La atención diferenciada de los casos de desaparición forzada evidencia la perversión del Ejecutivo para aquilatar la magnitud del terrorismo de Estado

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Ciudad de México a 27 de septiembre de 2019

A la opinión pública

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad sistemático, generalizado y transexenal que no prescribe, de ahí su carácter continuo. Al ser una grave violación a los derechos humanos el Estado mexicano está obligado a dar a conocer la VERDAD y hacer que la JUSTICIA llegue a cientos de miles de hogares proletarios que han sido lacerados por esta política criminal en toda la geografía mexicana.

Es un crimen cometido por agentes del Estado o por particulares que actúan con la aquiescencia de éste, de tal manera que es obligación del gobierno mexicano garantizar una investigación pronta y expedita para todos los casos documentados que existen en nuestro país, garantizar el debido proceso, dar con el paradero de las víctimas, conocer las motivaciones políticas que orillaron a los agentes cometer un crimen de tal magnitud, enjuiciar y castigar a los perpetradores.

Los mecanismos para la erradicación del cometido de este flagelo cruzan inexorablemente con la atención correspondiente a la magnitud del flagelo. El uso faccioso de la denodada atención que brindan para un caso en particular, aunque pareciera que es una actitud que ningún otro gobierno realizó, en los hechos significa sepultar en el anonimato la enorme lista del terror que causó el cometido de crímenes de lesa humanidad a lo largo de tres sexenios.

México forma parte de diferentes tratados internacionales para procurar los derechos humanos, no obstante, el cometido de crímenes que lesionan a la humanidad se convirtió en una constante cuya magnitud sigue sin ser cuantificada, por lo tanto, la respuesta a la exigencia de justicia por parte de los familiares de las víctimas pasa por identificar al fenómeno en toda su complejidad.

Es absurdo que el Ejecutivo federal ofrezca recompensas a quién dé información sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con ello sólo elude su responsabilidad como representante del Estado mexicano ante crímenes de tal envergadura. No le corresponde al pueblo realizar labores de Fiscales, trabajos que son exclusivamente de competencia institucional.

Política utilizada en administraciones anteriores donde publicaban anuncios en periódicos o semanarios de la PGR hoy FGR, para ofrecer recompensas a quien ofrezca información sobre el paradero de las víctimas, en los hechos es la continuidad de esta práctica institucional sólo que matizada para hacerlo ver como una administración diferente.

La falta de atención a los demás casos de desaparición forzada es constante por parte de funcionarios e instituciones encargadas de darles seguimiento. Lo cierto es que a la fecha no hay indicaciones claras para determinar los planes y lineamientos establecidos para hacer que la JUSTICIA llegue a todos los hogares que hoy se encuentran organizados para exigir la presentación con vida de su ser querido.

Mientras en unos casos imprime todo lo necesario para dar con el paradero de las víctimas para otros el olvido, la dilación, el desgaste y el burocratismo son las respuestas a los familiares quienes se enfrentan con el muro de la indolencia cuando acuden a las instituciones para exigir avances de la investigación jurídica del caso o ver qué respuesta tiene el gobierno mexicano respecto a su demanda.

Política de gobierno que persiste por décadas y sexenios en el país, donde funcionarios y agentes asumen esa actitud indolente con los familiares de las víctimas y con las organizaciones populares solidarias con la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos.

El diálogo es una prioridad del gobierno federal, así lo ha manifestado el gobierno federal ante diversos medios de comunicación, no obstante, cuando éste se torna represivo e impositivo deja su esencia política, mientras no resuelva las demandas y exigencia populares pierde sentido verbalizarlas ante funcionarios e instituciones porque sólo dilatan los procesos y no resuelven la esencia del fenómeno.

Un caso concreto que ejemplifica esa política gubernamental es el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del PDPR, detenidos desaparecidos por agentes del Estado mexicano en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca el 25 de mayo de 2007.

Grave violación a los derechos humanos que tienen avances sustanciales en materia jurídica, pues un tribunal federal emite sentencia de una demanda de amparo, la 942/2013-2, donde tipifica como un delito grave su desaparición forzada y señala a agentes policíacos y militares como responsables, hecho que evidencia el móvil represivo de los cuerpos represivos para imponer a sangre y fuego el terrorismo de Estado y la violencia desenfrenada.

Caso en particular con el cual nos solidarizamos y presentado ante instituciones como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en algunas con la presencia de su titular, el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez y su subalterno, el Lic. Félix Santana Ángeles, a quienes se les ha presentado la documentación respecto al caso y los avances político, jurídico y de derechos humanos, no obstante, a la fecha se ha observado dilación, desgaste, indolencia y burocratismo.

El pasado 28 de agosto del año en curso, en una reunión con el Lic. Félix Santana, donde pidió un plazo de diez días para presentar propuestas sobre la búsqueda o localización de los dos revolucionarios, así como gestionar una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda para diseñar la estrategia, compromiso que a la fecha no se materializa.

Se les ha entregado la documentación necesaria para que tomen acciones conforme a los establecido en sus propios tribunales federales, no obstante, ni siquiera son capaces de aplicar su propio marco jurídico. Los funcionarios conocen la resolución judicial 29/2014, la recomendación de la CNDH 7/2009, la sentencia 942/2013-2, materiales de publicación sobre el caso de Gabriel y Edmundo, de los cuales no han leído. Han transcurrido más de 20 días del plazo solicitado, sin que se tenga una propuesta y mucho menos una respuesta del Lic. Félix.

Por eso señalamos con justa razón, la actitud indolente de estos funcionarios, quienes se resisten a acatar la resolución judicial de ese caso. Persisten la negativa, falta de respeto y compromiso con los familiares de las víctimas por parte de los funcionarios antes mencionados.

El Gobierno Federal han reiterado que no se escatimarán esfuerzos para realizar la búsqueda de los detenidos desaparecidos, por lo tanto, exigimos se tomen las medidas necesarias para realizar a la brevedad una propuesta de Plan de búsqueda y una reunión con la Comisión Nacional para avanzar en pasos concretos en la Búsqueda de nuestros familiares. Así como continuar en el avance del cumplimiento a cabalidad de la Sentencia Judicial emitida en mayo de este año.

En fechas emblemáticas, el gobierno mexicano intenta abanderar la lucha del pueblo, ofrece información respecto a los avances que tiene sobre los casos, pero no se observan hechos concretos que detengan esta práctica fascista, mucho menos una actitud seria de funcionarios e instituciones encargadas de “impartir la justicia” en nuestro país.

Pareciera más pose que algo concreto, la presentación con vida de los detenidos desaparecidos es una obligación del gobierno mexicano acatar tal derecho de las víctimas directas e indirectas, quienes se mantienen en el limbo de la INJUSTICIA y de la IMPUNIDAD, porque los verdugos aún permanecen en las estructuras del Estado mexicano. Mientras la justicia se encuentre extraviada, existirán miles de razones para luchar por nuestros derechos y libertades políticas.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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