Tinta Socialista No. 104. Las graves violaciones a los derechos humanos en Chiapas constituyen un hecho cotidiano

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Ciudad de México a 14 de diciembre de 2019

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Las graves violaciones a los derechos humanos en Chiapas constituyen un hecho cotidiano, son ejecutadas de forma sistemática y generalizada contra el pueblo organizado y no organizado; son una política de gobierno planeada y diseñada desde la mesa de seguridad, organismo conformado por funcionarios estatales y federales para organizar la represión y la violencia institucional con el único propósito de contener el descontento popular y acallar las voces de protesta.

La tortura, asesinatos, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados internos… conforman la amplia gama de la violencia institucional, forman parte de las arbitrariedades a destacar en el primer año de gobierno de Rutilio Escandón Cadenas; graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, municipales y en algunos casos federales, contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y pueblo trabajador.

En Chiapas NO SE RESPETAN los derechos humanos, son letra muerta en esta entidad federativa. El cinismo aflora en los políticos de oficio que se amparan en las instituciones gubernamentales bajo la tutela del proyecto federal y el manto del partido que los encumbró en el poder político. Los discursos del Ejecutivo estatal son vacuos porque no expresan la cotidianidad de las masas asalariadas.

La procacidad gubernamental es tal, que ante los medios de comunicación se atreven a destacar como resultados de gobierno la “recuperación de 32 mil hectáreas, entre inmuebles de propiedad privada y reservas naturales protegidas, que por muchos años estuvieron invadidas gracias al trabajo de la Mesa de Seguridad”. En los hechos existe el reconocimiento oficial de que en este tiempo desalojaron de manera violenta a miles de familias de su tierra, por ende, de su vivienda, trabajo y su derecho a una vida digna.

Detrás de la tan mencionada “recuperación de tierras” está la violación directa e indirecta de los derechos civiles, económicos, políticos y sociales establecidos en los organismos internacionales, a saber, el derecho a la vida, a la seguridad personal, a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a una vivienda adecuada, alimentos, agua y saneamiento, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, derecho a la propiedad, entre otros.

Tácitamente develan la prioridad por el interés privado y empresarial por encima del interés social, con el amparo del estado de derecho que privilegia el mezquino interés empresarial porque las leyes e instituciones encargadas de la “impartición de justicia” son las encargadas de conculcar las necesidades sociales para satisfacer la voracidad de empresarios y neocaciques.

La mesa de seguridad finge como el conclave desde el cual se delinean los planes represivos, sobre la responsabilidad de funcionarios del gobierno federal como estatal, así como mandos del Ejército, marina y la Guardia Nacional pasa la autoría intelectual de la represión. Son quienes deciden tiempo, modo y lugar de perpetrar cada uno de los desalojos; desde aquella se pone el dedo inquisidor de quién o quiénes serán las próximas víctimas de todo tipo de atropellos.

El desalojo forzoso, a decir por Naciones Unidas es, “el hecho de hacer salir a las personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general Nº 7 (1997), sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos). Grave violación a los derechos humanos que en Chipas perpetra la administración actual sin que hasta el momento el gobierno federal emita pronunciamiento alguno para detener tan deleznables hechos.

La violencia institucional es una de las características de los desalojos en Chiapas, son realizados con una fuerza desproporcional con más de mil elementos de los diferentes cuerpos policíacos y maquinaria pesada para destruir el patrimonio que se labró con mucho esfuerzo y dejan en la intemperie a las familias conformadas por hombres, mujeres, menores de edad y acianos. Literalmente los echan a la calle, sin ninguna protección jurídica, social ni de derechos humanos.

Los desalojos forzados constituyen graves violaciones a los derechos humanos porque agentes del Estado trasgreden la vida, estabilidad y bienestar social de las víctimas, en tanto, que es el mismo Estado el que comete tales agravios. Un caso que ejemplifica lo anterior y que está ampliamente documentada la responsabilidad del gobierno es el desalojo forzado de los compañeros de la comunidad 2 de Noviembre, municipio de Socoltenango, Chiapas.

Comunidad conformada por 20 familias y organizada en torno al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) que el día 4 de noviembre fue desalojada con lujo de violencia en un operativo totalmente desproporcional con más mil elementos de las policías municipal, estatal y federal, armas de fuego, gas lacrimógeno, retroexcavadoras y camiones de volteo.

En el lugar destruyeron todo lo que estaba a su paso, quemaron sus viviendas y robaron sus pertenencias. Se sobre entiende que esta acción fue del conocimiento del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y el gobierno federal, porque a juzgar por lo dicho oficialmente, todo acto pasa por la discusión y acuerdo en la mesa de seguridad.

Organismos defensores de los derechos humanos documentaron y denunciaron la existencia de graves violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las autoridades del estado de Chiapas y Guardia Nacional en contra de niños, mujeres y hombres de la comunidad. En el informe señalan los derechos vulnerados y las condiciones inhumanas en las que quedaron las familias, hecho que por sí mismo constituye una transgresión al derecho a la vida.

El desalojo forzado y desplazamiento interno es un fenómeno cada vez más palpable en la entidad chiapaneca. El caso en particular contra los compañeros de la 2 de Noviembre ejemplifica la generalidad de lo que sucede en esta entidad, donde miles de familias fueron desalojadas violentamente de sus viviendas y tierra para entregarlas a empresarios locales y nacionales, quienes son los más interesados en convertirlas en jugosos negocios que acumule y concentre capital.

El “respeto a los derechos humanos” de los que habla el gobernador de la entidad es un sofisma, en la vía de los hechos el gobierno chiapaneco es convertido en el mayor transgresor de los derechos y libertades políticas de las masas trabajadoras. El poder político encubre a los perpetradores y les otorga manga ancha para que cometan graves violaciones sin recibir castigo alguno.

Aunque intenten maquillar la realidad, la verdad siempre sale a flote y el pueblo no olvida quiénes son sus verdugos ni a los responsables de cometer estos deleznables hechos; podrán pasar los años, pero en la historia contemporánea de nuestro país pasarán y en la memoria colectiva quedarán registrados como como hombres del régimen cuya política principal es la represión.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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