La impunidad en Chiapas persiste sobre políticos de oficio

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Chiapas, México. 13 de enero de 2020

Al pueblo en general

La impunidad en Chiapas persiste sobre políticos de oficio

El gobierno chiapaneco advierte “no dejar ninguna conducta antisocial en la impunidad”, sin embargo, políticos de oficio y agentes de Estado con un reciente historial criminal son protegidos en esta administración, por ende, el discurso gubernamental es demagógico en tanto que esconde la magnitud de la impunidad que existe en la entidad, su discurso pretende distraer y convencer mediáticamente a una parte del pueblo para justificar su permanencia en el poder.

Existen varios casos que expresan ampliamente la magnitud de la impunidad a políticos de oficio, entre ellos: Juan Sabines Guerrero, Manuel Velazco Coello, Jorge Luis Llaven Abarca, Pablo Salazar Mendiguchia, entre otros, éste último fungió como gobernador en el periodo 2000-2006, es acusado por el desvío millonario del erario público y narcotráfico, hoy se encuentra libre y con la posibilidad de fungir en un nuevo cargo público; esto expresa que el Estado los protege y otorga inmunidad para promoverlos a otras funciones.

El caso de Manuel Velasco Coello, antecesor de Rutilio Escandón Cadenas, acusado de desvió de millones de pesos del erario público y narcotráfico es ilustrativo, así como lo es el caso de Jorge Luis Llaven Abarca acusado de tortura física y psicológica, ambos actualmente son funcionarios públicos que gozan de impunidad.
Ninguno de ellos recibe juicio y castigo por los cargos que se les imputa, al contrario, tienen el respaldo total de la administración gubernamental en turno para mantener y escalar puestos en las estructuras del Estado.

Cundo se trata de un político de oficio, empresario o hijo de estos, los marcos legales no encuentran argumento alguno para someterlos a juicio y castigo, sin importar la gravedad de sus conductas o crímenes viven en la sociedad como hombres “normales”.

Esto se debe a que la ley burguesa no juzga al criminal de Estado, porque los necesita para representar los intereses oligarcas. Por ello, personajes como los que nombramos arriba, seguirán en función y sin castigo, es el caso de Llaven Abarca, en su cargo como Fiscal General de Estado coloca a la ley a su favor para protegerse y condonar sus crímenes.

Que hombres de esta calidad política y moral permanezcan en las estructuras del “nuevo gobierno” no es un mal cálculo político, está en estrecha relación con la esencia del sistema capitalista y sus necesidades actuales, por esa razón, los mencionados políticos de oficio fungen como vasallos de los empresarios en el gobierno actual, diestros en la ejecución de los planes oligarcas no dudan en ejercer la violencia contra el pueblo.

Llaven Abarca, quien insiste en “hacer valer la ley”, es el icono de la impunidad del nuevo gobierno, se presenta como el guardián de la justicia chiapaneca, pero de las investigaciones por tortura en su contra pasan inexistentes por las instituciones a su cargo.

Como hombre experimentado en la política contrainsurgente, en la planeación de la represión, disuasión y ejecución de crímenes de lesa humanidad, es el personaje ideal para satisfacer las necesidades empresariales y generar las condiciones de saqueo, explotación y sobre explotación de las riquezas naturales, minerales, energético y mano de obra barata.

El ex gobernador Manuel Velasco Coello es otro ejemplo de la magnitud de la impunidad en el país, en julio del año pasado, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) lo absolvió por el desvió de 685 millones de pesos destinada a empresas fantasmas, la similitud entre él y Llaven Abarca es su calidad de hombre servil a los designios burgueses en Chiapas.

Velasco Coello es investigado por sus vínculos con el narcotráfico, pero a pesar de ello se mantiene en funciones como senador, lo que expresa que la justicia en manos del actual régimen no busca castigar la conducta antisocial o criminal de dichos personajes, sino someter la voluntad de organización y lucha de los sectores populares.

Comienza el segundo año de gobierno de Rutilio Escandón Cadenas y en el discurso persiste las amenazas de represión y la criminalización, por tanto, anuncia la continuidad de violaciones graves a los derechos humanos que ya el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca comienza a materializar en los primeros días del año con nuevos desalojos violentos y detenciones arbitrarias.
En Chiapas, no existe la justicia para las víctimas de los crímenes de Estado, los discursos de los encargados de la política interna son demagogia, estos actúan impunemente, por ello, el incremento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en la entidad.

La “conducta antisocial” a la que hace referencia el gobierno chiapaneco, significa, criminalizar y estigmatizar la organización y protesta popular, dentro de su lenguaje insiste en llamar “actos vandálicos” “transgresores de la ley” a todo aquel que ejerza su legítimo derecho a la manifestación, caso contrario, cuando se le cuestiona sobre sus acciones represivas guarda silencio.

Es incuestionable los antecedentes criminales de varios funcionarios, las estructuras del Estado, instituciones, fiscales y jueces se encargan de absolverlos de demandas por enriquecimiento ilícito, de su responsabilidad en casos de represión, masacres, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, narcotráfico, despojo legal y violento de tierras a campesinos.

No importa la gravedad de las acusaciones imputadas, en su calidad de funcionarios públicos en el estado de derecho oligárquico encuentran protección y premios al servir a los intereses de la clase en el poder.

La impunidad sobre los funcionarios y la represión es lo que priva a más de un año de gobierno en Chiapas, pero causa desconcierto la tolerancia que la actual administración federal tiene respecto a los antecedentes criminales de sus funcionarios, hecho que puede significar el consentimiento en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos al pueblo chiapaneco como lo constatan varias denuncias por tortura en lo que va de este gobierno.

En tanto, el pueblo objeto de constantes actos de represión y violaciones a los derechos humanos, no encuentra justicia en la actual administración, por el contrario, en la exigencia de respeto a los derechos fundamentales del hombre, se les encarcela, criminaliza. Este relación intrínseca entre impunidad a funcionarios, planes represivos, intereses económicos en la entidad chiapaneca y estado de derecho oligárquico vuelven a los trabajadores del campo y la ciudad vulnerables si éstos no comprenden la necesidad de mantener la organización popular independiente.

Combativamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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