¡Libertad a los presos por luchar!

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Chiapas, México. 8 de febrero de 2020

Al pueblo en general

¡Libertad a los presos por luchar!

Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, todos militantes del FNLS, son presos políticos. El Estado los encarceló como castigo por su activismo político y por participar activamente en las jornadas de lucha por la defensa del derecho a la tierra, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y justicia.

Con la cárcel el gobierno chiapaneco pretende callar las voces críticas y evitar los cuestionamientos hacia su política demagógica, represiva y pro oligarca. Lo sucedido contra nuestros compañeros es un botón de muestra de la violencia institucional que se esparce en toda la entidad contra las organizaciones populares, activistas y defensores de los derechos humanos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuyo titular es Jorge Luis Llaven Abarca, es la institución encargada de maquilar el plan jurídico para mantener encarcelados a nuestros compañeros, la cual consiste en la prefabricar delitos, insertar pruebas falsas y testigos falsos a las carpetas de investigación, imponer el burocratismo, dilación con las víctimas para tenerlos recluidos el mayor tiempo posible.

La práctica que hoy ejecutan las instituciones encargadas de “impartir justicia” es la de criminalizar la pobreza y la protesta popular, es decir, dar un trato de criminal o delincuente a todo aquel que ejerza su derecho a la organización, protesta, manifestación y que por la vía de los hechos haga valer sus derechos como lo es el acceso a la tierra y a una vivienda digna.

Los delitos imputados a nuestros compañeros son falsos, en el caso de Javier es evidente la prefabricación de delitos, en este caso no hay pruebas de las acusaciones hechas en su contra y la razón es sencilla, Javier no es un delincuente, es un luchador social y por ese motivo fue detenido.

El despojo de tierras, “delito” con el que tienen encarcelados de manera injusta a Venturino y Asunción es de igual manera falso, no existe tal situación, sólo fue el pretexto para detenerlos y obligarlos a que desistan de la organización independiente.

El despojo de tierras lo comete el Estado a través de sus operativos policiacos militares, donde poblaciones enteras son desalojadas y desplazadas de manera forzada de sus comunidades y colonias para beneficiar a un reducido grupo de terratenientes, caciques y al capital monopolista trasnacional.

Por lo tanto, el Estado es el criminal, porque deja a miles de niños, mujeres y ancianos sin tierras ni vivienda para vivir, son abandonados a su suerte en las calles, hecho que Venturino y Asunción no han cometido.

En el caso de Armando el delito imputado es la muestra clara de la criminalización de la protesta popular, está encarcelado por participar en las jornadas de lucha contra la represión y por la libertad de los presos políticos. En conjunto la FGE mantiene a nuestros compañeros como sus rehenes políticos, pide a cambio que el FNLS abandone la lucha por los derechos del pueblo.

En términos jurídicos el Estado utiliza las leyes para atentar contra las organizaciones populares y luchadores sociales, la FGE no actúa con la misma eficacia cuando se trata de dar con el paradero de los detenidos desaparecidos o aplicar justicia a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado. Su Ley encarcela a luchadores sociales y deja en la impunidad a un torturador como lo es Jorge Luis Llaven Abarca.

Otro ejemplo son las prórrogas, instrumento que la FGE utiliza para mantener encarcelados injustamente a nuestros compañeros durante meses, es un lapso de tiempo que le sirve al Estado para fabricar nuevos delitos y pruebas falsas, tiempo utilizado también para amedrentar psicológicamente con actos de tortura a los presos políticos y tratar de quebrantar su voluntad de lucha.

Javier, Armando y Venturino son víctimas de tortura, a los dos primeros se les aplicó antes de presentarlos en el Ministerio Público como método de investigación, les pidieron con castigos información sobre nuestra organización, los daños sufridos en la humanidad de nuestros compañeros aun es visible.

Al interior del penal la tortura continua, son amenazados de muerte o con ser golpeados para que no hablen con el personal de los organismos oficiales e independientes de derechos humanos sobre su situación dentro de la cárcel, son obligados a realizar trabajos forzados, les limitan la comunicación, una situación que a todas luces es injusta.

Esta realidad el gobierno de Chiapas intenta ocultarlo con el manejo mediático, que consiste en destinar millones de pesos en propaganda política, muchos medios se prestan a esto, sin embargo, voces críticas y consecuentes en el halo periodístico otorgan luz sobre el verdadero carácter represor y demagogo de la administración chiapaneca.

¿Cuánto tiempo más el gobierno chiapaneco tendrá encarcelados a los presos políticos? ¿Cuántos luchadores sociales más encarcelará? ¿A cuántos más torturará? ¿Llaven Abarca seguirá impune antes sus crímenes? ¿La violencia en Chiapas la ordena el gobierno federal? Son los cuestionamientos que surgen al analizar la realidad.

De dicho análisis emana también las tareas del movimiento popular, que son las de levantar las banderas de lucha contra la represión, libertad a los presos políticos y justicia. Impulsar la coordinación entre organizaciones para enfrentar la actual política represiva del gobierno chiapaneco contra el pueblo.

Nuestros compañeros presos mantienen la firmeza ideológica y política, desde su celda resisten los embates de la política represiva, nuestra labor es mantener viva la lucha por la defensa de la tierra y luchar por su libertad, sin cansancio ¡Hasta verlos libres de las mazmorras del Estado!

¡Presos políticos! ¡Libertad!, ¡Libertad, libertad a los presos por luchar!
¡Alto a la represión!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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