El intento de desalojo de la comunidad 2 de Noviembre, integrante del FNLS, el pasado 4 de noviembre, estuvo acompañado de actos de destrucción de viviendas, robo de pertenencias, amenazas de muerte, intentos de detención injusta y probables ejecuciones extrajudiciales

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 08 de noviembre de 2019

A los medios de comunicación nacional e internacional

A los organismos defensores de los derechos humanos

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las organizaciones hermanas que son víctimas de la represión y el terrorismo de Estado

El intento de desalojo de la comunidad 2 de Noviembre, integrante del FNLS, el pasado 4 de noviembre, estuvo acompañado de actos de destrucción de viviendas, robo de pertenencias, amenazas de muerte, intentos de detención injusta y probables ejecuciones extrajudiciales

El 4 de noviembre aproximadamente a las 07:00 am arribó un cuerpo represivo conformado por policías, militares, protección civil, funcionarios públicos de Socoltenango y un grupo de choque encabezado por Caralampio Padilla León.

Se trató de un operativo conjunto policíaco militar para despojar de las tierras de compañeros que desde hace 5 años la trabajan para resolver las necesidades más elementales de todo ser humano; además de intentar desalojarlos de las tierras en posesión, llevaban la firme intención de detener o ejecutar extrajudicialmente a nuestros compañeros, que se demuestra en la revisión de los detalles del recuento de hechos.

La incursión represiva se realizó con camiones de la policía, patrullas, tanqueta, helicóptero y a caballo, lo que demuestra la saña con la que se trata a campesinos pobres que están organizados para la defensa de sus derechos, por la exigencia de justicia, por la defensa de la tierra, por la lucha por el socialismo; por tierra, agua y aire se cercó a nuestros compañeros para ejercer sobre ellos la represión, del que no dudamos, que de haber detenido injustamente a alguno estaría padeciendo la tortura, el método característico y por excelencia del gobierno que impulsa la cuarta transformación en Chiapas.

Mientras policías, militares, judiciales, guardia nacional, con una tanqueta al frente encabezado por Caralampio Padilla León entraban por el acceso principal, que es la carretera de terracería que comunica al vecino ejido Emiliano Zapata, otros elementos policíacos se abrían paso por el rio San Vicente que rodea al predio, y un helicóptero sobrevolaba el poblado para perseguir a nuestros compañeros.

Esta descripción expresa lo que se planea en las mesas de seguridad, donde todo el aparato judicial y su infraestructura se enfila contra campesinos pobres e indefensos, más de mil elementos policiacos militares para someter y aniquilar a 20 familias. Esta es la esencia de las famosas mesas de seguridad, esto es lo que significa la política de “cero tolerancia y cero impunidad”, en los hechos significa represión, donde la fuerza pública y la guardia nacional se usa desmedidamente para defender intereses particulares y empresariales, para anular los derechos del pueblo, en particular del campesino pobre que se organiza de manera independiente.

La Fiscalía General del Estado en su página oficial afirma que recuperaron 164 hectáreas en total y que fue entregada a su legítimo dueño. La aseveración está planteada en función de defender el interés de una persona en particular, a quien se reclama como propietario de las tierras. La persona a la que hace referencia implícita la Fiscalía es el señor Caralampio Padilla León (alias el Güero), hijo del señor Wenceslao Padilla León, ambos conocidos en la región como caciques de viejo cuño, aquellos que han asesinado a campesinos pobres por defender la tierra.

El señor Caralampio Padilla León, quien la Fiscalía defiende como propietario y asegura haberle entregado las tierras ese mismo día, funge el papel de grupo de choque que cada vez más adquiere rasgos de un grupo paramilitar, ya que el día en que se efectúa el acto represivo, de intento de desalojo y destrucción de propiedades en la comunidad 2 de Noviembre, Caralampio estaba al frente del operativo con un arma de fuego en la mano, y en la entrada del poblado estuvo realizando disparos en dirección a la comunidad, que fue lo que obligó a nuestros compañeros a resguardarse.

Sin embargo, de eso no dice nada la Fiscalía; ¿Por qué a pesar de la presencia de cuerpos policíaco militares se le permite a una persona portar armas de fuego y luego accionarla contra nuestros compañeros? Es evidente que la Fiscalía es quien prepara las acciones represivas y se vale de todo cuerpo paramilitar para concretar sus objetivos; tal vez de esa manera pretendía deslindarse de su responsabilidad como Estado en relación a las posibles ejecuciones extrajudiciales que se cometerían.

Este hecho tampoco es obra de la casualidad, la intención de no haberse mencionado en la declaración de la Fiscalía se debe a que todo fue parte de un plan represivo, orquestado con empresarios y terratenientes locales, que hoy se sienten coberturados y protegidos por el gobierno de la cuarta transformación.

Caralampio no estaba sólo, su grupo de choque fue quien lo acompañó en las acciones de los elementos policíacos y militares que realizaron la destrucción y robo de las pertenencias de nuestros compañeros. Algunos de ellos son Juan, Santiago, Martín, Joan y Fernando, de apellido Morales, quienes aceptaron ser parte de este hecho porque serían recompensados con lotes de terreno del poblado de nuestros compañeros, es decir, les tocaría parte del botín.

Llama la atención la participación de las autoridades del ejido Emiliano Zapata, ya que el presidente del comisariado Otilio Hernández Alfaro, su secretario Alejandro Hernández Bautista (hijo del presidente del comisariado), estuvieron acompañando la destrucción de las viviendas y robo de las pertenencias.

Después de destruir casas y robar cuanto había, los cuerpos represivos intentaron posesionarse de los terrenos de trabajo y destruir la milpa, que es el único sustento de los compañeros. Pero fue la acción de resistencia lo que hizo que no se concretara tal acción, se colocaron árboles en la entrada de ese predio para evitar que continuaran con la destrucción. Al ver que era imposible cruzar por ese camino deciden retirarse del lugar.

De allí en adelante la ofensiva del gobierno chiapaneco por órdenes de la Fiscalía General del Estado ha sido realizar patrullajes policíacos a diario en los alrededores del poblado y al interior del vecino ejido Emiliano Zapata.

El 7 de noviembre arribaron más de cuatro unidades aproximadamente, alrededor de las 12 del día, con la intención de detener a compañeros, realizaron dos intentos de incursión al interior del poblado con armas en mano y apuntando hacia hombres, mujeres y niños. De nuevo fue la acción de resistencia y defensa colectiva lo que hizo que se retiraran, no sin antes haber aterrorizado a compañeros, ejidatarios y avecindados del ejido Emiliano Zapata.

Los patrullajes y seguimiento son constantes, lo que hace un riesgo latente las detenciones injustas así como probables ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en cuyo cometido indudablemente participan policías, militares, guardia nacional y el grupo de choque que denominaremos en adelante “Los Caralampios”.

Es evidente la relación del grupo de choque llamado “Los Caralampios” y las fuerzas policíaco militares que realizaron el operativo, ya que ante esa situación en vez de detener a quiencesta con un arma de fuego se le da anuencia para usarla contra nuestros compañeros. ¿Qué intereses comparten el gobierno del Estado de Chiapas y “Los Caralampios”? ¿Qué relación existe entre Jorge Luis Llaven Abarca, Ismael Brito Mazariegos y “Los caralampios” para permitir que se presente de ésta manera en un operativo conjunto?

Ante estas condiciones conminamos a que se denuncie y se dirijan las exhortaciones al gobierno de Chiapas para que cese el clima de violencia contra el pueblo organizado que emana particularmente de la Fiscalía General del Estado, al mando de Jorge Luis Llaven Abarca.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exige una vez más cese a la represión, el hostigamiento, persecución, intimidación, y todo intento de ejecutar extrajudicialmente, desaparecer de manera forzada o detener injustamente a nuestros compañeros. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, con Jorge Luis Llaven Abarca e Ismael Brito Mazariegos son responsables de estos actos represivos y de aquellos que se cometan contra la humanidad de cualquier compañero del FNLS.

¡Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

Caralampio el 4 de noviembre en el intento de desalojo

Caralampio de espaldas junto a policías en el operativo policíaco del 4 de noviembre

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