El rostro represivo y criminal de la denominada “Cuarta transformación” en Chiapas

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Ciudad de México a 29 de septiembre de 2019

A la opinión pública

La detención arbitraria de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez expresa con toda lucidez el rostro represivo de quien afanosamente denomina “Cuarta Transformación” en la entidad chiapaneca. La esencia criminal está manifiesta en la simulación en el supuesto interés para establecer mesas de trabajo, cuando la verdadera motivación es acrecentar la lista de presos y crímenes para intentar hacernos desistir de la lucha por la defensa de la tierra y el socialismo en México.

No nos equivocamos al afirmar que la entidad se encuentra gobernada por criminales de viejo cuño, quienes labraron su carrera política con el cometido de múltiples crímenes, y no sentirán saciada su sed represiva hasta llenar las cárceles en la entidad con luchadores sociales, activistas políticos y defensores de los derechos humanos. Rutilio Escandón Cadenas, Ismael Brito Mazariegos y Jorge Luis Llaven Abarca constituyen la triada criminal responsable del clima represivo por el que atraviesa el sureste mexicano.

La inteligencia del pueblo no puede ser ofendida, en la existencia material es donde se manifiestan los cambios de los que tanto se hace alarde en la vocería oficial, sin embargo, en los hechos se observa un ambiente de criminalización de la pobreza y protesta popular, linchamiento mediático y la insistente negación de las razones políticas que conducen a la movilización de las masas trabajadoras.

La continuidad de la política represiva se mantiene con muy pocas variaciones, de manera tangencial se eluden las causas que conducen a las organizaciones populares a tomar la calle como tribuna de denuncia, a la acción política de masas como instrumento metodológico para denunciar los atropellos, empero, la voz oficial utiliza cada espacio público para negar que existan razones socioeconómicas para la organización y lucha popular, de forma cuasi mágica siguiere que la pobreza fue erradicada.

La promesa de cero corrupción e impunidad es una frase huera y sin sentido, porque EN CHIAPAS GOBIERNAN UNA TERCIA DE SUJETOS CRIMINALES con un negro historial sin que la autoridad federal haga algo para combatirlo. El silencio no es de desaprobación, en el fondo, TANTO GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTÁN DE PLÁCEMES ante el intento de sofocar una voz popular que ejerce crítica política al régimen.

¿Cuál va ser su opinión ahora señores del gobierno federal? Ustedes que insistían en que asistiéramos a reuniones con el gobierno chiapaneco. ¿Aún les queda duda de la vocación represiva de sus compañeros de militancia política en su largo historial criminal? ¿Cómo interpretan esos hechos Lic. Antonio Rodríguez, Lic. David Fonseca, o usted Lic. Félix Santana? ¿Cuántos detenidos de manera arbitraria u otro tipo de crímenes van a ejecutar para sentir saciada su vocación profascista?

Reunión tras reunión en las cuales con mucha insistencia pedían que estos problemas fuesen regresados a la entidad para ser tratados en el lugar que corresponden, pero cómo tratar asuntos de índole político con un gobierno que está empecinado en una cacería de compañeros para cumplir su máximo propósito “alguien se debe responsabilizar del clima de inestabilidad en Chiapas”.

Una máxima de esta naturaleza únicamente puede ser fraguada en la mente de un sujeto criminal, quien en varias entrevistas enunció que el problema de Chiapas son las “organizaciones sociales”. Ya no se trata de ver al rezago que existe en toda la región chiapaneca, ni de observar las carencias humanas que se traducen en condiciones paupérrimas de existencia; el único propósito del Fiscal General del Estado es acabar con el pueblo organizado.

El pueblo no es responsable de que lo repriman, de que la mente criminal de quienes gobiernan maquinen respuestas represivas ante cada exigencia social. Se equivoca quien supone que existen organizaciones que se portan bien y las que obran mal, tal elucubración absurda supone que la movilización es un asunto de ociosidad, ese maniqueísmo les impide ver que no es contra el pueblo organizado hacia donde deben enfilar todo el arsenal represivo.

Las razones para que el pueblo se movilice no son un asunto moral, no se trata de cuán bien o mal portadas sean las masas trabajadoras, son motivaciones sociopolíticas que llaman a las organizaciones populares a retomar las calles a la protesta mediante acciones políticas de masas, la existencia de la pobreza, la miseria, la represión y el cometido de crímenes de lesa humanidad son razones que mantendrán la protesta como una forma metodológica de lucha.

Existe una enorme contradicción entre lo que se afirma en la vocería oficial y lo que se materializa en los hechos, mientras por un lado promueven iniciativas de ley para liberar a quienes no tuvieron un proceso judicial justo, por el otro se mantiene presos a luchadores sociales con carpetas de investigación plagadas de inconsistencias, tal es el caso de nuestro compañero Javier González Díaz.

Ahora nuestro compañero Armando se suma a la lista de presos de la denominada “cuarta transformación”, por lo menos en la entidad chiapaneca esta es la realidad que padecen las masas trabajadoras, en tanto, el gobierno federal guarda un silencio que aún no es aclarado si es de acuerdo mutuo o desaprobación.

Lo cierto es que en política no hay neutralidad, se está o no de acuerdo con el ambiente represivo que vive el estado de Chiapas, se aprueba o no la política gubernamental que ya suma varias decenas de presos políticos, más de cinco millares desplazados e incontables víctimas indirectas de la represión sistemática.

No hay casualidad en el incremento de la violencia institucional en el sureste mexicano, en esta región del país se encuentra centrado el plan de desarrollo para incentivar el “crecimiento económico” nacional, sin embargo, ¿de qué crecimiento se puede hablar cuando está fincado en la existencia de presos políticos, crímenes de lesa humanidad y la represión generalizada?

Nuestros compañeros Javier y Armando son presos políticos de este gobierno, el estatal por comisión y el federal por lo menos por omisión y aquiescencia. Ambos son responsables de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos injustamente en las mazmorras del Estado.

Si la represión se mantiene a la orden del día, no hay razón para dejar de ejercer la crítica política, de denunciar el discurso hipócrita y doble moral de quienes gobiernan, de subrayar que el país se encuentra en condiciones de mayor sometimiento económico y político hacia el imperialismo norteamericano, en suma, mientras las condiciones de existencia sean de explotación y opresión capitalistas.

Atentamente

¡Libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia en el país!

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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