Para el Estado la justicia no es prioridad, la represión e impunidad sí

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Chiapas, México. 11 de febrero de 2020

Al pueblo en general

Para el Estado la justicia no es prioridad, la represión e impunidad sí

Justicia es una demanda del movimiento popular que significa la exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes perpetrados en contra de luchadores sociales, activistas, ambientalistas y defensores de los derechos humanos. El gobierno chiapaneco responde a esta exigencia con represión e impunidad.

Sin el acceso a la justicia, no habría forma de frenar el cometido de crímenes de lesa humanidad como lo son las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias. El ejemplo lo encontramos con Jorge Luis Llaven Abarca quien sin recibir castigo por el crimen de tortura cometido hace unos años, en la actualidad como Fiscal General del Estado en Chiapas continúa con esas prácticas.

Rutilio Escandón Cadenas representante del ejecutivo estatal y Jorge Luis Llaven Abarca, tienen conocimiento de los cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en anteriores administraciones y en la presente, sin embargo, su prioridad no es atenderlas sino buscar la manera de dar carpetazo y silenciar a todo aquel que no cese en pedir justicia y castigo a los criminales de Estado.

Por esta razón no existe la más mínima voluntad política por parte de las instituciones estatales de justicia para atender a los familiares de víctimas y organizaciones populares y resolver los diversos casos de crímenes que se cometieron en sexenios pasados y en la presente en contra del pueblo organizado. Lo que sí es tangible es el puntual seguimiento represivo hacia quienes mantienen en lo alto las consignas de ¡ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!

Represión e impunidad son los sinónimos de esta administración, más visible en estos momentos en el estado de Chiapas, donde es evidente la existencia de presos políticos, tortura, violaciones a los derechos humanos, despojos de tierras, desalojos forzosos, desplazamiento forzado interno, ejecuciones extrajudiciales. Es inocultable e innegable esta realidad.

Para el gobierno de Chiapas en primer orden esta la imposición de la voluntad oligarca, para ello ejerce la violencia institucional para hacer a un lado o eliminar a todo aquel que se oponga a esos mezquinos intereses. No está dentro de su agenda garantizar los derechos a la vivienda, o tierra para trabajar, mucho menos el respeto a los derechos humanos.

El FNLS tiene víctimas de la violencia institucional en los anteriores y el actual sexenio, por ejemplo, cinco compañeros presos políticos detenidos arbitrariamente en el año 2019, la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz cometido en el año de 2017, la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz cometida en el año de 2015, por mencionar algunos, son crímenes que se encuentran en carpetas de investigación en la FGE pero su estatus es la impunidad.

La FGE en vez de atender y dar celeridad a las investigaciones, prefiere atentar contra nuestra organización a manera de venganza por no desistir ni un segundo en la exigencia de presentación con vida de los más de 300 mil detenidos desaparecidos en el país, en particular la de nuestro compañero Fidencio y la de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; también a la exigencia de justicia para los más de 250 mil ejecutados extrajudicialmente; libertad a los presos políticos y castigo a los responsables de cometer actos de tortura contra luchadores sociales.

El discurso de la fiscalía es “dar una justicia más humana” sin embargo, Llaven Abarca, Felipe Calderón Hinojosa dos criminales de Estado mantienen sus actividades normales, como si no hubieran cometido ningún delito, pero hay campesinos pobres que por luchar por un pedazo de tierra para vivir y trabajar se encuentran encarcelados, ¿qué de justo tiene esto? Nada.

La actual administración gubernamental se autoproclama diferente a los otros sexenios, sin embargo, discursivamente no tiene validez si no hay congruencia con los hechos, ¿Por qué a pesar de tener conocimiento de los miles de casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura aún siguen sin resolverse? ¿Por qué continua la impunidad en este sexenio?

Combatimos la impunidad es un desgastado slogan publicitario de los gobiernos estatal y federal, pero podemos demostrar con hechos que sólo es demagógica para intentar engañar al pueblo y a las víctimas y con ello evitar la protesta popular. No violaremos derechos humanos, ni habrá represión, tortura o presos políticos es otro cansado discurso que no empata en los más mínimo con la realidad.

Mientras la impunidad persista razones para protestar sobran, la exigencia de justicia es una demanda legítima y necesaria ante una administración que pretende imponer la impunidad y continuar con el cometido de crímenes de Estado contra el pueblo para beneficiar a intereses empresariales.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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