Tinta Socialista No. 106. Los elementos policíacos en Chiapas torturan, reprimen y violentan los derechos fundamentales del pueblo chiapaneco

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Ciudad de México a 25 de diciembre de 2019

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Los elementos policíacos en el estado de Chiapas son la punta de lanza de la represión en la entidad; sujetos formados en las instituciones del régimen encargados de objetivar las graves violaciones a los derechos fundamentales, expresados en asesinatos, desalojos violentos, allanamiento de morada, detención arbitraria, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y amenazas de muerte. Es falso el argumento de que son quienes sostienen la “paz y seguridad” en la entidad.

Toda estructura policíaca tiene el sello distintivo de la represión, por ello, de ella sólo proviene la objetivación de la violencia de clase. Política de gobierno ejecutada contra las masas trabajadoras organizadas y no organizadas, principalmente con las que deciden organizarse fuera de los marcos corporativos gubernamentales y deciden por la vía de los hechos defender sus derechos y libertades políticas a través de la denuncia y acciones políticas de masas.

El estado de Chiapas no escapa de la violencia institucional que permea en toda la geografía mexicana, la terna que gobierna esta entidad del sureste es parte de este andamiaje represivo focalizado en estos momentos en la entidad, violencia que tiene una base material, está fundamentada en la existencia del modo de producción que genera inequidad social; es una política represiva que implementa todo tipo de medidas coercitivas en un intento de perpetuar las condiciones de explotación económica y opresión política.

La violencia tiene carácter de clase, emana única y exclusivamente del Estado mexicano, es él quien posee el control de ejercer las medidas coercitivas para intentar perpetuar las relaciones de producción fincadas en la explotación del hombre por el hombre, por eso, las estructuras política, jurídica, militar o social que dan forma corpórea al Estado, son las encargadas de mantener esa base material a través de la represión y el cometido de violaciones a los derechos humanos.

El gobernador de la entidad Rutilio Escandón Cadenas encabezó la celebración del “Día del Policía” con diferentes corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a quienes presentó ante los medios de comunicación locales, “(…) en Chiapas contamos con una policía que previene, investiga y persigue el delito con toda valentía y con el corazón por delante para que podamos caminar en fraternidad y libertad”, demagogia discursiva que contrasta el dicho con la realidad objetiva que vivimos el pueblo trabajador.

A un año de la administración morenista en Chiapas, la violencia institucional es política de gobierno, misma que emana de las instituciones que conforman su gobierno, éstas y los hombres que la representan se guían por una misma política, que consiste en reprimir a todo aquel acto de protesta del pueblo trabajador, cuestione o se oponga a los proyectos económicos de carácter neoliberal.

Las medidas coercitivas físicas o psicológicas ejecutadas en la entidad por los elementos policíacos son diseñadas a través de la mesa de seguridad, donde la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), funcionarios de gobierno federal y estatal son los que definen a quién reprimir, cómo, cuándo y dónde hacer efectiva la represión.

Mantener preso al compañero Javier González Díaz por más de cinco meses y ocho días en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, es un indicativo de la impunidad que priva violaciones a los derechos humanos y las normas jurídicas; es una víctima de la violencia gubernamental, porque fue detenido desaparecido por más de 27 horas, tiempo en el que fue brutalmente torturado; los perpetradores de esas graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio del compañero Javier son elementos policíacos y municipales que gozan de la inmunidad que procuran las instituciones.

Presentar a los elementos policíacos como sujetos impecables es un sofisma, el pueblo experimenta de manera muy dolorosa los crímenes que tienen origen en las estructuras gubernamentales cuyo brazo ejecutor son las múltiples policías. Son los hombres que protegen los intereses político y económico de empresarios, tanto del país como del extranjero.

La detención arbitraria del compañero Armando Hernández Sánchez es una de las pruebas inequívocas de la continuidad de la represión con una modalidad contrainsurgente, donde el objetivo es intentar desarticular a las organizaciones populares y comunidades. La tortura de la que fue objeto en su traslado al CERSS No. 14, indica los métodos profascistas que las distintas policías incorporas a sus mecanismos de “investigación”.

La oficialidad argumenta que son los que “garantizan la seguridad de los ciudadanos”, no obstante, miles de familias no opinan lo mismo, esto queda evidenciado en los operativos donde participan más de mil elementos de la policía municipal, estatal, federal, la montada y la fiscalía, con armas para lanzar gases lacrimógenos, armas de fuego para desalojar a 20 familias de la comunidad 2 de Noviembre, a quienes con lujo de violencia los sacaron de sus viviendas, las quemaron y sus pertenencias fueron robadas por los mismos elementos policíacos y funcionarios.

Las corporaciones policíacas en el estado de Chiapas están integradas por sujetos desclasados, formados en instituciones del régimen, encargadas de ejecutar la represión y las políticas contrainsurgentes contra el pueblo trabajador. Cada uno de ellos destila el odio de la clase en el poder, por eso, no titubean ante un acto de represión para golpear, vejar, lanzar gases lacrimógenos o vilipendiar a las masas que protestan.

Ejemplo de ello, es el Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, quien es acusado por casos de tortura y asesinatos, mismos que fueron refutados por las instituciones para eludir la responsabilidad de sus hombres en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos; hoy sin ningún titubeo es mantenido en las estructuras de la entidad para dar continuidad a la represión y la violencia institucional. En estos momentos son la punta de lanza de la represión.

Mantener en la FGE a un torturador, perpetrador de crímenes de Estado y de lesa humanidad, habla de la magnitud de la política represiva orquestada en la entidad chiapaneca, donde a través de la violencia de clase imponen los proyectos económicos de carácter transnacional.

El Ejecutivo estatal no desconoce al sujeto que representa la FGE, al contrario, le es útil a los hombres del régimen para perpetuar las políticas neoliberales. El reconocimiento que le otorgan a estas corporaciones policíacas es por ejercer la violencia y proteger los intereses político y económicos de empresarios.

A nosotros nos debe quedar claro cuáles son los intereses que representan y defienden, de un elemento policíaco sólo va a surgir la violencia institucional, la represión y el cometido de crímenes de lesa humanidad. El Estado siempre va a otorgar estímulos a sus hombres, mientras les sean útiles, cuando no requiera de sus servicios los desecha como cualquier objeto.

No tiene nada de digno ser policía en un gobierno que tiene la característica de ser antipopular, represivo y proempresarial, quien lo hace olvida sus orígenes de clase, desconoce por la vía de los hechos la necesidad de luchar por mejores condiciones de vida y trabajo, por defender nuestros derechos y libertades políticas.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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