Es una decisión de Estado el injusto hecho de mantener como preso político a nuestro compañero Javier González Díaz

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Heroica Puebla de Zaragoza a 13 de septiembre de 2019

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares
Al pueblo en general

El injusto hecho de mantener como preso político a nuestro compañero Javier González Díaz, es una decisión de Estado que se articula con: 1) la operación represiva política-jurídica contra nuestros compañeros de Chiapas por parte de la administración de Rutilio Escandón Cadenas; y 2) la colaboración soterrada de funcionarios de todos los niveles de la administración federal, que fingen ser distintos.

Si no, cómo explicar que la sureña entidad está convertida en un coliseo romano por el criminal Escandón Cadenas y sus corifeos, y el gobierno de la “Cuarta Transformación” presidido por Andrés Manuel López Obrador, no hace ni el mínimo llamado, al menos por humanidad, que cese la represión contra el pueblo organizado; o éste último no tiene autoridad hacia su compañero de partido, o coincide en la forma de gobernar de Escandón Cadenas y darle solución a las demandas del pueblo.

Existen coincidencias de la administración federal y estatal, ambas comparten coartar el derecho a la expresión ideas, asociación y manifestación pública; atentan con diferentes formas y recursos contra el libre ejercicio a la organización independiente; administran y procuran la justicia con una posición de clase, es decir, protegen a la burguesía y castigan con crueldad al pueblo organizado.

El gobernador, por motivos políticos, persigue, despoja, detiene, tortura, arma aberrantes expedientes incriminatorios, encarcela de forma injustificada, ejecuta extrajudicialmente; mientras que el presidente de la República, como su otrora archi-opositor el inombrable, ni ve, ni escucha, de forma premeditada las exigencias del pueblo organizado que nos encontramos en protesta; en la acera de su temporal vivienda, como él lo hiciera en Reforma; tanto la administración federal y estatal son las caras de una misma moneda.

Es por esta coordinación de facto que desde el poder judicial local, es posible prefabricar procesos judiciales para encarcelar a inocentes, cuya causa de fondo es su militancia política, como es la condición actual de nuestro compañero Javier, quién a mas de cincuenta días se mantiene como rehén político del Estado mexicano. Anticonstitucional medida mediante la cual pretende condicionar nuestro derecho humano y constitucional a la organización independiente y a la forma de lucha que desarrollamos como lo muestran las atípicas actuaciones de tiempo y forma, así como, las premeditadas irregularidades al debido proceso judicial de la Fiscalía chiapaneca y sus personeros.

A la par que discursivamente funcionarios a nivel federal afirman que la Carpeta de Investigación se encuentra plagada de irregularidades y conceden la razón de que Javier no tendría que estar detenido, se presentan los siguientes acontecimientos:

a) Posterior a la audiencia de vinculación al proceso, se promovió un amparo el día 27 de julio de 2019 por la privación ilegal de la libertad, detención arbitraria y tortura así como otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de fue objeto Javier González Díaz, no obstante, se ha recurrido a diferir audiencias constitucionales, en dos ocasiones, ante la falta de rendición del informe por parte de la comandancia de policía de Seguridad Municipal de Las Rosas y del encargado de la Comandancia Región Altos de Policía Especializada de San Cristóbal de Las Casas; aplazando la posibilidad de concederlo, faltando en esencia al objeto del recurso de amparo que es garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de manera inmediata.

b) A más de cincuenta días de la detención arbitraria de nuestro compañero Javier González Díaz, de forma “repentina” cual acto de iluminación, el Juez Federal solicita al Juez de control los avances en la investigación respecto a la existencia de tortura en la detención de Javier.

c) Desde el 22 de agosto, fecha que venció el término para que la Fiscalía recabara los datos de prueba como parte de la investigación complementaria, el Juez de control, sigue sin resolver la solicitud de prórroga por parte de la Fiscalía, lo que ha implicado de facto que se le otorgue dicho plazo de manera extrajudicial y sin dar oportunidad a la defensa de controvertir la idoneidad del tiempo solicitado. Ya que en los hechos se traduce como el pretexto idóneo para mantener en prisión, de manera injustificada, al compañero Javier.

d) Desde el diecinueve de julio del año en curso, fecha en que Javier denunció al Juez de control los actos de tortura de los cuales fue víctima, hasta la fecha, no se han realizado las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades, y lo que es peor, no se ha atendido de manera adecuada su salud del compañero, quien presenta secuelas de los golpes y tratos de los que fue víctima, y que le han ocasionado pérdida de visión y de audición, entre otras consecuencias que de no ser atendidas de manera oportuna el daño será irreversible; a pesar que se ha presentado la queja correspondiente ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, respectivamente, la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada y la solicitud directa al Juez de control para que se garantice atención médica a Javier.

La única valoración médica que se ha realizado de manera “oficial” al compañero, es el dictamen del médico legista al momento de ser puesto a disposición, esto como mero protocolo, en el que además se establece de manera dolosa y sin ética profesional alguna, que tardan en sanar menos de quince días, cuando la realidad de su condición física revelan lo contrario.

Lo anterior hace evidente, no solo la notoria violación de derechos humanos e incumplimiento de tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sino además la aprobación que el gobierno federal deja pasar de forma consciente la práctica del dolo, negligencia, indolencia, corrupción, dejando en la impunidad al procesado, nefasta práctica que es parte inherente del Estado de derecho burgués.

El proceso de cual es víctima nuestro compañero Javier, no es más que una farsa leguleya, que se justifica a sí misma al evidenciar que la corrupción es causa de todos los males, pero en realidad es un mal menor con respecto al cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado que se perpetran desde la institucionalidad. Corrupción que con la llegada de la “Cuarta Transformación”, se extinguiría, no obstante, combatir los efectos es sólo una simulación. Lo que no se hace con toda intención, es combatir sus causas en este caso concreto, como un ejemplo más de la realidad actual que se vive en nuestro país. Todo indica que este galimatias jurídico es producto de una consensuada elaboración sureña, entre las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas.

Estamos conscientes y determinados a continuar la lucha política y jurídica hasta alcanzar la libertad incondicional de nuestro compañero Javier González Díaz, al mismo tiempo, se mantendrá la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, que incluye a nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, y los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; por el juicio y castigo a los criminales de Estado, asi como también, seguirá la demanda combativa de cumplimiento de nuestras demandas inmediatas y sectoriales; y las actividades propias de nuestro FNLS.

La libertad, lucha y el FNLS está en cada uno de nosotros lo militantes, como la conjugación del esfuerzo personal y colectivo, donde quiera que nos encontremos, sin importar que tan adversa sea la condición.

Fraternal y Combativamente

¡Libertad inmediata e incondicional a Javier González Díaz!
¡Alto a la criminalización de la protesta y lucha popular!
¡Por la unidad, obrero, campesino, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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