La violencia institucional es real, una vez más se ejecuta contra nuestros compañeros en Chiapas

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Ciudad de México a 04 de noviembre de 2019

A la opinión pública

La violencia institucional se ejecuta una vez más contra nuestros compañeros en Chiapas, el gobierno de la entidad por la vía del hecho demuestra su vocación autoritaria y criminal al despojar de manera violenta las tierras de las 20 familias de la comunidad 2 de Noviembre del municipio de Socoltenango. Con esto, no hay duda que la intención del Estado es detener la organización independiente y combativa del pueblo para garantizar los intereses empresariales.

Es notable que el gobierno chiapaneco con la ejecución de la violencia demuestra su aversión al diálogo, su vocación represora para atentar contra el derecho humano a la posesión de la tierra, es más, comete graves violaciones a los derechos humanos dado que coloca a nuestros compañeros en condición vulnerable al privarles de su vivienda y es un claro atentado contra su derecho a la vida.

La “cuarta transformación” en Chiapas tiene rostro criminal e inhumano, este fenómeno se explica porque Rutilio Escandón Cadenas no le importó la integridad física y psicológica de los infantes que habitan el poblado. Jorge Luis Llaven Abarca así manifiesta su actitud servil a los intereses empresariales.

Con violaciones graves a los derechos humanos la terna represora en Chiapas Rutilio Escandón, Ismael Brito y Jorge Luis Llaven objetivan el “desarrollo humano” para los más “humildes”; empero, la realidad se impone para ilustrar que quienes presiden la política interna en la entidad ejercen la represión de manera sistemática para favorecer los intereses del capital monopolista transnacional.

Por los hechos ocurridos en detrimento de nuestros compañeros, el Ejecutivo federal debe explicar esa actitud nefasta de su subalterno, porque con ese acto de barbarie cometido por sus fuerzas represivas más que generar “pacificación y felicidad”, alienta la combatividad, la solidaridad, la ingente necesidad de luchar por la defensa de la tierra, de nuestros derechos y libertades políticas.

Como podemos constatar el gobierno chiapaneco ejecuta de manera sistemática los planes oligarcas, la violencia institucional no la podremos comprender sin analizar su esencia económica, así se revela lo perverso del binomio de intereses entre el Estado y el de los grandes empresarios.

Los recientes escenarios represivos ocurridos en Chiapas en ellos albergan no sólo las motivaciones políticas sino también las económicas, son fenómenos que curiosamente redundan en violencia, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado en regiones donde se implementan proyectos económicos, por tanto, no hay nada fortuito en los hechos violentos cometidos contra el conjunto del movimiento popular.

Por el despojo violento que fueron objeto nuestros compañeros nos expresa que las fuerzas policíaco militares son los perpetradores de las vejaciones que se cometen contra el conjunto del movimiento popular. Así demuestran que no protegen los intereses del pueblo sino los intereses de la “iniciativa privada”, del capital.

  • Lo ocurrido esta mañana contra el poblado 2 de Noviembre es otro botón de muestra de que con el amparo de la legalidad burguesa se cometen graves violaciones a los derechos humanos, este hecho deriva en otro fenómeno deleznable, la exigencia de las cámaras empresariales para ejecutar el estado de derecho, que es lo mismo, represión.

Los intereses empresariales y la ley forman un binomio letal para el pueblo que manifiesta su derecho a disentir y emitir crítica política al régimen. A las demandas del pueblo los políticos de oficio responden con violencia institucional, pero con los dueños del capital se muestran complacientes para cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos a quienes ejercemos nuestro derecho a la protesta.

La práctica del gobierno estatal le caracteriza su autoritarismo, su rasgo represor, éste es el responsable de la violencia institucional que se ceba cada vez más contra los sectores populares organizados, en este fenómeno, el gobierno federal es omiso y guarda silencio, por consiguiente, deben responder por esas vejaciones contra el pueblo.

En este contexto, reviste de fundamental importancia la organización independiente y combativa e impulsar acciones políticas de masas para ejercer nuestro derecho a la protesta; los diversos escenarios represivos en Chiapas y el país, nos revelan que el origen de la violencia no yace en el pueblo sino en el Estado, por tanto, es indispensable forjar la unidad de los explotados y oprimidos.

¡Alto al despojo violento de tierras!
¡Alto a la criminalización de la protesta popular!
¡Libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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