Tsajal Ek´ 8. El estado derecho burgués y los designios imperialistas

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Chiapas, México a 10 de noviembre de 2019

El estado derecho burgués y los designios imperialistas

El estado de derecho en México es de carácter burgués, esta condición explica con precisión que la legalidad no beneficiará al pueblo que demanda justicia, de este fenómeno no escapa la entidad chiapaneca, pero es un hecho que en el momento actual toma fuerza cuando con descaro se inmiscuyen los designios imperialistas.

Recientemente en la entidad sureña el representante del Ejecutivo estatal se reunió con el Coordinador del Programa de Capacidades Judiciales de Estados Unidos con el supuesto de “mejorar la tecnología” en la impartición de justicia, empero, ocultan que dicho encuentro implica recrudecer los lineamientos contrainsurgentes.

Pretende engañar al pueblo con la idea de que a mayor mejoramiento en recursos tecnológicos mejorará la impartición de justicia, un argumento engañoso, sin embargo, exponer el fenómeno de ese modo revela que la ausencia o falta de capacitación en nuevos recursos de infraestructura nada tiene que ver con beneficiar al pueblo para materializar su acceso a la verdad y la justicia.

Una “justicia más humana” expresada desde los políticos de oficio es una mentira, es demagogia, ésta se realizará cuando las exigencias del pueblo se reflejen en el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en abierta vejación y privación al derecho a la vida de las víctimas.

Cuando el gobernador arguye que la justicia esté más cercana al pueblo chiapaneco es otra declaración hipócrita, vacía y carente de sustento en la realidad, cuando en los hechos se cometen graves violaciones a los derechos humanos a través de la represión para evitar el pleno ejercicio del derecho a la protesta.

Los recientes actos represivos contra los estudiantes normalistas, la indolencia del gobierno de Rutilio Escandón por la exigencia de justicia del MOCRI-CNPA-MN, los desplazados de Chenalho; el intento de despojo violento cometido contra nuestros compañeros de la comunidad 2 de Noviembre, son casos ilustrativos de la sistematicidad con la cual se ejecuta la violencia institucional, por tanto, más que acercar la legalidad en beneficio del pueblo, ésta bajo sus premisas coactivas, es como se amparan las fuerzas represivas para lacerar la humanidad de las masas organizadas en defensa de sus derechos y libertades políticas.

La actitud déspota e inhumana de los hombres del régimen como Rutilio, Ismael Brito Mazariegos y Jorge Luis Llaven es que no escatiman palabras para incurrir en una falacia tras otra. Cuando el titular del ejecutivo estatal, por ejemplo, declara que acercar la justicia con perspectiva de género, es una expresión propia de un político de oficio porque debe saber el señor gobernador que, la lista de ejecuciones extrajudiciales contra la humanidad de varias víctimas del género femenino va en aumento.

La lista de agravios contra el pueblo es vasta en lo que va del sexenio de Rutilio Escandón, otro botón de muestra es la recomendación 71/2019 contra éste, por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida, integridad personal e interés superior de la niñez. Esta medida tiene entre sus sustentos, por ejemplo, en los casos de desplazamiento forzado y el más reciente, privar del derecho a la vivienda a nuestros compañeritos de la comunidad 2 de Noviembre y colocarlos en condición vulnerable, es un atentado contra su humanidad y la de sus familias.

La legalidad nada tiene que ver como se la imagina el gobernador, mucho menos es absolutamente indispensable la infraestructura para favorecer a las víctimas de su derecho humano al acceso a la justicia pronta y expedita, cuando está se trata de voluntad política, de sujetarse a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos, ratificados por el Estado mexicano.

La norma es puntual cuando se trata de impartir justicia, empero, la realidad nos precisa que la legalidad burguesa da pie a la impunidad, en una sociedad sustentada en la propiedad privada las leyes jamás beneficiarán a los desposeídos porque se aplican en función de los intereses de quienes detentan el poder económico y político, y como se ve, gobierna el capital y, el Estado es su instrumento idóneo para materializar sus designios.

Por insistente que sea la retórica del Fiscal General respecto del respeto a los derechos humanos y la “libre manifestación está garantizada en Chiapas, siempre y cuando sea pacífica” es un absurdo, porque el pueblo ante su derecho constitucional de petición expone sus demandas, sin embargo, el burocratismo rancio y la indiferencia de los políticos de oficio derivan en represión.

La retórica se dirige en un sentido mientras la práctica de las “autoridades” del estado en otra, esa disonancia sociopolítica se traduce en la ejecución de la violencia institucional, con esa política se justifica el cometido de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos con el amparo de la ley.

Su cinismo llega a tal grado que Jorge Luis Llaven Abarca declara sin aspavientos “(…) el compromiso de la Fiscalía del Estado para garantizar el Estado (sic) de derecho a través de una política de Cero Tolerancia y Cero Impunidad, de acuerdo con la mística del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.” Este discurso es un ejemplo de cómo ocultan las intenciones reales de los voceros de los grandes empresarios respaldados por la legalidad.

Asimismo, revela cómo el Ejecutivo federal tienen conocimiento de las acciones leguleyas de sus subalternos para ejecutar cada atropello para violentar el derecho a disentir del pueblo, una forma perversa de silenciar el descontento popular. Como se ve, el estado de derecho es violado por sus propios defensores.

“Mejorar” con recursos tecnológicos la impartición de justicia es una argucia, una falacia, pretenden estilizar su aplicación, empero, no incide en la justeza de su ejecución, se nos pretenden vender la idea de que con mejor tecnología se mejorará la impartición de justicia, no obstante, por los diversos casos de violaciones graves a los derechos humanos es una evidencia que constata cómo la legalidad burguesa se inclina para favorecer los intereses imperialistas en el sureste mexicano.

La combinación de la legalidad burguesa y los designios imperialistas deriva en violaciones graves a los derechos humanos, la continuidad de la violencia institucional por mandato de los grandes empresarios, mientras el pueblo organizado y no organizado padece sus consecuencias a través de la represión. La realidad de vejaciones y atentados a los derechos y libertades políticas del pueblo exige organizarnos de manera independiente y combativa, a buscar los mecanismos de coordinación para luchar en mejores condiciones por las demandas más sentidas de las masas trabajadoras.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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