La detención de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez el 28 de septiembre, forma parte de la estrategia represiva de la junta administrativa del estado chiapaneco en contra de nuestra organización

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Heroica Puebla de Zaragoza, México a 02 de octubre de 2019

A los medios de comunicación
A organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones democráticas e independientes
Al pueblo en general

Ante la exigencia de justicia, el Estado responde con mayor represión. La detención de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez el 28 de septiembre, quien se encuentra actualmente recluido injustamente en el Amate, municipio de Cintalapa, Chiapas; forma parte de la estrategia represiva de la junta administrativa del estado chiapaneco en contra de nuestra organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) para que desistamos de la lucha independiente y combativa. Por medio de acciones represivas se intenta condicionar el ejercicio de derechos humanos legítimos como el derecho a la protesta, exigir justicia para las víctimas del terrorismo de Estado y el cese a la represión en sus modalidades distintas contra los integrantes de las organizaciones populares.

Ahora son dos los compañeros que se encuentran en la condición de presos políticos y rehenes del Estado mexicano, pues Javier González Díaz permanece en esta injusta condición desde el pasado 17 de julio. Ambos comparten la pertenencia a la clase explotada, viven en condición de pobreza y marginación en la que viven millones de mexicanos, el común denominador de las víctimas del terrorismo de Estado.

Las motivaciones de sus detenciones son indiscutiblemente políticas dado que se realizaron de forma selectiva por ser defensores de los derechos humanos y activistas políticos, pertenecientes a una organización política de carácter nacional que enarbola demandas de los diferentes sectores del país, que ve en el Socialismo una alternativa económica, política y social; además de mantener la presentación de los detenidos desaparecidos como una exigencia nacional ante el crecimiento exponencial de este crimen tan atroz. Por lo tanto, la detención de Armando y Javier no se tratan de hechos aislados, sino de un proceder represivo profacista para coartar las libertades políticas conquistadas por el pueblo mexicano durante décadas de lucha.

El proceder criminal del Estado, se evidencia en ambos casos con la participación en la detención de elementos del Estado vestidos de civil. Por un lado se fortalecen los cuerpos policíacos militares, pero a la hora de proceder en contra de luchadores sociales quienes ejecutan las órdenes represivas no se les identifica con ninguna insignia ¿qué responsabilidad quiere eludir el Estado?

Inclusive el pasado 25 de septiembre en la colonia popular Ricardo Flores Magón, previo a la detención de Armando, hubo una numerosa presencia de agentes vestidos de civil y automóviles no institucionales para hacer llegar las amenazas de desalojo y detención, así como tratar de intimidar con la existencia de 125 carpetas de investigación incriminatorias en contra de nuestra organización.

A ambos compañeros, Armando y Javier, los torturaron física y psicológicamente, método de carácter fascista aplicado para intentar que las víctimas desistan de su lucha, sus ideales y obtener información de su actividad política. Aún con muestras claras de tortura y de que el acceso a la salud es un derecho humano, incluso dentro de una institución penitenciaria se les niega la atención médica adecuada, lo que devela el encono con el que proceden las autoridades.

Hace 8 meses Andrés Manuel López Obrador declaró que “el objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, que no se fabriquen delitos a opositores”. Afirmación que se contradice con los hechos que se viven en el estado de Chiapas. En dicha entidad, tan sólo en lo que va de la administración morenista, suman más de 190 personas encarceladas de manera arbitraria e injusta.

El encarcelamiento de activistas políticos, la Ley Garrote y el cometido de los crímenes de lesa humanidad en la presente administración tienen la misma esencia, intentar quitar toda oposición a los proyectos de interés para la burguesía nacional y transnacional.

En una fecha tan emblemática como hoy, a 51 años de la masacre de Tlatelolco, los diferentes niveles de gobierno condenan y reconocen los crímenes del pasado pero hay un mutis ante las violaciones a los derechos humanos que se comenten en el presente y que pesan de manera directa sobre su sexenio. ¿Por qué no enjuiciar a los criminales ahora que el pueblo los denuncia, como el caso del fiscal torturador Jorge Luis Llaven Abarca? ¿Por qué no volcar las estructuras del Estado para investigar y castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad como tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial? Porque hacerlo sería contradecir la esencia del Estado burgués que lo conforma y estructura.

La exigencia sigue siendo la misma: ¡JUSTICIA! ¡Justicia para las víctimas de ayer y hoy! La conciencia histórica nos ayuda a aprehender los atropellos del pasado y nos impulsa a luchar hoy por la defensa de las libertades políticas para las generaciones futuras. Porque las condiciones paupérrimas de existencia justifican las acciones políticas de masas y la persistencia de las organizaciones populares e independientes, no renunciaremos a nuestros derechos. Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de la integridad física, psicológica y moral de Armando Hernández Sánchez y Javier González Díaz, de los compañeros y personas solidarias que participen en la Gira Nacional contra la represión y el terrorismo de Estado que dio inicio el día de ayer, así como de cualquier integrante del FNLS.

¡Alto a la criminalización de la protesta popular!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Por la unidad, obrero, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

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