Tinta Socialista No. 103. Los crímenes de Estado son delitos cometidos por agentes o particulares que actúan con la aquiescencia del mismo

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Ciudad de México a 26 de noviembre de 2019

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Los crímenes de Estado son aquellos delitos cometidos por agentes del Estado o por particulares que actúan con la aquiescencia del mismo; son graves violaciones a los derechos humanos que no prescriben, son continuos en tanto no se conozca la verdad, se enjuicie y castigue a los autores materiales e intelectuales de estos deleznables crímenes y erradiquen está práctica deleznable.

Algunos de estos crímenes son la ejecución extrajudicial, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, entre otros contemplados en organismos internacionales de derechos humanos. Son también crímenes de lesa humanidad porque no sólo lesiona a la víctima directa sino a sus familiares amigos y compañeros, en consecuencia, a la humanidad al cometer crímenes tan deleznables.

En México, los crímenes de Estado son una práctica sistemática y generalizada que sexenio tras sexenio los gobiernos en turno los cometen contra el pueblo organizado, principalmente. En los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto esta práctica se generalizó contra el pueblo en general, de ahí que las víctimas ascendieran a más de un millón.

En el caso de las desapariciones forzadas son crímenes de Estado y de lesa humanidad, en tanto, que son agentes del Estado los autores materiales e intelectuales, quienes por comisión o aquiescencia los cometen. Ejemplos hay muchos, sólo basta escuchar los testimonios de los familiares que exigen justicia para sus seres queridos y que hasta la fecha su demanda permanece en silencio por las autoridades de la administración actual.

La desaparición forzada tiene un carácter pluriofensivo, porque son múltiples las violaciones a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas que cometen los perpetradores, a saber, la vida, a la integridad personal, a no ser sometido a tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad y seguridad personales, a proceso jurídico justo, a la familia, a los derechos económicos, sociales y culturales.

Hoy, aunque muchas de las desapariciones forzadas no se cometieron en la administración actual, la competencia del Ejecutivo federal es reconocer la existencia de estos crímenes, así como enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales para acabar con la impunidad y erradicar el cometido de ellos. No obstante, mantener en las estructuras del Estado a los perpetradores abona a que la impunidad permanezca como política de gobierno e intenta mantener en el olvido a las víctimas de estos flagelos.

Las desapariciones forzadas son un crímenes continuados e imprescriptibles y éste no cesa hasta dar con el paradero de las víctimas, conocer las causas políticas del por qué cometieron tan aberrante crimen, quién lo cometió y por qué lo ejecutó, elementos que sirven para enjuiciar y castigar a los responsables, además de hacer lo necesario para erradicar el cometido y no permitir que los perpetradores deambulen en los pasillos institucionales como si nada hubieran hecho.

Independientemente de quien asuma la silla presidencial, mientras la justicia no alcance a los familiares y a las víctimas directas el crimen continúa. No se trata de un asunto personal, sino de un delito que cometen agentes del Estado y es éste el que tiene que reconocer su competencia y responsabilidad en ello.

Es falso señalar que es difícil saber quién fue, porque en cada uno lleva la patente y sello de agentes, militares, marinos, policías o grupos paramilitares, quienes actúan por mandato en cadena de mando o con el consentimiento del gobierno mexicano. En toda la geografía mexicana existen testimonios de familiares de las víctimas que confirman la mano institucional en la materialización de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura o desplazamiento forzado.

En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es muy clara la participación del Estado mexicano en el cometido de este crimen, desde agentes vestidos de civil, policías municipales y estatales los trasladaron en sus patrullas, así como los retenes que instalaron los militares son el indicativo de que fue un plan planeado con toda la intención de causar el mayor daño posible a las víctimas, familiares y compañeros estudiantes.

Aunque la administración actual manifiesta muy buena disposición para erradicar esta práctica y dar con el paradero de las víctimas, no lo exime de la responsabilidad para reconocer las desapariciones forzadas como graves violaciones a los derechos humanos y la participación de agentes o funcionarios en el cometido.

Otro caso paradigmático que objetiva la participación del Estado en su cometido es la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a través de un operativo policíaco y militar.

En un primero momento fueron trasladados a la entonces Procuraduría General del Estado de Oaxaca, lugar donde fueron sometidos a tortura y posteriormente trasladados al campo militar No 1, desde ahí no se supo más de su paradero. Es un claro indicio de que fueron sometidos a ese flagelo por sus convicciones políticas, ideología y forma de lucha. Ahí no existe duda alguna de la participación del Estado en el cometido.

En lo político, jurídico y derechos humanos el caso está ampliamente documentado, así lo constata la resolución 7/2009 emitida por la CNDH y que el gobierno estatal de Oaxaca se negó a acatarla, en ese tiempo estaba de gobernador Ulises Ruiz Ortiz; la resolución 29/2014 emitida por un juez federal donde señala que se Estado si cometió una desaparición forzada, razón por la que ordena la apertura de cuarteles militares para su búsqueda y cita a comparecer a altos mandos militares a las instancias competentes para que digan qué hacían en el momento de la detención desaparición.

El otro recurso jurídico es la sentencia 942/2013-2 donde un juez federal ratifica que, si se cometió una desaparición forzada, cita a comparecer a altos mandos militares y ordena la apertura de cuarteles militares para su búsqueda o localización. Recursos jurídicos que hasta la fecha permanecen sin ser acatada por las autoridades correspondientes, lo que indica que la impunidad en este tipo de casos permanecerá como una política de gobierno.

La lucha por la presentación con vida de todas las víctimas de la desaparición forzada permanecerá, mientras la administración actual escatime la justicia y en las instituciones en cargadas de impartir la “justicia” impongan artilugios leguleyos para escamotarla, las razones de luchar continúan en las calles.

No se trata de señalar las “bondades” de una administración u otra, sino de objetivos claros y concretos, que conduzcan a dar con el paradero las víctimas, se conozca las motivaciones políticas que condujeron a la ejecución de aberrantes crímenes y lo que haga para erradicar el cometido de más flagelos de esta magnitud.

Las víctimas son pueblo, un padre, una madre, un hijo o un hermano, hombres y mujeres que tienen rostro y nombre, los cuales no pueden ser enviados al olvido; son pueblo arrancado violentamente de sus hogares, trabajo y vida, los cuales, es nuestro deber reivindicar su lucha y vida para no olvidar, mucho menos perdonar a los perpetradores. ¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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