Armando Hernández Sánchez, preso político del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas

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Armando Hernández Sánchez tiene 32 años de edad, vive en el ejido Nueva Altamira, municipio de Acala, Chapas. Es hijo de asalariado, sólo pudo cursar el tercer año de primaria, pues por la pobreza y miseria en la que vivía su familia lo condujo a dejar de estudiar para trabajar en el campo y a la vez, cuando el ingreso no era lo suficiente necesario, dejaba el trabajo en el campo se empleaba de obrero en la construcción en las ciudades cercanas.

Actualmente Armando vive del campo, es campesino pobre y se sostiene de la producción del maíz, fríjol y jocote (ciruela roja). Su compañera de vida, María Esperanza González Hernández de 32 años de edad, quien también sólo terminó el cuarto año de primaria. Con ella tiene 4 pequeñas menores de edad, de 15, 13 y 10 años de edad.

El ejido donde vive Armando está organizado en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), las familias que lo conforman pertenecen al frente, donde aprenden a luchar con dignidad y a defender los derechos y libertades políticas, por eso en cada jornada de lucha, fecha histórica o injusticia que se presente sin dudar salen a las calles a denunciar, como lo han hecho para exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, en particular la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz y la de los revolucionaros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Armando cuenta que los habitantes del ejido Nueva Altamira se organizaron el 22 de septiembre de 1993, en ese tiempo vivían como acasillados bajo el asedio de los caciques de la región, por tanto, no tenían tierra para trabajar, cansados de esa situación decidieron recuperar el predio Altamira del municipio de Chiapa de Corzo para poder tener un pedazo de tierra donde vivir y trabajar para el sustento de sus familias. Antes, eran campesinos sin tierra, hijos de peones que lograban sobrevivir vendiendo su fuerza de trabajo en los ranchos Nandayapa, Rancho San Pedro Bajillón y otras rancherías quienes poseían grandes extensiones de tierra y se enriquecían a costa de su trabajo, como ahora, pero hoy se llaman oligarquía.

En los tiempos de la recuperación de la tierra se mantuvieron organizados, atentos día y noche por el hostigamiento de policías municipales y estatales, contantemente recibían amenazas de desalojo, en dos ocasiones el gobierno intentó desalojarlos. Los intereses caciquiles son siempre protegidos por el gobierno, pero no así los intereses del pueblo, los trabajadores del campo y la ciudad siguen en las mismas condiciones, hambre y miseria, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, nada ha cambiado, salvo las siglas y del gobierno en el poder.

En el año de 1997 el gobierno, en coordinación con la procuraduría agraria legalizó una aparte del terreno del rancho conocido como el predio Las Mercedes, del municipio de Villa de Acala, Chiapas. Como pueblo organizado mantuvieron sus exigencias, para entonces, el gobierno se negaba a resolver la demanda de tierra, pero estuvieron firmes y no desistieron. Finalmente, por la resistencia y lucha les entregaron las tierras donde actualmente viven, con documentos conquistaron una superficie de 114 hectáreas, que de nombre es conocido como Ejido Nueva Altamira, municipio de Acala.

Desde ese tiempo trabajan de manera organizada entre niños, mujeres y adultos mayores en defensa de la tierra, porque las autoridades estatales han tratado de imponer la privatización a través de la parcelación con programas como el PROCEDE o el FANAR, objetivo gubernamental que se mantiene hasta nuestros días con la finalidad apropiarse y saquear los recursos naturales y energéticos en beneficio de unos cuantos, destruir y mantener en el sometimiento a los pueblos pobres.

Armando Hernández llega a la comunidad en el año de 1997, oficialmente el 14 de noviembre de ese año participó activamente en la lucha y defensa de la tierra, patrimonio del que hoy tiene con su familia e integrantes de la comunidad. Actualmente es comisariado Ejidal del Ejido Nueva Altamira del municipio de Acala desde el 20 de marzo de 2018.

Su labor como comisariado ejidal es realizar y convocar a las asambleas comunitarias, bajo su responsabilidad como autoridad ejidal es la de impulsar y gestionar diversas necesidades de infraestructura para beneficio de la comunidad como pavimentación, apertura de calles y caminos para sacar la producción agrícola, sacar la cosecha del año; otros servicios como electrificación, agua entubada y su respectivo mantenimiento; mejorar la vivienda de las familias que ahí viven para tener una vivienda digna y decorosa como lo establece el artículo 4º Constitucional, aunque sólo han sido promesas del gobierno municipal y estatal apoyarlos, como dijeron cuando se dañaron algunas casas de compañeros por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Las familias que viven en el ejido Nueva Altamira se dedican al campo, principalmente, por lo que, Armando como Comisario ejidal, ha pedido apoyo para este ramo productivo y a través de la luchan organizada gestionan para que los precios de sus productos sean pagados a un precio justo sin la mediación de intermediarios, popularmente conocidos como coyotes. Lo que siembran es maíz y jocote (ciruela roja) principalmente. También han pedido atención de salud, un derecho muy sentido por los miembros de su comunidad pues no cuentan ni siquiera con una Casa de Salud para atenciones inmediatas. Al ser un ejido, han solicitado el apoyo para la construcción de una Casa Ejidal, entre otras demandas locales.

Al ser una comunidad organizada, las familias que la componen se solidarizan con las causas de lucha que impulsa el pueblo, de cada injusticia se hace una bandera de lucha, una de ellas es la exigencia de justicia por cada una de las desapariciones forzadas por motivos políticos o sociales en el país, por tratarse de un crimen aberrante cometido por agentes del Estado, quienes lesionan no sólo a la víctima directa sino a la humanidad entera. A través de diversas jornadas de lucha se manifiesta esa injusticia con volanteo en carreteras, mítines, marchas, conferencias de prensa o conferencias políticas hacemos de cada plaza pública o calle un espacio de lucha.

Así es como se mantienen activos en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), porque comprenden que la exigencia de JUSTICIA es una necesidad política a la que hay que abrazar porque somos pueblo organizado que padecemos la pobreza, la miseria, la explotación y la opresión. Comprenden la necesidad de luchar por las demandas locales, pero no podrán ser dignas si la injusticia persiste, si la indolencia de funcionarios o políticos de oficio es política de gobierno, si la criminalización de la protesta popular es permanente, si el doble discurso gubernamental es cotidiano en nuestro país.

Organizarse hoy es un acto criminal para el gobierno, por eso nos preguntamos, ¿qué intereses defiende este gobierno que se dice ser del pueblo? En los hechos expresa ser un gobierno que defiende los intereses de una minoría empresarial, que recurre a la violencia de Estado para someter al propio pueblo. En Chiapas no se ha hecho más que la represión al conjunto del movimiento popular desde la llegada al poder de este gobierno que se autodenomina del cambio, la realidad no coincide con el discurso diario, sólo quien tiene ceguera política o recibe migajas de él puede decir que al pueblo la va bien o que esta “feliz, feliz”.

La represión se intensificó en Chiapas con la llegada de Rutilio Escandón Cadenas, no hay día en que no se hable de desalojos, de asesinatos, de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales, y no estamos magnificando el hecho. Quienes están al tanto del acontecer político, económico y social de Chiapas pueden dar parte de ello, nunca en la historia de Chiapas se han cometido tantos crímenes y graves violaciones a los derechos humanos desde que el gobierno actual despliega a los militares y Guardia Nacional en territorio chiapaneco, incluso, más que en estados donde la violencia y crímenes cometidos por “aparentemente” de la delincuencia o el narcotráfico.

Armando es detenido en un contexto de una nueva ofensiva represiva del Estado en contra de nuestra organización el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el gobierno chiapaneco ha invertido muchísimo dinero para generar una corriente de opinión que criminaliza nuestra organización, con ello también ha intentado justificar la represión, crímenes de lesa humanidad, ejecutar más detenciones arbitrarias.

La detención arbitraria y tortura de nuestro compañero Armando Hernández es parte de esta política gubernamental del gobierno de la cuarta transformación; en Chiapas la represión es política de gobierno, lo mismo que la ejecución de crímenes de lesa humanidad como la tortura, sin embargo, al ser política gubernamental cada acto de represión y crímenes de lesa humanidad perpetrada en la entidad, está lejos de que el gobierno federal condene un acto de represión como lo hacen en esta región geográfica del país.

Hoy su familia está desconcertada por la detención arbitraria y tortura de Armando, sus pequeñas preguntan ¿Por qué detuvieron a mi papá? otro compañero le responde, porque el compañero es un luchador social, un trabajador del campo y de ciudad que exige JUSTICIA, porque no es un indio agachado ¡Malditos opresores! Seguramente lo andaban casando, ¿no qué en el gobierno de López Obrador no se iba a perseguir a luchadores sociales? Cuando le intentamos marcar no contestó el teléfono, sospechamos que algo le había ocurrido, no es normal que no contestara, esto fue antes de que el encargado de la construcción donde llevaba alrededor de dos semanas trabajando nos informara de su detención.

Las familias que viven en el ejido tienen claro los motivos políticos de la detención arbitraria del compañero Armando, con indignación expresan la injusticia de la que son objeto, saben que los hechos son una forma de castigo por pertenecer a una organización popular e independiente que lucha por el socialismo en México, que no se calla ante cada INJUSTICIA, ni se agacha ante los embates del Estado. Por eso la injusticia cometida contra el compañero se ejecuta por medio de agentes vestidos de civil, con vehículos sin rotulación oficial y con tratos crueles inhumanos y degradantes.

El pasado 28 de septiembre del año en curso fue detenido arbitrariamente por agentes del Estado vestidos de civil. Ese día, aproximadamente a las 14:30 horas Armando concluía su jornada de trabajo en el barrio Santa Elena del municipio de Chiapa de Corzo, como siempre caminó hacia la parada de la combi que lo llevaría a su casa, cuando fue interceptado por un agente vestido de civil, quien descendió de una combi color blanca e inmediatamente se dirigió hacia donde estaba y lo golpeó con el puño en la nuca.

Lo empuja violentamente hacia la pared y puesto en posición de revisión, con la mirada abajo, nuevamente lo golpea con el puño, posteriormente le cubren el rostro con la playera que llevaba puesta y a empujones lo suben a la combi. En ella había más elementos policíacos, quienes lo golpearon en la costilla derecha y en la pierna del mismo lado.

Es trasladado a un cuarto oscuro, lugar donde amarran sus pies y las manos pegadas a las costillas, de tal manera que fue inmovilizado, el rostro lo tenía cubierto con un trapo. Un sujeto de manera violenta lo avienta al suelo por lo que quedó boca arriba, como estaba amarrado no contuvo la caída y se lastimó. En esa posición le echan agua para sofocarlo mientras continuaba el interrogatorio incriminatorio y las amenazas eran constantes.

Los agentes pedían que hiciera una llamada a su hermano, pero no pudo llamar porque le quitaron el celular; es importante señalar que cuando lo detuvieron le quitaron sus pertenecías y la cantidad de mil pesos, dinero que había recibido como pago de su jornal. Los golpes, amenazas e interrogatorio duraron media hora, constantemente amenazaban con matarlo, les decían “ya te cargo la chingada”.
Después fue traslado al cuartel de la policía y tránsito municipal de Tuxtla Gutiérrez, el personal de la institución lo llevó al juzgado de control y tribunales de enjuiciamiento en Cintalapa, Chiapas, donde fue recibido aproximadamente a las 20:00 horas de la noche de ese mismo día 28 de septiembre de 2019.

Hasta las 13:00 horas del 29 de septiembre de 2019 no había recibido atención médica alguna, a pesar de haberles dicho que tenía dolores intensos en la nuca, costillas y pierna derecha. El asesor jurídico de la organización se presentó en cuanto supo de su detención y le negaron un volumen de la carpeta de investigación a través de absurdos tales como que no estaba la encargada de la fotocopiadora.

La detención del compañero Armando es arbitraria, una grave violación a los derechos humanos porque se comete sin mostrar documento alguno, en vehículos no oficiales, es llevado a un lugar que funge como centro clandestino donde recibió tratos crueles inhumanos y degradantes, fue torturado y amenazado de muerte, similar a lo que sucedió con el compañero Javier.

Nos queda claro que es una ofensiva represiva del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, quien a través del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca ejecuta crímenes de Estado y de lesa humanidad, los cuales, justifica como acciones apegadas a la ley, que en los hechos no es más que la represión en todas sus expresiones.

La detención del compañero no va a detener la lucha por el socialismo en México, entre más compañeros pisen las mazmorras del Estado, más tiempo habrá para realizar jornadas de lucha y acciones políticas de masas, más banderas de lucha mantendrán nuestro horizonte para mantener la dignidad para exigir JUSTICIA, así como juicio y castigo a los criminales de Estado.

Atentamente

¡Presos políticos libertad!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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