra graves violaciones a los derechos humanos, aunque en sus filas estén hombres que escalaron puestos a través de la corrupción hoy dicen ser fieles defensores de ese principio rector gubernamental.

El cometido de graves violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional es un hecho real e inobjetable, difícilmente lo pueden ocultar desde la oficialidad, porque son orquestados directamente contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, activistas políticos o trabajadores de la comunicación, en sí están dirigidos contra el pueblo que ejerza crítica política al régimen neoliberal.

En la mayoría de los casos de desaparición forzada está la mano de un militar, policía o marino, son señalados y reconocidos por los familiares o las propias víctimas como los perpetradores, pese a ello, el gobierno mexicano hace una defensa a ultranza para intentar limpiar la imagen de violencia o cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad de los cuerpos policíacos y militares.

No sorprenden las campañas mediáticas de información que difunde el gobierno mexicano a través de los monopolios de la comunicación para destacar las labores de militares o marinos, donde aparecen sujetos que dicen ser fieles defensores de la patria, de la paz y los derechos humanos, sin embargo, ese supuesto “pueblo uniformado” es quien reprime al pueblo organizado.

No son casuales los comentarios que hace la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), donde señala que, “el objetivo es lograr la transformación de la vida pública de México a través de desterrar la corrupción, aplicar un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad, aplicar la democracia plena, garantizar la justicia y apego a la ley, respetar plenamente los derechos humanos y alcanzar el bienestar del pueblo”, porque estos cuerpos represivos fungen como el puntal represivo que sostiene la actual política gubernamental.

En los hechos son el brazo ejecutor que garantizará la implementación de los megaproyectos económicos, contendrá las protestas populares para la aplicación del estado de derecho burgués. La paz de la que pregonan consiste en mantener sometidas a las masas trabajadoras, contener el descontento popular y acallar las voces de protesta a través de las modificaciones al marco jurídico Constitucional que aprobaron la creación de la Guardia Nacional. En los hechos avalaron con la ley en la mano la militarización que desde hace 18 años se intensificó en toda la geografía mexicana.

La libertad es aquella que permite a empresarios y oligarcas incrementar sus cuotas de ganancia a través del despojo legalizado de las tierras, el hurto, la explotación y el saqueo de los recursos naturales y energéticos, ejemplo de ello es el despojo legalizado de sus tierras a legítimos dueños en el estado de Chiapas, lugar donde la Fiscalía General del Estado ha desalojado a cientos de familias.

La justicia es un concepto que prioriza los intereses políticos y económicos de empresarios para concentrar y acumular capital en detrimento de las masas trabajadoras, de modo que, cuando el pueblo organizado protesta para exigir mejores condiciones de vida y trabajo, así como la presentación con vida de los cientos de miles de detenidos desaparecidos en el país, se le conduce por la ruta de la dilación y el cometido de más crímenes de Estado.

Un aspecto donde podemos observar claramente el fenómeno anterior es con los casos de desaparición forzada, hasta el momento las autoridades encargadas de atenderlos sólo se han limitado a dar a conocer cifras, las cuales, conforme avanza el tiempo incrementan, lo que denota que la violencia institucional es un fenómeno socioeconómico que tiene continuidad en la actual administración.

La política institucional respecto a ese tema es clara, programar sin fin de reuniones con los colectivos, organizaciones o familiares, pero no operativizan, acontecimiento que devela la política dilatoria y desgaste para los familiares de las víctimas. En los hechos eluden su responsabilidad como Estado mexicano respecto a las graves violaciones a los derechos humanos en el país.

La indolencia, dilación, desgaste y burocratismo son política de gobierno, pese a que en el discurso señalen que se va a tender todos los casos de desaparición forzada y no van a permitir que la impunidad permanezca, ésta persiste a través de un camino tortuoso en los tribunales de “justicia” y en la protección institucional a los responsables materiales e intelectuales de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

En esa lógica, la norma consiste en que los familiares o las víctimas directas esperen diez, veinte o más años para que el Estado mexicano a través de sus instituciones reconozca que sí cometió una desaparición forzada a través de sus agentes. Tiempo en el que enfrentan la indolencia y la burla de funcionarios, políticos de oficio y agentes.

La exigencia de presentación con vida no cesa, cada administración federal, independientemente de las siglas partidistas, escamotea las leyes para que la justicia sea inalcanzable; el común denominador es ponderar la impunidad y otorgar inmunidad a las fuerzas policíaco militares. Podrán pasar los días, meses o años, pero no borrarán la vida e historia de un detenido desaparecidos. VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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