Tsajal Ek`. 11. Planes represivos del gobierno chiapaneco en la región selva de Chiapas

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Tsajal Ek´No. 11
Análisis y propuesta del FNLS en Chiapas
19 de enero de 2020

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Planes represivos del gobierno chiapaneco en la región selva de Chiapas

La oligarquía nacional y extranjera urgen al gobierno de Chiapas dar celeridad a la ejecución de su política represiva en la región selva de Chiapas, esto con el objetivo de tener las condiciones adecuadas para concretar sus planes económicos. En otras palabras la agudización de las acciones represivas en contra de comunidades organizadas y organizaciones populares que existen en dicha región para imponer sin impedimentos la voluntad de empresarios.

Los principales intereses oligarcas en esta región son los recursos naturales y minerales como el petróleo, la madera, agua, atractivos naturales, la tierra y, la mano de obra barata, también las vías de comunicación para la circulación de mercancías, en este rubro están el Tren Maya y el Eje Transversal Pijijiapan – Palenque.

Desde las primeras exploraciones de pozos petroleros, la reactivación de proyectos de presas en los municipios de dicha región, y con el anuncio de la ampliación de la carretera San Cristóbal – Palenque y la construcción del Tren Maya, las comunidades campesinas organizadas expresaron no estar de acuerdo, porque, no hay beneficios para el pueblo sino al contrario, quien obtendrá ganancias millonarias es el empresario.

Esto es fácil de observar en las zonas mineras del país, las empresas del sector extractivo obtienen beneficios millonarios, mientras tanto, la población cercana padece las consecuencias de la contaminación y la represión, sus condiciones de vida no mejoran.

Bajo el conocimiento de las leyes que rigen la sociedad capitalista las organizaciones populares independientes como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), expresan su crítica política al régimen de explotación y opresión. La actual administración gubernamental pretende eliminar toda esta crítica para detener el avance del movimiento popular que pone en riesgo el interés oligarca.

En el caso particular del gobierno chiapaneco, su administración es fiel a los mandatos de los empresarios y terratenientes, así se explica, la ola de violencia que azota la entidad expresada en ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, desalojos forzosos, despojo de tierras, detenciones arbitrarias de luchadores sociales y defensores del derecho a la tierra, represión a normalistas y organizaciones populares.

En tan sólo un año más de cinco mil familias fueron desalojadas de sus hogares, condenadas a vivir en las calles y puentes, dos centenas de personas fueron encarceladas únicamente por luchar y defender el derecho a la tierra y vivienda. Esto es el verdadero rostro de la imposición del interés privado por encima del interés colectivo.

Desde el mes de julio la administración chiapaneca mandató la ejecución de una ofensiva represiva contra el FNLS, la cual se tradujo en la región selva, concretamente en los municipios de Ocosingo y Altamirano en constantes intentos de incursión policiaca militar a las comunidades y ataques con arma de fuego por parte de agentes del Estado en contra de la población.

En esa misma región los grupos paramilitares reactivaron sus acciones de hostigamiento e intimidación, concretamente en el Ejido el Carrizal, también en los municipios de Chilon y Tila, los saldos de dichos ataques paramilitares fueron desplazamiento forzado y asesinatos. En Palenque fueron asesinados dos ambientalistas.

Esta violencia está en estrecha relación con el interés oligarca, por lo que, no se detiene, su continuidad es supervisada por el Fiscal General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, instituciones encargadas de planear las acciones policiacas y militares contra organizaciones populares y dar impunidad a los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos.

El 17 de enero, Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado y Gabriela Zepeda Soto titular de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezaron una “mesa de seguridad” en el municipio de Ocosingo, con los presidentes municipales de Chilon, Yajalon, Benemérito de las Américas, Sitalá, Marqués de comillas y Ocosingo, y no fue precisamente para atender las demandas de las organizaciones en relación a la desarticulación de los grupos paramilitares y justicia para las víctimas de la represión.

“Esa mesa de seguridad” tuvo el objetivo de “fortalecer el estado de derecho en la región” como lo dijera Llaven Abarca, mismo discurso utilizado por éste político de oficio para justificar la tortura, las detenciones ilegales, despojos de tierras y desplazamientos forzados.

Qué se espera entonces en la región selva de Chiapas, la agudización de la represión para eliminar toda oposición y crítica política al actual régimen. Los blancos de la represión son las comunidades organizadas, organizaciones populares, activistas y luchadores sociales.

La práctica represiva de esta administración es innegable e inocultable, ni el discurso más florido puede esconder los crímenes cometidos por esta administración y los propósitos que existen en las diferentes regiones del estado donde están marcados los intereses capitalistas.

El 18 de enero, Rutilio Escandon Cadenas en el municipio de Chilon expresó: “tengan confianza, los recursos se invierten en lo que ustedes requieren porque la que manda es la voz del pueblo”, una expresión de cinismo, el pueblo no pide represión, no mandata imposición de intereses empresariales, por tanto, su discurso no es más que demagogia pura con la que intenta engañar al pueblo.

Si esta es la política de este gobierno, la necesidad del movimiento popular es fortalecer los lazos de la coordinación y unidad para enfrentar en mejores condiciones la represión y garantizar nuestro derecho a la tierra, a la libertad y justicia.

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